La juez de Instrucción número 8 de Sevilla, que investiga el caso de los informes de una frase por los que el Ayuntamiento de Tomares pagó durante dos años más de 2.000 euros al mes, ha decidido remitir al Tribunal Supremo la causa ante el aforamiento del alcalde, José Luis Sanz (PP), según han confirmado fuentes del caso.
Las mismas fuentes han explicado que la magistrada que investiga el caso y en la que están imputados cuatro concejales del PP en la localidad, ha decidido enviar al Supremo las actuaciones por si en el futuro se desprende que pudiera haber indicios de la participación del alcalde José Luis Sanz, que es senador del PP.
En marzo pasado declaró en el juzgado la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tomares Pilar Domínguez (PP), que negó ante la juez cualquier relación con las contrataciones bajo sospecha y aseguró que firmó las facturas tras recibir las indicaciones de un jefe de servicio que había en su Concejalía y que falleció en el año 2012.
La concejal, cuarta imputada en la causa, dijo que su departamento no tiene nada que ver con estas contrataciones, puesto que se trataba de contratos vinculados al Plan E del Gobierno y le "venían dados" dichos contratos.
Pilar Domínguez aseguró que este jefe de servicio era el encargado de tratar directamente con Juan Campos, ahora concejal de Medio Ambiente y que cobró el dinero durante el pasado mandato, después de ir en las listas del PP y no salir elegido.
La concejal de Urbanismo precisó que ella no trataba directamente con Juan Campos, y que era el jefe de servicio fallecido quien supervisaba y hacía el seguimiento del trabajo de esta persona.
Pilar Domínguez insistió en que el Ayuntamiento había recibido muchas quejas de los vecinos por el estado de las obras y mediante la labor de Campos se podía conocer las incidencias, precisaron fuentes del caso, que añadieron que la concejal se limitó a firmar por ser la titular de la concejalía pero no comprobaba que los trabajos se hubieran hecho porque correspondían al Plan E.
Junto a Domínguez están imputados en la causa el propio Juan Campos; Mercedes Fuentes, la edil de Cultura que ocupó la Concejalía de Medio Ambiente con anterioridad; y Eloy Carmona, edil de Presidencia, portavoz del PP en la Diputación y número dos del partido en Sevilla.
En el juzgado declaró también como imputado el vicesecretario interventor del Consistorio, Alfonso Barrios, que avaló el contrato que el alcalde, José Luis Sanz, firmó en 2007 con Campos, y los pagos que se le hicieron. Junto a los responsables públicos, han declarado como testigos personal municipal y dos empresarios vinculados a la empresa Guerra 21, por la que Campos realizó con posterioridad trabajos para el Consistorio.
Estas declaraciones se producen después de que la Fiscalía apreciara indicios de prevaricación y malversación en los hechos que IU, primero, y el PA, denunciaron. La oposición no sólo duda de la legalidad del contrato firmado con Campos, sino de que de los trabajos por los que facturaba al Consistorio se realizaran. Consideran incluso que muchos de los informes con los que se justifican los pagos se realizaron a posteriori.
Las mismas fuentes han explicado que la magistrada que investiga el caso y en la que están imputados cuatro concejales del PP en la localidad, ha decidido enviar al Supremo las actuaciones por si en el futuro se desprende que pudiera haber indicios de la participación del alcalde José Luis Sanz, que es senador del PP.
En marzo pasado declaró en el juzgado la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tomares Pilar Domínguez (PP), que negó ante la juez cualquier relación con las contrataciones bajo sospecha y aseguró que firmó las facturas tras recibir las indicaciones de un jefe de servicio que había en su Concejalía y que falleció en el año 2012.
La concejal, cuarta imputada en la causa, dijo que su departamento no tiene nada que ver con estas contrataciones, puesto que se trataba de contratos vinculados al Plan E del Gobierno y le "venían dados" dichos contratos.
Pilar Domínguez aseguró que este jefe de servicio era el encargado de tratar directamente con Juan Campos, ahora concejal de Medio Ambiente y que cobró el dinero durante el pasado mandato, después de ir en las listas del PP y no salir elegido.
La concejal de Urbanismo precisó que ella no trataba directamente con Juan Campos, y que era el jefe de servicio fallecido quien supervisaba y hacía el seguimiento del trabajo de esta persona.
Pilar Domínguez insistió en que el Ayuntamiento había recibido muchas quejas de los vecinos por el estado de las obras y mediante la labor de Campos se podía conocer las incidencias, precisaron fuentes del caso, que añadieron que la concejal se limitó a firmar por ser la titular de la concejalía pero no comprobaba que los trabajos se hubieran hecho porque correspondían al Plan E.
Junto a Domínguez están imputados en la causa el propio Juan Campos; Mercedes Fuentes, la edil de Cultura que ocupó la Concejalía de Medio Ambiente con anterioridad; y Eloy Carmona, edil de Presidencia, portavoz del PP en la Diputación y número dos del partido en Sevilla.
En el juzgado declaró también como imputado el vicesecretario interventor del Consistorio, Alfonso Barrios, que avaló el contrato que el alcalde, José Luis Sanz, firmó en 2007 con Campos, y los pagos que se le hicieron. Junto a los responsables públicos, han declarado como testigos personal municipal y dos empresarios vinculados a la empresa Guerra 21, por la que Campos realizó con posterioridad trabajos para el Consistorio.
Estas declaraciones se producen después de que la Fiscalía apreciara indicios de prevaricación y malversación en los hechos que IU, primero, y el PA, denunciaron. La oposición no sólo duda de la legalidad del contrato firmado con Campos, sino de que de los trabajos por los que facturaba al Consistorio se realizaran. Consideran incluso que muchos de los informes con los que se justifican los pagos se realizaron a posteriori.
TOMARES DIGITAL / REDACCIÓN
