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Mostrando entradas con la etiqueta Liberalia [Enrique Bellido]. Mostrar todas las entradas
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martes, 15 de julio de 2014

  • 15.7.14
Reconozco no identificarme en todo su contenido con el proyecto programático de la formación Podemos, si bien comparto algunas de sus argumentaciones que, sin duda, podrían ser compartidas por el resto del electorado español. Sin embargo, no soy de aquellos que se rasgan las vestiduras por la fulgurante aparición en escena de este partido con Pablo Iglesias al frente. Y no lo soy por dos motivos fundamentales.

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El primero de ellos, porque a buenas horas vamos a descubrir la pólvora cuando ésta lleva corriendo por nuestra sociedad tantos años. Es nuestro sistema de partidos, nuestro actual sistema de representatividad política y social, auspiciado, no lo olvidemos, por todos nosotros con nuestro pasotismo o nuestra creencia ciega, y mucha veces indocumentada, en las siglas, el que ha dado a luz a movimientos como este, que no es sino la expresión en las urnas de más de un millón de españoles con derecho a voto que, en lugar de quedarse en sus casas silenciosamente, demuestran el rechazo que les produce la actual situación.

El segundo de los motivos, que frente al bipartidismo que defienden socialistas y populares –lógico en cierta medida porque entre ambos se reparten el poder, sin nadie que los matice-, que podría tener su razón de ser en la calidad ética de ambas fuerzas, las alternativas lógicas que representasen, el diálogo constructivo entre ambas, las transiciones no traumáticas entre las mismas, y el continuo contacto con la sociedad, nos encontramos con un bipartidismo en el que las dos fuerzas, PSOE y PP, has venido transgrediendo las normas éticas desde su fundación, con continuos casos de corrupción; han venido realizando un gobierno o una oposición centrados en no escuchar o destruir electoralmente al contrario; el consenso ha brillado por su ausencia –deberían aprender de Alemania con su gobierno de coalición-, el traspaso de poderes ha servido para revocar las leyes elaboradas por el predecesor en el cargo, y ambos se han enrocado en una ley de partidos y electoral que los aleja del pueblo, haciendo estallar por los aires la democracia interna con un uso vergonzoso del “dedazo” que favorece a las cúpulas frente a las bases.

Dos motivos más que suficientes para el nacimiento del descontento social y de canales políticos por el que expresarlo. No sé hasta dónde llegarán y qué recorrido tendrán, pero sí que se van a hacer oír y, en no sé qué medida –dependerá de la inteligencia de los dirigentes de PP y PSOE-, provocarán un reacción de cambio sustancial en los defensores del bipartidismo si no quieren seguir desangrandose en próximos comicios.

Aquello de acción / reacción se ha hecho patente una vez más y a la nefasta gestión de unos ha seguido la irrupción de otros que, esperemos, haga despertar las conciencias políticas y sociales de socialistas y populares.

ENRIQUE BELLIDO


martes, 1 de julio de 2014

  • 1.7.14
Pensaba no hacerlo, pero lo voy a hacer. No quiero que esta columna, que se ha ocupado de cosas tan diversas, no recoja al menos un comentario referido a la histórica abdicación del Rey Juan Carlos. Y no pensaba hacerlo porque sabía del bombardeo informativo que sobre este tema iba a llevarse a cabo y de la calidad de las plumas que de él se han ocupado, en muchos de los casos mucho más formadas que la mía a la hora de hacer un juicio histórico o político-social de los acontecimientos que se han producido.

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Nací en una dictadura y a los 27 años descubrí, con nuestra Constitución, la democracia. Una democracia que desde sus inicios pactó, como forma de Estado, una monarquía parlamentaria, que otorgaba todo el poder de decisión al pueblo, a través de sus representantes en las distintas instituciones, dejando para la Corona un papel de representación del Estado con muy limitados poderes.

Nunca me he considerado monárquico, pero tampoco nunca jamás me consideré republicano. Sin embargo, a medida que avanzaba nuestra democracia y se iba produciendo la estabilización de la misma, fui asumiendo como un hecho natural, respetado por nuestros principales partidos, la existencia al frente del Estado de un rey que cumplía con sus funciones mientras nuestras fuerzas políticas se dedicaban a gobernar –con mayor o menor acierto–.

