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domingo, 23 de junio de 2019

  • 23.6.19
El Gobierno de derechas de Andalucía –de dos cabezas y una cola de intenso pelaje azul–, que hace menos de seis meses desalojó a los socialistas del poder tras detentarlo durante 36 años ininterrumpidamente, no hace más que presumir de medidas de fuerte contenido social, mucho más sociales que las de los socialistas, con las que intentan ocultar su ideología política y sus intenciones neoliberales de adelgazamiento de la Administración Autonómica respecto de lo que consideran “gasto” o “despilfarro”, destinado a corregir desigualdades o brindar oportunidades a los más desfavorecidos.



Llama la atención ese afán por destacar en lo que siempre ha despreciado y menos le importa a la derecha: invertir recursos públicos en medidas supuestamente sociales o “progresistas”. Incluso, hace uso de esa etiqueta (“los más sociales de la historia”) para calificar al proyecto de Ley de los primeros Presupuestos que el Gobierno, formado por el Partido Popular y Ciudadanos, ha remitido al Parlamento andaluz para su trámite y aprobación, encontrándose no sólo con el rechazo de la oposición, sino con una enmienda a la totalidad de Vox, la formación de ultraderecha, su socio parlamentario y, por tanto, la cola inseparable del Ejecutivo.

Como cabía esperar tras el teatral desencuentro, al final los ultras retiraron su veto a los Presupuestos andaluces una vez ejecutado el trueque de cromos que realizaron en Madrid los líderes de estas tres derechas para acordar exhibir una complicidad menos hipócrita entre ellas en aquellos municipios y gobiernos regionales donde puedan repetir el “modelo andaluz” de explícita tricefalia, pero ya sin cola: repartiéndose cargos y prebendas.

Y es que esa cola indisciplinada constituye en realidad la cabeza del león, en tanto en cuanto domina el quehacer gubernamental, imponiéndole las metas e iniciativas a seguir (violencia intrafamiliar, quitar recursos a la inmigración, reducción de “chiringuitos” de la Administración, etc.), como acaba de demostrar en Andalucía a la hora de condicionar los Presupuestos de los próximos años.

De ahí que, ante la imposición por parte de Voz de “derechizar” cuanto antes la realidad social y política de Andalucía, que sus socios asumen pero que preferirían dosificar, el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos intenta exhibir una máscara social que disimule sus reales intenciones conservadoras y neoliberales.

Pretende ocultar lo que hace cuando gobierna, como, por ejemplo, en Madrid, Murcia, Galicia y Castilla y León, comunidad esta última donde, por cierto, el PP acapara el poder desde hace 30 años sin merecer el insulto (a los votantes) de “régimen” con el que calificó en Andalucía a los gobiernos del PSOE. Allí, permanecer en el poder durante décadas, es democracia; aquí, tal longevidad conseguida en las urnas, es sinónimo de “régimen” clientelar de votantes sobornados. Así de descarada y faltona es la derecha.

Por eso, desde el primer minuto, el gobierno tricéfalo de la Junta de Andalucía ha emprendido una campaña por aparentar ser el más “social” de la historia. No hay duda de que sabe vender sus primeras iniciativas, las más estratégicas y mediáticas, para ganarse la confianza de los ciudadanos. Así, ha bonificado al 99 por ciento el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que grava herencias a partir del millón de euros. Se supone que era lo que demandaba la ciudadanía, sobre todo los trabajadores y clases medias.

Por el mismo motivo, también ha descubierto, en un tiempo récord, que los anteriores gobiernos “maquillaban” el volumen real de las listas de espera de la sanidad pública, razón por la que ha puesto en marcha, con su correspondiente campaña mediática, un “plan de choque” para reducir tales listas en los hospitales del SAS (Servicio Andaluz de Salud) y, si fuera necesario, “externalizarlas” a clínicas privadas que mantengan conciertos con la sanidad pública.

Y como, al parecer, ya existe financiación sin recortes (que impuso el Gobierno del PP de Mariano Rajoy en 2012), la derecha gobernante en Andalucía anuncia, a bombo y platillo, que los nuevos contratos de eventuales en la sanidad serán, como mínimo, de seis meses de duración; que ampliarán unas plantillas depauperadas precisamente a causa de aquellos recortes; que pagarán horas extras sin límites; que adquirirán decenas de TAC y Resonancias Magnéticas y, por supuesto, que suspenderá de inmediato la “ideológica” subasta de medicamentos que aplicaba el antiguo Ejecutivo andaluz y se sumará a la central de compras nacional, centralizada en Madrid.

Lástima que este último anuncio choque con lo recomendado por la AIReF, puesto que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal aconseja aplicar a escala nacional el sistema andaluz de subastas de medicamentos, que supondría un ahorro de hasta 1.000 millones de euros hasta 2022. En fin…

Que la derecha pretenda parecer más “social” que la izquierda, puede ser una estrategia a corto plazo y dirigida a los más ingenuos, pero que, a la larga, no engaña a nadie ni sirve para nada. Porque, tarde o temprano, acaba comportándose tal cual es: favorecedora de las élites y el capital, con intenciones de adelgazar al Estado para que el mercado satisfaga las necesidades de los ciudadanos, deseosa de imponer su modelo social (elitista y tradicional), económico (capitalista) y moral (católica que tutela a la sociedad) a toda la población, incluida la que no le vota ni comulga con sus ideas.

Es intolerante y sectaria, y contraria acérrima del gasto “social”, aunque ahora pretenda emular una preocupación por la inversión pública en materias de esta naturaleza. Pura estratagema coyuntural con fines, no sociales, sino electoralistas.

Tras los planes de choques contra las listas de espera vendrán “externalizaciones” de más servicios y prestaciones sanitarias; tras los derechos de los padres a una educación “a la carta”, aparecerán más conciertos con colegios privados segregacionistas y católicos; tras la central de compras de medicamentos, retornarán los copagos en función de la renta o los intereses farmacéuticos; tras la bajada de impuestos (directos, naturalmente), florecerán los impuestos indirectos que no discriminan según los ingresos ni suponen ninguna progresividad fiscal; tras todas las supuestas bondades “sociales” ahora expresadas por la derecha, acabarán imponiéndose condicionantes de “sostenibilidad” o rentabilidad que las cercenarán de las partidas presupuestarias y de los programas políticos. En definitiva, se caerá la máscara social de la derecha. Y si no, al tiempo.

DANIEL GUERRERO

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