El alcalde de Tomares y posible candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el Partido Popular, José Luis Sanz, estaría pagando gratificaciones extraordinarias de forma ilícita a algunos funcionarios municipales, desde al menos el año 2010.
Como muestra la imagen, los funcionarios gratificados han sido Jesús Antonio de la Rosa, secretario municipal; Antonio Martín Matas, interventor; Alfonso Barrios, actual vicesecretario interventor; y a la tesorera María José Dachary. Todos ellos habrían cobrado la cantidad de 570 euros varias veces al año. En 2012 estas gratificaciones fueron abonadas hasta en seis ocasiones, mientras que el año pasado fueron tres.
Según el Real Decreto 861/86 por el que se establece el régimen de las retribuciones de los Funcionarios de Administración Local estas gratificaciones extraordinarias nunca pueden ser de una cantidad fija y tampoco pueden ser periódicas ya que están pensadas para responder a una labor concreta fuera del horario laboral.
Las reacciones por parte de la oposición no se han hecho esperar. El portavoz del Partido Andalucista (PA) en el Ayuntamiento de Tomares, Alberto Mercado, ha calificado de “extremadamente grave" esta situación no solo por "el hecho de incumplir la Ley por pagar sistemáticamente una cantidad fija sin justificar, si no por quienes son los perceptores de estas abultadas cantidades, los funcionarios habilitados por el Estado para vigilar la legalidad de cuanto se hace en el Ayuntamiento de Tomares”.
Mercado, ha manifestado que “es legal y éticamente reprobable esta acción del líder del PP de Andalucía, del que ahora entendemos que se sintiera tan relajado y confiado en que declarasen estos funcionarios como testigos en los Juzgados el pasado lunes" porque "cree Sanz que puede comprar la voluntad, dignidad y honestidad de los mismos con ingresos de dinero público en sus nóminas”.
Frente a esto, Mercado ha querido mostrar su confianza en que “las declaraciones de estos funcionarios se ajusten a la legalidad y a manifestar ante los Juzgados cuánto conocen, puesto que ha pensado Sanz que con unas gratificaciones puede cambiar el rumbo de las investigaciones judiciales”.
Tanto el interventor como el secretario municipal de Tomares declararon el lunes ante la juez que investiga la contratación del actual concejal de Medio Ambiente, Juan Campos, para elaborar informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil. Informes que en algunos casos contaban con apenas tres líneas y cuyos pagos fueron justificados después por el Ayuntamiento. En la causa ya han declarado como imputados el propio Campos, el concejal de Presidencia y número dos del PP provincial, Eloy Carmona, y la actual edil de Cultura y exconcejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes.
Como muestra la imagen, los funcionarios gratificados han sido Jesús Antonio de la Rosa, secretario municipal; Antonio Martín Matas, interventor; Alfonso Barrios, actual vicesecretario interventor; y a la tesorera María José Dachary. Todos ellos habrían cobrado la cantidad de 570 euros varias veces al año. En 2012 estas gratificaciones fueron abonadas hasta en seis ocasiones, mientras que el año pasado fueron tres.
Según el Real Decreto 861/86 por el que se establece el régimen de las retribuciones de los Funcionarios de Administración Local estas gratificaciones extraordinarias nunca pueden ser de una cantidad fija y tampoco pueden ser periódicas ya que están pensadas para responder a una labor concreta fuera del horario laboral.
Las reacciones por parte de la oposición no se han hecho esperar. El portavoz del Partido Andalucista (PA) en el Ayuntamiento de Tomares, Alberto Mercado, ha calificado de “extremadamente grave" esta situación no solo por "el hecho de incumplir la Ley por pagar sistemáticamente una cantidad fija sin justificar, si no por quienes son los perceptores de estas abultadas cantidades, los funcionarios habilitados por el Estado para vigilar la legalidad de cuanto se hace en el Ayuntamiento de Tomares”.
Mercado, ha manifestado que “es legal y éticamente reprobable esta acción del líder del PP de Andalucía, del que ahora entendemos que se sintiera tan relajado y confiado en que declarasen estos funcionarios como testigos en los Juzgados el pasado lunes" porque "cree Sanz que puede comprar la voluntad, dignidad y honestidad de los mismos con ingresos de dinero público en sus nóminas”.
Frente a esto, Mercado ha querido mostrar su confianza en que “las declaraciones de estos funcionarios se ajusten a la legalidad y a manifestar ante los Juzgados cuánto conocen, puesto que ha pensado Sanz que con unas gratificaciones puede cambiar el rumbo de las investigaciones judiciales”.
Tanto el interventor como el secretario municipal de Tomares declararon el lunes ante la juez que investiga la contratación del actual concejal de Medio Ambiente, Juan Campos, para elaborar informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil. Informes que en algunos casos contaban con apenas tres líneas y cuyos pagos fueron justificados después por el Ayuntamiento. En la causa ya han declarado como imputados el propio Campos, el concejal de Presidencia y número dos del PP provincial, Eloy Carmona, y la actual edil de Cultura y exconcejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes.
TOMARES DIGITAL / REDACCIÓN