Por ello que cuando tras 36 años de monarquía parlamentaria vuelvo la cabeza hacia atrás y valoro lo realizado y la paz social conseguida, gracias, fundamentalmente, al papel de nuestros partidos y de la sociedad en general, no encuentro motivos de fondo que justifiquen el debate oportunista ahora abierto sobre monarquía-república, estando cada vez más convencido de que se trata de una simple estrategia estética que busca, con ella, reforzar el protagonismo de un nuevo modelo de izquierda en España, ya desarrollado en otras latitudes y emparentado muy directamente con las formas autoritarias de gobierno.

Quienes pretenden reducir la decisión de mantener la monarquía o caer en manos de la república a un simple referéndum, se olvidan o, mejor dicho, no quieren ver, que la soberanía del pueblo reside en sus instituciones y, hoy por hoy, son ellas las poseedoras de un mandato constitucional, refrendado en noviembre del 2011, que establece nuestro sistema de Estado como actualmente lo conocemos.

Se ha argumentado que el mapa político español ha cambiado radicalmente con las últimas elecciones europeas. Argumento absolutamente falaz. Ni el marco era el mismo, ni la percepción del valor de Europa o España es la misma por parte del elector, ni tan siquiera la ley electoral se aplica de igual forma, motivo por el que gran parte de esta nueva izquierda carecería de relevancia parlamentaria como para tan siquiera afrontar con cierta lógica la propuesta que ahora hace en las calles.

Es por ello que frente a esta corriente rupturista se debe mantener la tranquilidad, no abriendo los debates estériles que unos pocos, muy pocos, pretenden y alimentan, manteniéndonos en la senda constitucional que tantos beneficios nos ha dado.

Saben que con el actual reparto de fuerzas políticas existente en España es imposible que prospere un cambio de forma de Estado, por lo que intentan, con la agitación social, que se produzcan las condiciones para el enfrentamiento a la búsqueda de imponer el que dicen defender.

Se ha magnificado y se sigue haciendo –Luis María Ansón caía el otro día en ello– la figura de quien hace de la utopía la mejor vía para manipular la voluntad del pueblo, en unos momentos en los que el propio pueblo sufre las condiciones de la recesión económica y muestra una mayor debilidad ante el filibusterismo de algunos.

ENRIQUE BELLIDO

jueves, 6 de marzo de 2014

  • 6.3.14
Lo ha dicho él: quiere que se le llame Juanma, como siempre ha sido conocido en su círculo de amigos y compañeros de partido. Y todos, o la inmensa mayoría de los participantes en el congreso regional celebrado en Sevilla, han estado con Juan Manuel Moreno Bonilla a la hora de apoyar su candidatura a la presidencia del PP-A y, con ello, a presidir el Gobierno de la Junta de Andalucía.

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Atrás han quedado días de zozobra interna, de conciliábulos de mesa camilla, de estrategias y escaramuzas, hasta que llegó a imponerse el nombre de Juanma como recambio a una situación que venía haciéndose insostenible, con un partido desaparecido en batalla mientras en el PSOE alzaba cada vez más el vuelo Susana Díaz.

¿Qué han fallado las formas? Eso es evidente. No aporta ningún elemento de credibilidad a nuestro sistema democrático y representativo la inversión de la pirámide del poder, emanando este desde la cúpula hacia las bases, como ya sucediera con la elección de Díaz en las filas socialistas.

Ocurre que –lo siento por quienes se molesten- nuestros principales partidos cuentan con una militancia contemplativa, absorta en las siglas y en el poder ideológico del sentido derecha-izquierda, escasamente crítica y, por tanto, y eso lo saben muy bien quienes dirigen las formaciones políticas, fácilmente manipulable.

Pero es que no sólo han fallado las formas, también lo ha hecho el fondo. Y con ello me refiero al tan manido recambio generacional que los popes de la estrategia electoral suelen cifrar exclusivamente en la edad y en algunos rasgos populistas, cuando en un sistema democrático serio, bien estructurado y con peso específico habría que establecer en términos de valía intelectual, solidez formativa, integridad ética y demostradas convicciones democráticas, aspectos, todos ellos, que en mayor o menor medida no se han tenido todo lo en cuenta que se debiera en las filas populares y socialistas.

En cualquier caso la realidad es la que es y quienes diseñaron ambas estrategias sabían muy bien que íbamos a llegar, unos y otros, a este punto en el que se silenciaría la contestación interna –la elaboración de candidaturas silencia todo- y en el que la calle iría enmudeciendo poco a poco hasta aceptar como normal lo sucedido, como así está ocurriendo si leemos los contenidos de prensa de los medios, más atentos a narrar el hoy que a pretender crear conciencia social, como además así les demanda la sociedad.

