El concejal portavoz del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Tomares, Alberto Mercado, ha valorado “muy positivamente” el auto de la Magistrada Reyes Flores recordando que “hace poco más de un año que empezamos a denunciar esto y hoy la Justicia nos da en gran medida la razón”.
Para Mercado “el auto es un claro respaldo a las denuncias que hemos realizado los andalucistas ante la Fiscalía, dado que avala la realización de los informes con posterioridad a su cobro, y también avala la destrucción de archivos de los ordenadores el mismo mes en que la Juez admitió a trámite la denuncia e imputó a los primeros concejales del gobierno de Sanz”.
Durante su comparecencia, Mercado ha recordado que “precisamente la información fue borrada de los mismos ordenadores que se llevó la Policía en enero, pero ya sin los archivos”. También avala la irregularidad en la contratación del concejal que emitió las facturas falsas detallando que cobró más de 50.000 euros cuando no podía percibir más de 18.000 euros; y que existía una empresa pantalla con la que dio de alta al concejal Juan Campos para evadir las leyes de contratación administrativa, llamada Guerra 21, de la cual el imputado Eloy Carmona "era quien decidía quién entraba a trabajar y quién no”, ha afirmado el concejal andalucista.
Para Alberto Mercado “no son éstos los únicos enchufes que se derivan de las actuaciones ordenadas por la Juez”. “Familiares de la inmensa mayoría de concejales del PP, además de algunos concejales o vinculados a cargos del partido, también fueron contratados” algo que, según ha anunciado el edil andalucista, pondrá en conocimiento del Tribunal Supremo “tan pronto como podamos”.
Asimismo, ha declarado sentirse “satisfecho” con el auto de la Juez y ha manifestado que en su opinión “la instrucción ha sido impecable”, al tiempo que ha lamentado que “Sanz no se someta a la Justicia ordinaria como le ocurre a cualquier ciudadano” criticando que el alcalde de Tomares “quiere ser un imputado VIP, quizás debido a que José Luis Sanz es el cerebro de toda la trama de las facturas falsas de Tomares”.
El PSOE ve confirmada «la implicación de Sanz»
Por su parte, la portavoz socialista del Ayuntamiento de Tomares, Cristina Pérez Gálvez, ha asegurado que la elevación al Tribunal Supremo (TS) del caso de la contratación del concejal popular Juan Campos en el pasado mandato confirma «la implicación del alcalde en los casos de corrupción que se han denunciado en este ayuntamiento».
«José Luis Sanz conocía todo lo que estaba sucediendo, sin descartar que fuera el artífice», dice avisando de que «ahora el señor José Luis Sanz va a tener que dar ante el juez las explicaciones que no ha querido dar ante los vecinos y vecinas, ocultando todo lo que ha podido».
Cristina Pérez espera que la justicia «actúe con toda la celeridad posible, «porque es evidente que esta elevación va confirmando nuestras sospechas. Nuestra única preocupación ahora es conocer si se van a derivar más responsabilidades después de que un juez intuya que, presuntamente, un senador utilizaba el ayuntamiento como una agencia de colocación y contrataba a dedo a los figurantes de las listas que se quedaban fuera del equipo de gobierno, despreciando los mecanismos más elementales de la democracia».
Según la portavoz, «el señor Sanz debería ahora, porque no ha querido hacerlo antes, ofrecer las oportunas explicaciones», sin dejar también de informar «sobre las facturas que el Ayuntamiento ha pagado al partido, las que han aparecido y las que pueden aparecer», pues lamentablemente «los plenos de explicaciones que ha realizado hasta la fecha sólo han sido una pantomima en la que, según lo que ha sucedido, sólo han servido para reírse de los ciudadanos».
Para Mercado “el auto es un claro respaldo a las denuncias que hemos realizado los andalucistas ante la Fiscalía, dado que avala la realización de los informes con posterioridad a su cobro, y también avala la destrucción de archivos de los ordenadores el mismo mes en que la Juez admitió a trámite la denuncia e imputó a los primeros concejales del gobierno de Sanz”.
Durante su comparecencia, Mercado ha recordado que “precisamente la información fue borrada de los mismos ordenadores que se llevó la Policía en enero, pero ya sin los archivos”. También avala la irregularidad en la contratación del concejal que emitió las facturas falsas detallando que cobró más de 50.000 euros cuando no podía percibir más de 18.000 euros; y que existía una empresa pantalla con la que dio de alta al concejal Juan Campos para evadir las leyes de contratación administrativa, llamada Guerra 21, de la cual el imputado Eloy Carmona "era quien decidía quién entraba a trabajar y quién no”, ha afirmado el concejal andalucista.
Para Alberto Mercado “no son éstos los únicos enchufes que se derivan de las actuaciones ordenadas por la Juez”. “Familiares de la inmensa mayoría de concejales del PP, además de algunos concejales o vinculados a cargos del partido, también fueron contratados” algo que, según ha anunciado el edil andalucista, pondrá en conocimiento del Tribunal Supremo “tan pronto como podamos”.
Asimismo, ha declarado sentirse “satisfecho” con el auto de la Juez y ha manifestado que en su opinión “la instrucción ha sido impecable”, al tiempo que ha lamentado que “Sanz no se someta a la Justicia ordinaria como le ocurre a cualquier ciudadano” criticando que el alcalde de Tomares “quiere ser un imputado VIP, quizás debido a que José Luis Sanz es el cerebro de toda la trama de las facturas falsas de Tomares”.
El PSOE ve confirmada «la implicación de Sanz»
Por su parte, la portavoz socialista del Ayuntamiento de Tomares, Cristina Pérez Gálvez, ha asegurado que la elevación al Tribunal Supremo (TS) del caso de la contratación del concejal popular Juan Campos en el pasado mandato confirma «la implicación del alcalde en los casos de corrupción que se han denunciado en este ayuntamiento».
«José Luis Sanz conocía todo lo que estaba sucediendo, sin descartar que fuera el artífice», dice avisando de que «ahora el señor José Luis Sanz va a tener que dar ante el juez las explicaciones que no ha querido dar ante los vecinos y vecinas, ocultando todo lo que ha podido».
Cristina Pérez espera que la justicia «actúe con toda la celeridad posible, «porque es evidente que esta elevación va confirmando nuestras sospechas. Nuestra única preocupación ahora es conocer si se van a derivar más responsabilidades después de que un juez intuya que, presuntamente, un senador utilizaba el ayuntamiento como una agencia de colocación y contrataba a dedo a los figurantes de las listas que se quedaban fuera del equipo de gobierno, despreciando los mecanismos más elementales de la democracia».
Según la portavoz, «el señor Sanz debería ahora, porque no ha querido hacerlo antes, ofrecer las oportunas explicaciones», sin dejar también de informar «sobre las facturas que el Ayuntamiento ha pagado al partido, las que han aparecido y las que pueden aparecer», pues lamentablemente «los plenos de explicaciones que ha realizado hasta la fecha sólo han sido una pantomima en la que, según lo que ha sucedido, sólo han servido para reírse de los ciudadanos».
TOMARES DIGITAL / REDACCIÓN
