El archivo de las actuaciones contra el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, decretado por el Tribunal Supremo parece que puede tener consecuencias similares sobre las otras piezas que investiga la juez de instrucción número 8 de Sevilla acerca de la supuesta implicación de varios concejales del mismo Ayuntamiento que no eran aforados y que habían sido también imputados.
Después de que hace solo unos días el Alto Tribunal exculpara a Sanz dejando claro que no hubo delitos de prevaricación ni malversación y rechazara también que los contratos de su Corporación municipal que se estaban investigando fueran ilegales, la titular de Instrucción número 8, Reyes de Flores, ha movido ficha. Da un nuevo paso y decide aplazar las declaraciones de varios concejales que estaban imputados en otras tramas del caso y que no eran, como el alcalde, aforados. Y también determina pedir nueva documentación, la misma que ya habían solicitado anteriormente las defensas.
En una providencia, la juez aplaza las declaraciones de los concejales de Presidencia, Eloy Carmona, el de Hacienda, Miguel García de la Rosa, y el de Deportes, José María Soriano.Todos ellos estaban citados a declarar nuevamente como imputados para los próximos días 30 de abril y 4 de mayo por otra trama, una pieza separada del caso, que hacía referencia a la contratación del servicio de producción de la televisión de Tomares.
Sin embargo, la magistrada ha decidido aplazarlas y acceder a la petición de la defensa de Carmona que había pedido que la Consejería de Hacienda realizara una auditoría sobre los citados contratos alegando que estos no se rigen por la ley de contratación pública sino por la normativa europea y que, por tanto, no hubo irregularidades.
Ahora la juez asegura en el escrito que, tras las manifestaciones de los imputados en su anterior comparecencia en el juzgado y las peticiones que hicieron de un nuevo informe, sería necesario librar oficio a la comisión consultiva de contratación administrativa de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía para que se pronuncie. La instructora quiere que la Junta de Andalucía emita ese informe sobre las supuestas irregularidades que pudieran apreciarse en cada uno de los contratos en cuestión.
De hecho, ha solicitado un detallado informe en el que deben concretar esas supuestas irregularidades tanto en la suscripción de los contratos como en su ejecución posterior. Por ello y a la espera de conocer el contenido de ese informe, la juez aplaza las declaraciones. Fuentes de las defensas interpretan este movimiento de la juez como el primer paso dado para cerrar el caso después de la contundencia con la que el Supremo defendió la legalidad de los contratos.
Después de que hace solo unos días el Alto Tribunal exculpara a Sanz dejando claro que no hubo delitos de prevaricación ni malversación y rechazara también que los contratos de su Corporación municipal que se estaban investigando fueran ilegales, la titular de Instrucción número 8, Reyes de Flores, ha movido ficha. Da un nuevo paso y decide aplazar las declaraciones de varios concejales que estaban imputados en otras tramas del caso y que no eran, como el alcalde, aforados. Y también determina pedir nueva documentación, la misma que ya habían solicitado anteriormente las defensas.
En una providencia, la juez aplaza las declaraciones de los concejales de Presidencia, Eloy Carmona, el de Hacienda, Miguel García de la Rosa, y el de Deportes, José María Soriano.Todos ellos estaban citados a declarar nuevamente como imputados para los próximos días 30 de abril y 4 de mayo por otra trama, una pieza separada del caso, que hacía referencia a la contratación del servicio de producción de la televisión de Tomares.
Sin embargo, la magistrada ha decidido aplazarlas y acceder a la petición de la defensa de Carmona que había pedido que la Consejería de Hacienda realizara una auditoría sobre los citados contratos alegando que estos no se rigen por la ley de contratación pública sino por la normativa europea y que, por tanto, no hubo irregularidades.
Ahora la juez asegura en el escrito que, tras las manifestaciones de los imputados en su anterior comparecencia en el juzgado y las peticiones que hicieron de un nuevo informe, sería necesario librar oficio a la comisión consultiva de contratación administrativa de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía para que se pronuncie. La instructora quiere que la Junta de Andalucía emita ese informe sobre las supuestas irregularidades que pudieran apreciarse en cada uno de los contratos en cuestión.
De hecho, ha solicitado un detallado informe en el que deben concretar esas supuestas irregularidades tanto en la suscripción de los contratos como en su ejecución posterior. Por ello y a la espera de conocer el contenido de ese informe, la juez aplaza las declaraciones. Fuentes de las defensas interpretan este movimiento de la juez como el primer paso dado para cerrar el caso después de la contundencia con la que el Supremo defendió la legalidad de los contratos.
TOMARES DIGITAL / REDACCIÓN