Y situados en esa realidad, admitiendo el punto de no retorno, no cabe sino mirar al futuro intentando redondear aristas y obtener de aquello con lo que contamos los mayores beneficios posibles para la sociedad, eso sí, sin abandonarnos en brazos de la complacencia que anula la capacidad de crítica y, con ello, de mejora.

Por ello que viviendo como lo hacemos en una comunidad que según Eurostat, la oficina estadística europea, pierde año tras año convergencia con Europa, distanciándonos no ya de las más desarrolladas sino de la media europea, estando muy por debajo de ésta y de la media española, y que a la vez soporta los mayores índices de desempleo y los más bajos en educación, sólo cabe unificar esfuerzos a fin de que los cambios no sean ya en las estructuras de los partidos sino en el Gobierno de Andalucía, propiciando una alternativa al socialismo/comunismo que en los últimos años viene aplicando sus políticas erráticas y erróneas.

De ahí que además de que todos los compromisarios del PP-A hayan estado con Juanma, creo que es el momento de que toda la sociedad andaluza que defiende ideas liberales, sociales y de progreso se sume al primer cambio, después de treinta años, de Gobierno en la Junta, para superar el inmovilismo actual y caminar decididamente hacia la convergencia europea y nuestra integración plena en el desarrollo de España.

Juan Manuel Moreno, al fin y a la postre, no va a ser sino quien lidere ese empeño. Lo realmente importante estará en el contenido del mismo.

ENRIQUE BELLIDO

martes, 25 de febrero de 2014

  • 25.2.14
Que los inmigrantes subsaharianos que acosan la frontera española por Ceuta y Melilla no lo hacen pacíficamente, pidiendo permiso para entrar, resulta evidente. Es más, una acción ilegal no se afronta con mecanismos legales.

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Que si este acoso se realiza a nado, como sucedió recientemente en la playa del Tarajal, con grave riesgo de ahogamiento para los asaltantes, dado que muchos de ellos apenas saben nadar, no queda más remedio que prestarles auxilio, embarcarlos y, de ser posible, devolverlos en la embarcación a la playa de origen, parece lo más razonable.

Nunca, al menos el simple respeto a los derechos humanos así lo debe entender, intentar disuadirlos de su acción disparándoles pelotas de goma que agravarían las posibilidades de pérdidas humanas.

Después de lo leído, porque no visto, no tenemos claro qué sucedió aquella madrugada del 6 de febrero, dadas las contrapuestas declaraciones de unos y otros y la ausencia, hasta ahora, de imágenes sin editar que pudieran confirmar el uso por parte de la Guardia Civil española del material que los inmigrantes denuncian.

Me cuesta creer que los miembros del instituto armado procediesen a disuadir a los nadadores con similar munición, conocedores, como lo deben ser, de la cualidad de quienes se encontraban en el mar y del pánico sobreañadido que cualquier tipo de detonación puede generar en personas con una movilidad muy limitada.

Por ello que sea importante que se aclaren de una vez por todas los hechos y se llegue a descubrir si la afectada declaración del secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, preguntándose quién dio la orden de disparar y quién la de mentir, obedece a un gravísimo error en algún nivel de la cadena de mando o, simplemente, a una sucia estrategia electoralista en la que pudieran utilizarse los muertos como urnas.

Si fuese lo primero, está claro que habría que depurar responsabilidades, penales y políticas, con carácter inmediato, en el nivel que fuese preciso, a fin de evitar que sucesos como este pudieran volver a repetirse.

En caso contrario, si las insinuaciones que desde el PSOE se han venido haciendo fuesen falsas, caiga sobre sus responsables, también con carácter inmediato, las responsabilidades legales y también políticas que hubieran de derivarse, de forma que el país quede algo más limpio de esa casta de políticos capaces de todo y a costa de lo que sea.

Queda sin resolver, en cualquier caso, no sólo la vida de quienes la han perdido, sino el problema de fondo que existe entre las fronteras de Europa y el Tercer Mundo, que ni la UE se ha mostrado capaz de solucionar, ni lo hizo en su momento el PSOE –no olvidemos que la instalación de las famosas concertinas en el perímetro de Melilla fue obra de Rodríguez Zapatero, incapaz de frenar las avalanchas de inmigrantes-, ni tampoco parece que esté en manos del PP lograrlo.

