La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tomares, Pilar Domínguez, negó ayer lunes a la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, que investiga el caso de los informes de una frase por los que el Ayuntamiento de Tomares pagó durante dos años más de 2.000 euros al mes, cualquier relación con las contrataciones bajo sospecha.
La concejal, cuarta imputada en la causa, ha dicho que su departamento no tiene nada que ver con estas contrataciones, puesto que se trataba de contratos vinculados al Plan E del Gobierno y le "venían dados" dichos contratos, por lo que ni ella ni su departamento intervenían en los mismos, han precisado fuentes del caso.
Junto a Domínguez están imputados Juan Campos, el ahora concejal de Medio Ambiente y que cobró ese dinero el mandato pasado, después de ir en las listas del PP y no salir elegido; Mercedes Fuentes, la edil de Cultura que ocupó la Concejalía de Medio Ambiente con anterioridad; y Eloy Carmona, edil de Presidencia, portavoz del PP en la Diputación y número dos del partido en Sevilla.
En el juzgado ha declarado recientemente como imputado el vicesecretario interventor del Consistorio, Alfonso Barrios, que avaló el contrato que el alcalde, José Luis Sanz, firmó en 2007 con Campos, y los pagos que se le hicieron.
Junto a los responsables públicos, han declarado como testigos personal municipal y dos empresarios vinculados a la empresa Guerra 21, por la que Campos realizó con posterioridad trabajos para el Consistorio.
Estas declaraciones se producen después de que la Fiscalía apreciara indicios de prevaricación y malversación en los hechos que IU, primero, y el PA, denunciaron. La oposición no sólo duda de la legalidad del contrato firmado con Campos, sino de que de los trabajos por los que facturaba al Consistorio se realizaran. Consideran incluso que muchos de los informes con los que se justifican los pagos se realizaron a posteriori.
La concejal, cuarta imputada en la causa, ha dicho que su departamento no tiene nada que ver con estas contrataciones, puesto que se trataba de contratos vinculados al Plan E del Gobierno y le "venían dados" dichos contratos, por lo que ni ella ni su departamento intervenían en los mismos, han precisado fuentes del caso.
Junto a Domínguez están imputados Juan Campos, el ahora concejal de Medio Ambiente y que cobró ese dinero el mandato pasado, después de ir en las listas del PP y no salir elegido; Mercedes Fuentes, la edil de Cultura que ocupó la Concejalía de Medio Ambiente con anterioridad; y Eloy Carmona, edil de Presidencia, portavoz del PP en la Diputación y número dos del partido en Sevilla.
En el juzgado ha declarado recientemente como imputado el vicesecretario interventor del Consistorio, Alfonso Barrios, que avaló el contrato que el alcalde, José Luis Sanz, firmó en 2007 con Campos, y los pagos que se le hicieron.
Junto a los responsables públicos, han declarado como testigos personal municipal y dos empresarios vinculados a la empresa Guerra 21, por la que Campos realizó con posterioridad trabajos para el Consistorio.
Estas declaraciones se producen después de que la Fiscalía apreciara indicios de prevaricación y malversación en los hechos que IU, primero, y el PA, denunciaron. La oposición no sólo duda de la legalidad del contrato firmado con Campos, sino de que de los trabajos por los que facturaba al Consistorio se realizaran. Consideran incluso que muchos de los informes con los que se justifican los pagos se realizaron a posteriori.
TOMARES DIGITAL / REDACCIÓN
