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La grupos de la oposición de Tomares convocan un pleno para exigir el cese de los imputados

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Tomares, PSOE y PA, registraron ayer una solicitud de convocatoria de pleno para que se celebre un pleno extraordinario, después de que el alcalde José Luis Sanz esté incumpliendo la Ley que le obliga a convocar un pleno ordinario al mes, y no haya hecho lo propio desde el pasado mes de noviembre.

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En la convocatoria auspiciada por los grupos socialista y andalucista se insta al alcalde a retirar las competencias municipales a los concejales imputados del Partido Popular -Eloy Carmona, Juan Campos y Mercedes Fuentes-, así como a exigir la dimisión de los mismos para preservar el buen nombre del municipio de Tomares.

Además, se propone la realización de una auditoría externa de las cuentas municipales que han quedado evidenciadas tras la aparición de facturas vinculadas al PP de Andalucía cargadas al Ayuntamiento de Tomares, la existencia de la presunta trama de facturas falsas del PP que instruye el Juzgado de Instrucción Número 8 de Sevilla o la posible contratación irregular de personal que ha admitido a trámite el Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla. Asimismo, se solicitarán los reparos de la Intervención municipal que se hubieran emitido en el caso del contrato del asesor del PP por la supuesta emisión de facturas falsas en el Consistorio.

Para PSOE y PA es urgente que se presenten las cuentas de 2012, que según la Ley debieron presentarse a los grupos de la oposición antes de mayo de 2013, y que casi un año después se desconocen, lo que hace pensar a la oposición que "ocultan mayores desmanes de los descubiertos hasta el momento".

Por último, socialistas y andalucistas han acordado solicitar la creación de un órgano de control del Gobierno previsto en la Ley, obligatorio para el funcionamiento de un Ayuntamiento democrático y que no ha sido constituido hasta ahora, por voluntad expresa del alcalde de Tomares y de sus concejales, que se han negado, evitando así los mecanismos de control que la Ley dispone para los grupos de la oposición en cualquier Ayuntamiento.

MARÍA JOSÉ UFARTE / REDACCIÓN