Permeabilizar la frontera produciría un efecto llamada que nuestro país no puede sostener, mucho menos aún en la actual situación económica. Marruecos soporta similar presión con quienes le llegan de más allá del Sáhara y en el centro del continente africano no se dan unas condiciones de vida que fijen la población a sus países de origen.

Por ello que, junto a otros muchos, en España debiera establecerse un Pacto de Estado –de esos que dan tanta alergia a nuestros partidos políticos, siempre obsesionados con la corta visión electoralista- que estableciese las políticas inmigratorias que se deben seguir, trasladando, a su vez, una voz única a los foros europeos e internacionales que son los que, en último término, tienen capacidad para resolver este problema.

Como ello no sucederá –carecemos de políticos con altura de miras para tales acuerdos-, confiemos que la verdad vea la luz y los cruces de acusaciones dejen paso a decisiones judiciales y políticas, en las que, la verdad, tampoco tengo demasiada confianza dada la nula separación de poderes que reina en España.

ENRIQUE BELLIDO

viernes, 14 de febrero de 2014

  • 14.2.14
Que el Partido Popular pierda 1,9 puntos en estimación de voto desde octubre de 2013 a enero de este año puede ser comprensible, dado el ajuste económico al que se ha sometido a la sociedad española y la pérdida de empleo que en el primer mes del año volvió a rebrotar.

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Pasar del 46,6 por ciento de estimación en su momento más brillante, allá por octubre de 2011, al 32,1 por ciento actual, no nos indica sino el desgaste sufrido durante este proceso de dos años de duración en el que se han debido afrontar medidas claramente impopulares y que, por otra parte, no han contado con el apoyo de una política de comunicación que las hubiera hecho más comprensibles a los ojos de los españoles y más identificables a la gestión previamente realizada por el PSOE en los años anteriores.

Lo que no parece tan lógico es que el principal partido de la oposición haya rebajado en dos décimas su estimación de voto desde octubre pasado y que desde el 29,9 por ciento que registró en octubre del 2011 haya seguido decreciendo hasta el 26,6 por ciento actual.

Para el Gobierno, que se mantenga todavía un diferencial de 5,5 puntos con los socialistas debe generar un cierto nivel de tranquilidad si, como muestran algunos indicadores, de aquí a noviembre de 2015, fecha de las próximas generales, la economía y el empleo siguen remontando y pueden adoptarse medidas fiscales que beneficien a las familias.

Por tanto, Rajoy y los suyos tendrán que hacer un gran esfuerzo para asentar los avances logrados y no abrir nuevos frentes de descontento social, quedando la gran “papeleta” en manos de un PSOE que se ha mostrado incapaz de obtener rédito alguno del ajuste, muy posiblemente porque no exista en su seno unidad de criterio o bien no haya podido liberarse aún de ocho años de zapaterismo de graves consecuencias para la nación.

Lo cierto es que la encuesta del CIS muestra una línea plana, que en algún momento habrá de quebrarse y que no parece ser que ello vaya a ocurrir de aquí a mayo, cuando se celebren unas elecciones europeas marcadas por la igualdad y por el desinterés del elector, apuntando ya a abstenciones cercanas al 60 por ciento.

Las primarias socialistas pueden –o no- marcar un punto de inflexión, en función del proceso previo y del desarrollo final de las mismas y los indicadores económicos del próximo año y medio creo que serán definitivos a la hora definir el mapa parlamentario de la próxima Legislatura.

Interpretaciones, a partir de ahora, todas las que se quieran: cada cual está en su derecho de cocinar los datos en su propia olla. Pero no perdamos de vista que de los encuestados existe todavía un 24,2 por ciento que se muestra dispuesto a la abstención y un 21,1 por ciento que aún no tiene decidido su voto. Porcentajes, ambos, que serán los verdaderos protagonistas del resultado final que hoy más que nunca se muestra muy abierto.

ENRIQUE BELLIDO

viernes, 17 de enero de 2014

  • 17.1.14
Debió ser por el mes de mayo del 2000 cuando, en una reunión del Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular celebrado en Cádiz, solicité recusar a la recién nombrada ministra de Sanidad, Celia Villalobos, por las declaraciones vertidas en una de sus primeras entrevistas tras acceder al cargo.

