Los inspectores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) solían visitar dos veces las sedes donde se daba formación profesional a los parados; una, al principio del curso y la otra, cerca del final. Sin embargo, las inspecciones se desplomaron en el año 2010 en las provincias de Sevilla y de Málaga.
Ha sido en Málaga donde la Seguridad Social ha apreciado las últimas irregularidades en estos cursos que servían para formar a parados, y que obligaban a las empresas subvencionadas a contratar, al menos, al 60% de los cursillistas durante seis meses. La Seguridad Social solicitó información a la Junta sobre 17 cursos dados en Málaga en el año 2010, y ha sido este motivo el que condujo a la investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional.
No obstante, la Consejería de Educación, al departamento que pasaron las competencias de formación profesional en 2012, ha solicitado a un total 56 empresas la devolución total o parcial de las subvenciones. De momento, se desconoce la extensión de la investigación de la Policía.
En cualquier caso, lo que sí parece claro es que en el año 2010 el control del SAE bajó hasta niveles poco operativos para conocer qué ocurría con los cursos. En 2010, sólo se visó el 33% de estos programas. Así consta en el último informe de la Cámara de Cuentas.
Uno de los casos más llamativos de la falta de inspección es la de la provincia de Sevilla, donde en el año 2010 sólo se visitó al 10% de los cursos. Según consta en el informe de la Cámara de Cuentas, de enero de 2014, aunque relativo a los años 2009 y 2010, los cursos de teleformación se llegaban a inspeccionar desde provincias diferentes a aquellas en las que se impartían.
Ha sido en Málaga donde la Seguridad Social ha apreciado las últimas irregularidades en estos cursos que servían para formar a parados, y que obligaban a las empresas subvencionadas a contratar, al menos, al 60% de los cursillistas durante seis meses. La Seguridad Social solicitó información a la Junta sobre 17 cursos dados en Málaga en el año 2010, y ha sido este motivo el que condujo a la investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional.
No obstante, la Consejería de Educación, al departamento que pasaron las competencias de formación profesional en 2012, ha solicitado a un total 56 empresas la devolución total o parcial de las subvenciones. De momento, se desconoce la extensión de la investigación de la Policía.
En cualquier caso, lo que sí parece claro es que en el año 2010 el control del SAE bajó hasta niveles poco operativos para conocer qué ocurría con los cursos. En 2010, sólo se visó el 33% de estos programas. Así consta en el último informe de la Cámara de Cuentas.
Uno de los casos más llamativos de la falta de inspección es la de la provincia de Sevilla, donde en el año 2010 sólo se visitó al 10% de los cursos. Según consta en el informe de la Cámara de Cuentas, de enero de 2014, aunque relativo a los años 2009 y 2010, los cursos de teleformación se llegaban a inspeccionar desde provincias diferentes a aquellas en las que se impartían.
TOMARES DIGITAL / REDACCIÓN
