A pesar de los signos de recuperación que muestran los indicadores macroeconómicos, los desahucios por impago de alquiler y los embargos por no afrontar el pago de la hipoteca siguen creciendo en Sevilla en los primeros siete meses de 2014.
Así, de enero a julio un total de 1.195 personas físicas y jurídicas del partido judicial de Sevilla perdieron inmuebles por impago de las hipotecas, lo que supone un 12% más que en el mismo período de 2013.
Las personas que fueron desahuciadas por el impago de alquiler de la vivienda, locales u oficinas fueron 699, un 13% más que en los siete primeros meses del pasado año, según fuentes del Decanato de los Jueces de Sevilla.
En lo que va de año han perdido su vivienda casi 2.000 personas del partido judicial de Sevilla, que incluye la capital y 22 pueblos de la provincia, entre ellos Bormujos, Camas, Gelves, Gines, Mairena del Aljarafe, San Juan o Tomares. De este modo, se rompe la tendencia de 2013, año en que se registraron 1.025 desahucios, un 27% menos que en 2012, y 1.739 ejecuciones hipotecarias, sólo un 3% más que el año anterior.
Cáritas de Sevilla tampoco percibe una reducción de las peticiones de ayuda para el pago de alquiler y de la hipoteca. «De hecho, hemos notado un leve incremento respecto a 2013, sobre todo en el tema de alquileres», declaró Mariano Pérez de Ayala, director de Cáritas desde hace un año.
«Con la crisis ha habido un empobrecimiento de todos porque los estaban en exclusión siguen así, los que estaban en riesgo están ya en exclusión y personas de clase media que no tenían problemas económicos han pasado a estar ahora en riesgo tras perder su vivienda, agotar los subsidios y las ayudas familiares», añadió Mariano, quien subraya que «la situación se complica cuando las personas cumplen 45 años porque su incorporación al mercado laboral es complicada»
Así las cosas, en Cáritas aumentan las personas que solicitan ayuda y admiten que sus únicos ingresos son la pensión no contributiva de 300 euros y la pensión de sus padres de unos 600 euros.
«En esa circunstancia, un recibo bimensual de luz de 110 euros, que es bastante frecuente, puede descuadrar la economía de una familia que está al límite. La petición de ayuda también se incrementa –dice– cuando hay gastos extras, como al inicio de curso escolar, ya que hay que comprar material y libros para los niños».
Así, de enero a julio un total de 1.195 personas físicas y jurídicas del partido judicial de Sevilla perdieron inmuebles por impago de las hipotecas, lo que supone un 12% más que en el mismo período de 2013.
Las personas que fueron desahuciadas por el impago de alquiler de la vivienda, locales u oficinas fueron 699, un 13% más que en los siete primeros meses del pasado año, según fuentes del Decanato de los Jueces de Sevilla.
En lo que va de año han perdido su vivienda casi 2.000 personas del partido judicial de Sevilla, que incluye la capital y 22 pueblos de la provincia, entre ellos Bormujos, Camas, Gelves, Gines, Mairena del Aljarafe, San Juan o Tomares. De este modo, se rompe la tendencia de 2013, año en que se registraron 1.025 desahucios, un 27% menos que en 2012, y 1.739 ejecuciones hipotecarias, sólo un 3% más que el año anterior.
Cáritas de Sevilla tampoco percibe una reducción de las peticiones de ayuda para el pago de alquiler y de la hipoteca. «De hecho, hemos notado un leve incremento respecto a 2013, sobre todo en el tema de alquileres», declaró Mariano Pérez de Ayala, director de Cáritas desde hace un año.
«Con la crisis ha habido un empobrecimiento de todos porque los estaban en exclusión siguen así, los que estaban en riesgo están ya en exclusión y personas de clase media que no tenían problemas económicos han pasado a estar ahora en riesgo tras perder su vivienda, agotar los subsidios y las ayudas familiares», añadió Mariano, quien subraya que «la situación se complica cuando las personas cumplen 45 años porque su incorporación al mercado laboral es complicada»
Así las cosas, en Cáritas aumentan las personas que solicitan ayuda y admiten que sus únicos ingresos son la pensión no contributiva de 300 euros y la pensión de sus padres de unos 600 euros.
«En esa circunstancia, un recibo bimensual de luz de 110 euros, que es bastante frecuente, puede descuadrar la economía de una familia que está al límite. La petición de ayuda también se incrementa –dice– cuando hay gastos extras, como al inicio de curso escolar, ya que hay que comprar material y libros para los niños».
TOMARES DIGITAL / REDACCIÓN