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En aquella Legislatura me correspondió presidir la Comisión de Sanidad del Senado y a la entonces ministra no se le ocurrió afirmar otra cosa, al ser preguntada por cuál era su modelo de sanidad pública, que el que venía aplicando Manuel Chaves en Andalucía.

No, no tuvo la prudencia la cuestionada ministra de hacer referencia al modelo que el Partido Popular venía aplicando en Madrid, Castilla-León, Valencia, Galicia o Murcia, por citar algunas comunidades autónomas gobernadas por los populares, que poco diferían del andaluz, sino que tuvo que poner su sentencia en Andalucía para así, como argumenté en aquel Comité Ejecutivo, dejarnos sin discurso sanitario en nuestra Comunidad.

Ni que decir tiene que mi propuesta fue rechazada y trasladada, por alguna vía que desconozco, a la entonces ministra malagueña, lo que provocó que nuestra relación no fuese en exceso cordial. Y es que la “naturalidad” y “espontaneidad” –junto al “progresismo sui géneris” de Villalobos- nos han ofrecido multitud de secuencias mediáticas que, en muchas ocasiones, generaban estupor.

Recordemos el vídeo en el que increpaba a su chófer; aquella frase dirigida a Esperanza Aguirre: “Esa es una hija de puta y a ver si tiene ahora cojones de presentarse”, en referencia a la posible candidatura de esta a la presidencia del PP en 2008; o su intervención en la Junta de Portavoces del Congreso denominando como “el tema de los tontitos” a la contratación de personal discapacitado que exige la ley, al margen de otros rifirrafes protagonizados en el Congreso o salidas de escaño para evitar tener que votar ciertos temas que afectaban a su “feminismo” declarado.

Pues bien, ahora, con motivo de la presentación del anteproyecto de la ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada, que modificará la actual ley del aborto, Celia Villalobos, sumándose a otras voces críticas de dirigentes autonómicos, ha solicitado del partido que conceda libertad de voto a los parlamentarios en este asunto.

Y es en ello en lo que quiero incidir, no tanto en la posición de la vicepresidenta de la Cámara Baja que, por otra parte, se veía venir. Porque hablar de “libertad de voto” supone entrar en un territorio marcado por la controversia, a la vez que sumamente manipulable según los intereses o las convicciones de cada representante popular, al margen del “supuesto” mandato del pueblo.

La Constitución lo deja bien claro en su artículo 67.2: “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”, lo que, en principio, establece con rotundidad el derecho a la libertad de voto.

De ahí que pedir permiso al partido para que pueda ejercerse dicho derecho no implica sino reconocer una sumisión de los representantes del pueblo hacia los partidos, algo que es real y que todos aquellos que hemos ostentado un cargo de representación institucional hemos puesto en práctica.

Y es que cuando no es el parlamentario quien presenta su propio programa de actuaciones o defiende sus principios ante una circunscripción electoral determinada, sino que lo que presenta es un programa de partido, con unos principios ideológicos comunes y enmarcado en unas listas cerradas que no dan opción al elector a elegir personalmente a sus representantes, resulta muy difícil compatibilizar la libertad de voto con el mandato imperativo que desde las propias formaciones políticas se establece hacia sus parlamentarios con penas de multa o incluso de exclusión de las listas en próximos comicios electorales.

Conceder en este asunto del aborto libertad de voto supondría ampliar necesariamente esa medida hacia muchos otros, de muy distinta índole, que podrían ir desde posicionamientos muy concretos en materias locales o autonómicas, que pudieran mejorar la imagen electoral de quienes los defiendan, a asuntos mucho más amplios, con componentes éticos o morales difíciles de hacer extensibles a toda la población representada en una determinada demarcación.

Consecuencia de ello, la pérdida de unidad de acción que inexorablemente llevaría a tener que reformar la ley electoral y nuestro sistema de partidos, lo que veo con buenos ojos.

Lo más fácil es hacer como en alguna ocasión ha hecho Villalobos, ausentarse de la Cámara para no tener que acatar la disciplina de partido y soportar –ella que sí puede- la sanción que se le imponga y quedar ante la opinión pública como progresista y libre frente al resto de sus compañeros de escaño y grupo parlamentario.

Lo difícil, encabezar corrientes de opinión críticas y activas en el seno de los partidos que promuevan las listas abiertas, la elección directa de representantes y, con ello, la abolición de la actual dictadura de los partidos frente a la voluntad del pueblo, algo que no veo que haga Celia Villalobos, instalada por el propio partido en la cómoda posición de vicepresidenta del Congreso.

