Al Ayuntamiento de Tomares se le acumulan los problemas. A las tres causas judiciales abiertas por supuestas irregularidades en la gestión del gobierno del PP -con varios concejales imputados-, ahora se suma una nueva investigación: el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias sobre una serie de gratificaciones y productividades que reciben los altos funcionarios del consistorio de la comarca del Aljarafe.
El caso fue denunciado por el Partido Andalucista el pasado mes de diciembre por lo que, consideran, una supuesta «complicidad» entre el gobierno de José Luis Sanz (PP) y estos funcionarios cuya «independencia» habría podido quedar quebrantada. En enero, el Tribunal de Cuentas abrió la correspondiente instrucción, que ratificó hace unas semanas, el 26 de marzo, tras rechazar las alegaciones planteadas por el Ayuntamiento de Tomares.
Según la denuncia, cuatro altos funcionarios -el secretario general, el vicesecretario interventor, el interventor y la tesorera- vienen percibiendo unas «gratificaciones» de 570 euros al mes a casa una de estas personas encargadas de «vigilar la legalidad» de los actos del propio equipo de gobierno. Estos pluses, además, «vulneran conscientemente la Ley», pues el real decreto 861/1986 de régimen de retribuciones de los funcionarios de la administración local estipula que las gratificaciones a los funcionarios «en ningún caso podrán ser fijas ni periódicas en su devengo, habrán de responder a servicios extraordinarios fuera de la jornada de trabajo».
En este sentido, el portavoz del grupo municipal Andalucista en el Ayuntamiento de Tomares, Alberto Mercado, insiste en la denuncia en que estos «son siempre fijos y periódicos en su devengo, sin que consten resoluciones sobre servicios extraordinarios». Además, explica que es a partir de abril de 2012 cuando comienza a hacer este seguimiento.
Para el PA, estas gratificaciones amenazarían «la independencia de aquellos que deben salvaguardar la legalidad de los actos del Consistorio». Incluso advierte de que «en ocasiones se ha podido constatar que la complicidad entre gratificador y gratificados ha posibilitado autoinformes en los que se logran beneficios laborales».
De esta forma, Mercado hace alusión a la imputación del vicesecretario interventor en el que caso que investiga la contratación como asesor en el mandato anterior del hoy concejal del PP, Juan Campos, quien recibió retribuciones municipales por elaborar unos informes supuestamente falsos.
El Ayuntamiento de Tomares, por su parte, alegó que estas «retribuciones complementarias» se remontan a 2006, cuando gobernaba el PSOE, por «especial rendimiento o actividad extraordinaria» y, aunque reconoce que la denominación de gratificación «puede calificarse de inadecuada (...), en ningún caso improcedente» al corresponder al «trabajo desarrollado» por los altos funcionarios.
El Tribunal de Cuentas, ante estas alegaciones, señala que los hechos «pudieran ser constitutivos de un alcance de caudales o efectos públicos» y, «visto lo solicitado por el Ministerio Fiscal», ordena continuar con la investigación y nombrar a un delegado instructor.
El caso fue denunciado por el Partido Andalucista el pasado mes de diciembre por lo que, consideran, una supuesta «complicidad» entre el gobierno de José Luis Sanz (PP) y estos funcionarios cuya «independencia» habría podido quedar quebrantada. En enero, el Tribunal de Cuentas abrió la correspondiente instrucción, que ratificó hace unas semanas, el 26 de marzo, tras rechazar las alegaciones planteadas por el Ayuntamiento de Tomares.
Según la denuncia, cuatro altos funcionarios -el secretario general, el vicesecretario interventor, el interventor y la tesorera- vienen percibiendo unas «gratificaciones» de 570 euros al mes a casa una de estas personas encargadas de «vigilar la legalidad» de los actos del propio equipo de gobierno. Estos pluses, además, «vulneran conscientemente la Ley», pues el real decreto 861/1986 de régimen de retribuciones de los funcionarios de la administración local estipula que las gratificaciones a los funcionarios «en ningún caso podrán ser fijas ni periódicas en su devengo, habrán de responder a servicios extraordinarios fuera de la jornada de trabajo».
En este sentido, el portavoz del grupo municipal Andalucista en el Ayuntamiento de Tomares, Alberto Mercado, insiste en la denuncia en que estos «son siempre fijos y periódicos en su devengo, sin que consten resoluciones sobre servicios extraordinarios». Además, explica que es a partir de abril de 2012 cuando comienza a hacer este seguimiento.
Para el PA, estas gratificaciones amenazarían «la independencia de aquellos que deben salvaguardar la legalidad de los actos del Consistorio». Incluso advierte de que «en ocasiones se ha podido constatar que la complicidad entre gratificador y gratificados ha posibilitado autoinformes en los que se logran beneficios laborales».
De esta forma, Mercado hace alusión a la imputación del vicesecretario interventor en el que caso que investiga la contratación como asesor en el mandato anterior del hoy concejal del PP, Juan Campos, quien recibió retribuciones municipales por elaborar unos informes supuestamente falsos.
El Ayuntamiento de Tomares, por su parte, alegó que estas «retribuciones complementarias» se remontan a 2006, cuando gobernaba el PSOE, por «especial rendimiento o actividad extraordinaria» y, aunque reconoce que la denominación de gratificación «puede calificarse de inadecuada (...), en ningún caso improcedente» al corresponder al «trabajo desarrollado» por los altos funcionarios.
El Tribunal de Cuentas, ante estas alegaciones, señala que los hechos «pudieran ser constitutivos de un alcance de caudales o efectos públicos» y, «visto lo solicitado por el Ministerio Fiscal», ordena continuar con la investigación y nombrar a un delegado instructor.
TOMARES DIGITAL / REDACCIÓN
