El Consejo de Gobierno acaba de aprobar un nuevo plan de urgencia contra el empleo. Hace dos meses puso en marcha uno dirigido a jóvenes, dotado con 200 millones de euros, y ahora ha presentado otro enfocado a parados de larga duración mayores de 30 años. Este programa, con un presupuesto de 106 millones, dará prioridad a personas en riesgo de exclusión (que cobren el salario social), a quienes hayan agotado las prestaciones por desempleo y a los que tengan más dificultad para incorporarse al mercado de trabajo. En ambos casos la estrategia para generar puestos de trabajo es la misma: la Junta ofrecerá incentivos a los ayuntamientos y a entidades sin ánimo de lucro para que hagan contratos a tiempo completo de seis meses, o temporales de tres meses. La previsión es crear entre 15.000 y 20.000 empleos.
Este plan de empleo para mayores de 30 años cuenta con la mitad del presupuesto que financió el anterior (pensado para jóvenes), a pesar de que el primer colectivo es el más afectado desde el inicio de la crisis, como reconoció la Junta. En Andalucía hay más de 400.000 parados de larga duración mayores de 30 años, y alrededor de 250.000 jóvenes desempleados. Si se destina la mitad del presupuesto para el doble de población, ha explicado el consejero de Economía y Empleo, José Sánchez Maldonado, es porque existe una evidente «limitación presupuestaria». Pero también porque el perfil del parado joven, que en muchos casos cuenta con estudios o posibilidad de reengancharse a la escuela, le convierte en «prioritario» para la Junta, a la hora de abordar un problema estructural que afecta al 35% de la población activa.
Entre los 400.000 parados de larga duración mayores de 30 años, más del 50% trabajaban en el sector servicios, el 16% en la construcción y el 17% en la agricultura. Dos de cada tres personas de este universo sólo tienen estudios secundarios, y el 49% de las mujeres ni siquiera culminó los estudios primarios. De modo que no es sólo el colectivo más afectado por el paro, también es «el más difícil de recolocar» en el mercado laboral, admitió Sánchez.
El decreto ley que regula el llamado programa Emple@30 se articulará a través de dos grandes líneas de ayudas: la primera, dotada con 80 millones de euros para 2014 y parte de 2015, facilitará contrataciones en proyectos de obras y servicios a través de los ayuntamientos. Los consistorios serán quienes contraten y la Junta correrá con el gasto del 100% del salario y la seguridad social. Los sueldos, según cuatro categorías laborales, oscilarán entre los 1.300 y los 1.700 euros. Según una cláusula del programa, los ayuntamientos no podrán sustituir a personal estructural de su administración (aquellos que, por ejemplo, hayan aprobado un ERE) con los nuevos contratos. A la hora de repartir los fondos entre los ayuntamientos (que deberán solicitar las ayudas por vía telemática a través del SAE), la Junta tendrá en cuenta dos criterios: la tasa de paro en cada municipio y el peso poblacional. En todo caso, seis millones están garantizados para repartir entre los 771 municipios de Andalucía, dado que se ha aprobado una dotación mínima para cada ayuntamiento de 7.800 euros (con independencia de las ayudas que le autoricen).
La segunda línea de ayudas, dotada con 26 millones, va a financiar proyectos sociales y de utilidad colectiva gestionados por entidades privadas sin ánimo de lucro. La Junta concederá hasta un máximo de 200.000 euros por cada ONG, y primará los contratos de hasta seis meses en proyectos de dependencia, recursos de proximidad y a domicilio, gestión sostenible, economía social, innovación, comercio, tecnología de la información, voluntariado, medio ambiente, cultura y ocio. Se primará el número de contratos que se creen, el objetivo del proyecto y la posibilidad de cofinanciación. Los salarios que ofrecerán las ONG oscilarán entre el 1,5 y el 3 del Iprem (entre 789,7 y 1.597,5 euros).
Este plan de empleo para mayores de 30 años cuenta con la mitad del presupuesto que financió el anterior (pensado para jóvenes), a pesar de que el primer colectivo es el más afectado desde el inicio de la crisis, como reconoció la Junta. En Andalucía hay más de 400.000 parados de larga duración mayores de 30 años, y alrededor de 250.000 jóvenes desempleados. Si se destina la mitad del presupuesto para el doble de población, ha explicado el consejero de Economía y Empleo, José Sánchez Maldonado, es porque existe una evidente «limitación presupuestaria». Pero también porque el perfil del parado joven, que en muchos casos cuenta con estudios o posibilidad de reengancharse a la escuela, le convierte en «prioritario» para la Junta, a la hora de abordar un problema estructural que afecta al 35% de la población activa.
Entre los 400.000 parados de larga duración mayores de 30 años, más del 50% trabajaban en el sector servicios, el 16% en la construcción y el 17% en la agricultura. Dos de cada tres personas de este universo sólo tienen estudios secundarios, y el 49% de las mujeres ni siquiera culminó los estudios primarios. De modo que no es sólo el colectivo más afectado por el paro, también es «el más difícil de recolocar» en el mercado laboral, admitió Sánchez.
El decreto ley que regula el llamado programa Emple@30 se articulará a través de dos grandes líneas de ayudas: la primera, dotada con 80 millones de euros para 2014 y parte de 2015, facilitará contrataciones en proyectos de obras y servicios a través de los ayuntamientos. Los consistorios serán quienes contraten y la Junta correrá con el gasto del 100% del salario y la seguridad social. Los sueldos, según cuatro categorías laborales, oscilarán entre los 1.300 y los 1.700 euros. Según una cláusula del programa, los ayuntamientos no podrán sustituir a personal estructural de su administración (aquellos que, por ejemplo, hayan aprobado un ERE) con los nuevos contratos. A la hora de repartir los fondos entre los ayuntamientos (que deberán solicitar las ayudas por vía telemática a través del SAE), la Junta tendrá en cuenta dos criterios: la tasa de paro en cada municipio y el peso poblacional. En todo caso, seis millones están garantizados para repartir entre los 771 municipios de Andalucía, dado que se ha aprobado una dotación mínima para cada ayuntamiento de 7.800 euros (con independencia de las ayudas que le autoricen).
La segunda línea de ayudas, dotada con 26 millones, va a financiar proyectos sociales y de utilidad colectiva gestionados por entidades privadas sin ánimo de lucro. La Junta concederá hasta un máximo de 200.000 euros por cada ONG, y primará los contratos de hasta seis meses en proyectos de dependencia, recursos de proximidad y a domicilio, gestión sostenible, economía social, innovación, comercio, tecnología de la información, voluntariado, medio ambiente, cultura y ocio. Se primará el número de contratos que se creen, el objetivo del proyecto y la posibilidad de cofinanciación. Los salarios que ofrecerán las ONG oscilarán entre el 1,5 y el 3 del Iprem (entre 789,7 y 1.597,5 euros).
TOMARES DIGITAL / REDACCIÓN