Por eso, que desde sectores socialistas se demande del Partido Popular que conceda dicha libertad de voto, suena, permitánme que haga uso de la expresión, “a cachondeo”, conocedores, como lo somos, de la célebre frase de Alfonso Guerra, todavía vigente en el seno del PSOE, de que “quien se mueva, no sale en la foto”, en alusión a la disciplina que ha de imperar e impera en el partido de izquierdas.

Mucho me temo que lejos de criterios morales o éticos, en este debate partidario estén aflorando intereses electorales de unos y otros lejanos a la cualidad y a la calidad de la ley.

ENRIQUE BELLIDO

viernes, 10 de enero de 2014

  • 10.1.14
Que el PSOE es maestro en el arte de la demagogia no creo que a nadie le pille por sorpresa. Su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha vuelto a darnos buena muestra de ello cuando en una rueda de prensa se ha referido a la modificación de la Ley del Aborto con la demagógica afirmación de que la propuesta del Gobierno sólo había recibido el visto bueno de monseñor Rouco Varela, Jean Marie Le Pen y Juan Cotino, representantes de la Iglesia, de la ultraderecha francesa y del Opus Dei, respectivamente.

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No mencionaba la portavoz socialista, con toda seguridad porque para ella y su partido las mayorías electorales tienen poco valor en democracia, que al margen de estos tres personajes, 10.830.693 españoles, el 44,62 por ciento del electorado –lo que supuso una mayoría absoluta parlamentaria- habían decidido, dos años antes, apoyar esta reforma a través de un programa de gobierno que se votó en las urnas y que, además, avalaron los 186 diputados que obtuvieron escaño con el PP y que, por tal motivo, estarán obligados éticamente a apoyar la propuesta que finalmente se consensúe en el trámite parlamentario.

Y es que, al margen de que la ley se base en supuestos o en plazos, al margen incluso de que podamos estar o no a favor del aborto en cualquiera de sus formas, lo cierto es que la materia contiene un profundo componente ideológico que en democracia no puede sino resolverse en el marco de las mayorías electorales que se establecen de la confrontación de programas.

Por ello, llama la atención que Soraya Rodríguez pretenda, otra vez, ganar la partida mediática con una estrategia tan manida como es la de la utilización demagógica de diferentes símbolos –Iglesia, extrema derecha u Opus- frente a la legitimidad que brindan las urnas, a falta de argumentaciones de mayor peso.

Parece ser que Ruiz-Gallardón y el Gobierno no están dispuestos a “arrugarse” ante la campaña orquestada por sectores afines a la izquierda, ni ante las voces contrarias nacidas desde el propio seno del Partido Popular.

Sin embargo, les queda la nada despreciable tarea de contrarrestar los argumentos demagógicos, como los utilizados por Rodríguez, y cualesquiera otros de carácter formal que quieran ponerse en valor, logrando que lo propuesto en 2011 obtenga dos años después el necesario refrendo social más allá del que pueda obtener en las Cortes. Esperemos que, esta vez sí, se juegue con la necesaria solvencia la batalla de los medios…

ENRIQUE BELLIDO

martes, 10 de diciembre de 2013

  • 10.12.13
¿Qué quieren que les diga? No me deja nada tranquilo que el secretario de organización de UGT-A, Manuel Ferrer, haya anunciado el borrado de más de 1.700 archivos de los ordenadores que la central sindical tiene en su sede regional. Él mismo, poniéndose la venda antes de hacerse la herida, ha manifestado su temor a que la opinión pública considere este hecho como una forma de tapar los desmanes económicos que desde la formación sindical se hubiesen podido cometer y que ya investiga la Justicia.

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No sé si en plan de coña, Ferrer, al intentar explicar lo ocurrido, comparó el suceso con lo acontecido en relación a “los discos duros del PP”, en alusión al caso Bárcenas. Y lo cierto es que cada vez tiene uno más la sensación de estar moviéndose entre truhanes de todo pelaje y clase, que a cambio de un puñado de monedas –en ocasiones llevándoselas a sacos llenos- son capaces de violentar todo tipo de principios en un claro desprecio a las normas y leyes que la convivencia social ha ido imponiendo.

Lo del borrado de discos en la UGT, como el que se llevó a cabo en el Partido Popular, no huele sino a coartada con la que eludir la acción de la Justicia, por mucho que se nos quiera vestir la mona de seda.

