Después de tres años de subidas cada mes de enero e, incluso, otras extraordinarias -por el encarecimiento del IVA, en 2012, y los precios del combustible, en 2013- las tarifas de los autobuses públicos del área metropolitana de Sevilla se congelarán en 2015. Es decir, el precio de los billetes, en sus distintas modalidades, se mantendrá como está, según la propuesta que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta, en manos de IU, elevará al consejo de administración. En dicha propuesta, que ya se discutió con la Federación Andaluza Empresarial de Transporte (Fandabus), se considera que las variaciones del IPC en el mes de septiembre, que se toman como referencia para aplicar las subidas del billete a 1 de enero y evitar que el déficit del servicio aumente, tendrían "nula incidencia" esta vez y se opta por congelarlas.
No obstante, la decisión se toma coincidiendo con un año electoral. En 2015, hay elecciones municipales en mayo y, para final de año, están previstas las generales y no se descarta un adelanto de las autonómicas. La congelación se produce cuando las dificultades para atajar el déficit que acumula el consorcio no se han superado, pese a que la nueva normativa obliga a cuadrar números. De hecho, ese mismo argumento ha servido para justificar otras subidas de tarifas, incluso por encima del IPC. El déficit ha obligado también a hacer aportaciones extraordinarias a la Junta y al resto de integrantes, en función de su participación en el mismo: 45 ayuntamientos, incluido el de la capital, y la Diputación de Sevilla.
La propuesta de no revisión de tarifas se verá en un consejo de administración que discutirá la adaptación de los estatutos del consorcio a la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que obliga a que este tipo de entes queden adscritos a una administración a efectos presupuestarios, fiscales y del personal. En este caso, será la Junta. Se trata de un proceso por el que han pasado otros consorcios y mancomunidades, pero que se complica aquí por varios factores.
Por un lado, por el elevado coste del servicio y la situación deficitaria del Consorcio. Por otro lado, está el que esa reforma de la ley de administración local haya dejado claro que este tipo de transporte es competencia autonómica, aunque hay fórmulas para que los ayuntamientos sigan perteneciendo al consorcio y participando en su gestión.
Así, coincidiendo con ese proceso, la Consejería de Fomento sigue abogando por que cada municipio se pronuncie sobre si quiere o no seguir en el consorcio con un acuerdo plenario expreso y así lo lleva también como propuesta. A falta de cómo se posicione cada grupo político -el PP ha sido, por ejemplo, muy crítico en este sentido y ha abogado por que la Junta asuma del todo la competencia-, el informe del secretario incide en que ese posicionamiento no es necesario, que con la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) el consorcio, adscrito ya a la Junta, podría seguir funcionando más o menos como hasta ahora.
El secretario advierte que previo a ese pronunciamiento, en todo caso, la Junta debería adjuntar un informe de situación, sobre cómo quedarían los porcentajes de participación y financiación en la nueva situación. Y también duda de que, como pretende la Consejería, la Junta pueda decidir unilateralmente, en caso de que unos quieran seguir y otros no, si el consorcio de mantiene o si asume directamente el servicio a través de una agencia pública. El secretario dice que la decisión se debería tomar, en cualquier caso, de acuerdo con el resto de las entidades consorciadas o modificando la Ley de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía.
No obstante, la decisión se toma coincidiendo con un año electoral. En 2015, hay elecciones municipales en mayo y, para final de año, están previstas las generales y no se descarta un adelanto de las autonómicas. La congelación se produce cuando las dificultades para atajar el déficit que acumula el consorcio no se han superado, pese a que la nueva normativa obliga a cuadrar números. De hecho, ese mismo argumento ha servido para justificar otras subidas de tarifas, incluso por encima del IPC. El déficit ha obligado también a hacer aportaciones extraordinarias a la Junta y al resto de integrantes, en función de su participación en el mismo: 45 ayuntamientos, incluido el de la capital, y la Diputación de Sevilla.
La propuesta de no revisión de tarifas se verá en un consejo de administración que discutirá la adaptación de los estatutos del consorcio a la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que obliga a que este tipo de entes queden adscritos a una administración a efectos presupuestarios, fiscales y del personal. En este caso, será la Junta. Se trata de un proceso por el que han pasado otros consorcios y mancomunidades, pero que se complica aquí por varios factores.
Por un lado, por el elevado coste del servicio y la situación deficitaria del Consorcio. Por otro lado, está el que esa reforma de la ley de administración local haya dejado claro que este tipo de transporte es competencia autonómica, aunque hay fórmulas para que los ayuntamientos sigan perteneciendo al consorcio y participando en su gestión.
Así, coincidiendo con ese proceso, la Consejería de Fomento sigue abogando por que cada municipio se pronuncie sobre si quiere o no seguir en el consorcio con un acuerdo plenario expreso y así lo lleva también como propuesta. A falta de cómo se posicione cada grupo político -el PP ha sido, por ejemplo, muy crítico en este sentido y ha abogado por que la Junta asuma del todo la competencia-, el informe del secretario incide en que ese posicionamiento no es necesario, que con la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) el consorcio, adscrito ya a la Junta, podría seguir funcionando más o menos como hasta ahora.
El secretario advierte que previo a ese pronunciamiento, en todo caso, la Junta debería adjuntar un informe de situación, sobre cómo quedarían los porcentajes de participación y financiación en la nueva situación. Y también duda de que, como pretende la Consejería, la Junta pueda decidir unilateralmente, en caso de que unos quieran seguir y otros no, si el consorcio de mantiene o si asume directamente el servicio a través de una agencia pública. El secretario dice que la decisión se debería tomar, en cualquier caso, de acuerdo con el resto de las entidades consorciadas o modificando la Ley de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía.
TOMARES DIGITAL / REDACCIÓN
