Con una puntualidad británica ha comenzado esta mañana el pleno extraordinario en el que la oposición de Tomares -PSOE, PA e IU- solicitaba al alcalde, José Luis Sanz, la explicación "a principios de octubre" de la Policía Judicial en el Consistorio.
Sanz rompía el hielo con una absoluta tranquilidad leyendo el número de diligencias remitidas por la Policía Judicial y por la Fiscalía, “sin referirse, en ningún momento, a qué se ha llevado la Policía Judicial o qué le han requerido que entregue en los Juzgados” tal y como le ha reprochado el concejal portavoz del Grupo Andalucista, Alberto Mercado.
En la misma línea que Mercado se han pronunciado Valme Sánchez, concejal de IU-CA y Cristina Pérez, portavoz socialista, quienes han mostrado su disconformidad por el comportamiento “oculto, hermético y poco transparente que tiene el primer edil con los vecinos de Tomares” y que se encuentra “muy lejos de la actitud que predica en otros ámbitos”.
El ambiente se iba calentando conforme avanzaba la mañana y las explicaciones no llegaban. Ante esta situación, Alberto Mercado volvía a tomar la palabra para exigir “el cese de inmediato a los concejales bajo sospecha del Ayuntamiento, dado que la Fiscalía les imputa la comisión de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos”. También pedía la dimisión de José Luis Sanz "como alcalde, por ser cómplice necesario”.
Las palabras de Sanz se esperaban como agua de mayo. “Es cierto que la Policía Judicial vino una sola vez al Ayuntamiento, y fue para notificar un requerimiento de información, del mismo modo que la Policía Local hace a diario notificaciones en domicilios particulares o notifica a los propios concejales la celebración de un pleno”, señalaba el primer edil, al mismo tiempo que indicaba que las denuncias ante la fiscalía “se deben a un comportamiento de políticos mediocres que intentan ganar en los tribunales lo que no pueden ganar con los votos”.
Sin lugar a réplicas, la sesión plenaria ha puesto punto final con la intervención de Sanz: “El Ayuntamiento de Tomares no tiene nada que ocultar sobre la gestión llevada a cabo durante los últimos seis años por su equipo de Gobierno ya que todo se ha hecho atendiendo a la más estricta legalidad, siguiendo todos los controles que marca la ley y contando en todo momento con la supervisión y el visto bueno de los funcionarios públicos”.
Sanz rompía el hielo con una absoluta tranquilidad leyendo el número de diligencias remitidas por la Policía Judicial y por la Fiscalía, “sin referirse, en ningún momento, a qué se ha llevado la Policía Judicial o qué le han requerido que entregue en los Juzgados” tal y como le ha reprochado el concejal portavoz del Grupo Andalucista, Alberto Mercado.
En la misma línea que Mercado se han pronunciado Valme Sánchez, concejal de IU-CA y Cristina Pérez, portavoz socialista, quienes han mostrado su disconformidad por el comportamiento “oculto, hermético y poco transparente que tiene el primer edil con los vecinos de Tomares” y que se encuentra “muy lejos de la actitud que predica en otros ámbitos”.
El ambiente se iba calentando conforme avanzaba la mañana y las explicaciones no llegaban. Ante esta situación, Alberto Mercado volvía a tomar la palabra para exigir “el cese de inmediato a los concejales bajo sospecha del Ayuntamiento, dado que la Fiscalía les imputa la comisión de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos”. También pedía la dimisión de José Luis Sanz "como alcalde, por ser cómplice necesario”.
Las palabras de Sanz se esperaban como agua de mayo. “Es cierto que la Policía Judicial vino una sola vez al Ayuntamiento, y fue para notificar un requerimiento de información, del mismo modo que la Policía Local hace a diario notificaciones en domicilios particulares o notifica a los propios concejales la celebración de un pleno”, señalaba el primer edil, al mismo tiempo que indicaba que las denuncias ante la fiscalía “se deben a un comportamiento de políticos mediocres que intentan ganar en los tribunales lo que no pueden ganar con los votos”.
Sin lugar a réplicas, la sesión plenaria ha puesto punto final con la intervención de Sanz: “El Ayuntamiento de Tomares no tiene nada que ocultar sobre la gestión llevada a cabo durante los últimos seis años por su equipo de Gobierno ya que todo se ha hecho atendiendo a la más estricta legalidad, siguiendo todos los controles que marca la ley y contando en todo momento con la supervisión y el visto bueno de los funcionarios públicos”.
MARÍA JOSÉ UFARTE / REDACCIÓN