Y ante ello, ante el poder de partidos políticos, organizaciones sindicales y otras instituciones del Estado, el individuo, que es quien en último término las sostiene y quien debería tener el control pleno sobre ellas, se muestra impotente, desconfiando a su vez de la acción de la Justicia, dominada, como hemos visto en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, por los propios partidos políticos que en este caso sí son capaces de ponerse de acuerdo.

Dice Ferrer que se han abierto tres expedientes dentro del sindicato y dos de los encausados han sido amonestados por falta de pruebas. En el tercero de los casos, la investigación sigue abierta. Sin embargo, dado que ya tienen tan claro el borrado de esos 1.756 archivos y la copia de 22.400 más, me pregunto cómo es que no se dirigieron inmediatamente ante el juez a denunciar los hechos, a fin de que sea la Policía Judicial quien investigue lo sucedido.

Mucho me temo que, como apuntó el secretario de organización de UGT-A, todo se trate de una mera estrategia con la que tapar las posibles irregularidades cometidas. Por cierto, respondiendo a los periodistas, Manuel Ferrer insistió en que si se detectan irregularidades, devolverán el dinero defraudado, desconociendo si UGT tendrá capacidad económica para afrontar esas supuestas devoluciones. O sea, para mear y no echar gota. ¿Y dónde están las responsabilidades civiles y penales de los supuestos defraudadores? ¿Y el dinero? ¿A qué paraíso caribeño habrá ido a parar?

Está claro que o la sociedad le para los pies a este tipo de personajes y a las instituciones que les dan cobijo o mucho me temo que sea el imperio del mal –ojalá que no el del crimen- el que terminará apoderándose de ella, si es que no lo ha hecho ya.

ENRIQUE BELLIDO

martes, 26 de noviembre de 2013

  • 26.11.13
Josep Maria Vila d’Abadal i Serra o, para que lo entiendan mejor, José María Vila de Abadal y Serra, alcalde de Vic, un demócrata-cristiano reconvertido a independentista radical, se ha dejado caer solicitando al Ministerio del Interior 180.000 euros del dinero que aquel municipio adelantó a las víctimas del atentado de la casa cuartel de la Guardia Civil en 1991 para hacer frente, entre otras cosas, al pago de los ataúdes de las víctimas: cinco adultos y cinco niños.

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Han transcurrido veintidós años de aquel luctuoso atentado terrorista y cuando está a punto de salir a la calle uno de sus autores, Juan José Zubieta, no tiene mejor ocurrencia el regidor del conocido municipio vicense, famoso por su fuet, que hacer patente su rechazo al Estado español solicitando de éste lo que allá por 1991 –gobernaba entonces Felipe González y el PSOE-, sabe Dios si realmente se estableció como una deuda real con el Ayuntamiento que es cabecera de la comarca de Osona en Barcelona.

El antiguo militante de la Unión Democrática de Cataluña de Duran i Lleida da con ello muestras, una vez más, del talante del nacionalismo independentista que se ha visto renacer con las torpes alianzas de gobierno que en Cataluña se han establecido con ERC a fin de, unos y otros, CiU y PSC-PSOE, alcanzar sendos gobiernos que han tenido y están teniendo tintes dramáticos si nos atenemos al despilfarro y al fraude económico que se vive en aquella comunidad y a la fractura social que viene representando el plan soberanista de ese tremendo incompetente en que se ha convertido –de seguro lo era con anterioridad- Artur Mas.

Casi al mismo tiempo, José María Aznar defendía en Onda Cero castigar con cárcel a quienes convocasen un referendum ilegal, como ya quedaba explicitado en una ley aprobada durante su mandato y posteriormente derogada por un acomplejado Rodríguez Zapatero, incapaz de afrontar con decisión la unidad territorial de España.

Afortunadamente, el PSC, aunque con fractura interna, ha abandonado la senda que venían marcando los independentistas y con ellos CiU a su rebufo, haciendo cada vez más difícil que triunfe en la calle lo que sería ilegal que lo hiciese en las urnas.

Así, al recaudador de Vic, también parlamentario autonómico, no le quedará sino aceptar la realidad, trabajar por su pueblo sin hurgar en las sangrientas cuentas del pasado y disfrutar de las buenos embutidos que allí se fabrican y que tan excelente acogida tienen en el resto de España.

ENRIQUE BELLIDO

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