La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha afirmado en el Parlamento que el desarrollo del Decreto 2/2012 de 10 de enero de Regularización de Viviendas Ilegales en Andalucía se encuentra en una primera fase de tramitación, “cuyo impulso corresponde a los ayuntamientos”.
Según ha manifestado, son los municipios “los que tienen que poner en marcha el proceso, por iniciativa propia o a petición de los interesados”, para que el resto de la norma se pueda aplicar. Serrano ha animado a las corporaciones locales a que sigan trabajando en este ámbito y ha asegurado que “es fundamental que los municipios realicen un diagnóstico exhaustivo de la situación real de su territorio y en base al mismo establezcan la estrategia más adecuada para abordar la solución a la problemática existente”.
La titular de Medio Ambiente de la Junta ha expresado, además, la voluntad de diálogo y colaboración del departamento que dirige con las instituciones que actúan en el territorio y con el conjunto de las fuerzas políticas que representan a la ciudadanía andaluza.
A lo largo de su comparecencia, la titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta ha explicado que para que el Decreto “despliegue todos sus efectos”, los municipios tienen que definir qué viviendas irregulares se encuadran en los asentamientos urbanísticos, con qué hábitats rurales diseminados cuentan y por último, cuáles son las edificaciones aisladas cuyas reconducción debe venir de la mano de la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO).
En su intervención, María Jesús Serrano se ha centrado en explicar el balance del Decreto y en cómo se otorga la figura de ‘asimilado a fuera de ordenación’ (AFO) y qué municipios cuentan ya con ella. Ha recordado que pueden acogerse a los AFO aquellas obras, instalaciones o edificaciones para las que han cumplido los plazos para poner en marcha medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística. En definitiva, “situaciones en las que no se puede restaurar el orden jurídico perturbado y en las que no es posible, ni legal ni materialmente, llevar a cabo actuaciones de demolición”, ha matizado Serrano.
271 municipios ya han superado la primera fase
Según la consejera, un total de 271 localidades ya han superado esta primera fase y están, por tanto, en condiciones de que el Decreto se haga efectivo sobre el conjunto de las diversas modalidades de construcciones o edificaciones existentes en sus territorios.
La consejera ha explicado que la diversidad de Andalucía hace que la aplicación del Decreto sea diferente dependiendo de la provincia en cuestión. En este sentido, “no caben soluciones únicas y es necesario que revisemos algunos extremos de nuestra normativa que, ante la disparidad de situaciones, crean tratamiento injustos”.
La declaración de AFO garantiza la habitabilidad sostenible de las edificaciones que se encuentran en esta situación, facilitando el acceso a suministros básicos como el agua potable y la luz eléctrica. La consejera ha destacado en su comparecencia, en relación a esta cuestión, que esta figura permite que la Administración pueda imponer a los propietarios medidas compensatorias, así como acceder al registro de la propiedad con la consiguiente seguridad jurídica que ellos comporta para sus propietarios y futuras trasmisiones. Para la responsable de estas competencias del Gobierno andaluz, “supone el reconocimiento y la garantía jurídica de un uso digno, sostenible y seguro de las edificaciones”.
Por último, Serrano ha manifestado que próximamente se entrará en la segunda fase de aplicación del Decreto, en el que se incorporarán los asentamientos diagnosticados a los planeamientos urbanísticos. Además, ha reconocido que “lo más difícil, será el momento de la ejecución de los mismos”. Para la consejera, “seguimos trabajando en el reglamento de planeamiento para incorporar soluciones que faciliten la ejecución de los mismos, dentro del marco legalmente establecido por la LOUA, así como el resto de la legislación vigente”.
Según ha manifestado, son los municipios “los que tienen que poner en marcha el proceso, por iniciativa propia o a petición de los interesados”, para que el resto de la norma se pueda aplicar. Serrano ha animado a las corporaciones locales a que sigan trabajando en este ámbito y ha asegurado que “es fundamental que los municipios realicen un diagnóstico exhaustivo de la situación real de su territorio y en base al mismo establezcan la estrategia más adecuada para abordar la solución a la problemática existente”.
La titular de Medio Ambiente de la Junta ha expresado, además, la voluntad de diálogo y colaboración del departamento que dirige con las instituciones que actúan en el territorio y con el conjunto de las fuerzas políticas que representan a la ciudadanía andaluza.
A lo largo de su comparecencia, la titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta ha explicado que para que el Decreto “despliegue todos sus efectos”, los municipios tienen que definir qué viviendas irregulares se encuadran en los asentamientos urbanísticos, con qué hábitats rurales diseminados cuentan y por último, cuáles son las edificaciones aisladas cuyas reconducción debe venir de la mano de la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO).
En su intervención, María Jesús Serrano se ha centrado en explicar el balance del Decreto y en cómo se otorga la figura de ‘asimilado a fuera de ordenación’ (AFO) y qué municipios cuentan ya con ella. Ha recordado que pueden acogerse a los AFO aquellas obras, instalaciones o edificaciones para las que han cumplido los plazos para poner en marcha medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística. En definitiva, “situaciones en las que no se puede restaurar el orden jurídico perturbado y en las que no es posible, ni legal ni materialmente, llevar a cabo actuaciones de demolición”, ha matizado Serrano.
271 municipios ya han superado la primera fase
Según la consejera, un total de 271 localidades ya han superado esta primera fase y están, por tanto, en condiciones de que el Decreto se haga efectivo sobre el conjunto de las diversas modalidades de construcciones o edificaciones existentes en sus territorios.
La consejera ha explicado que la diversidad de Andalucía hace que la aplicación del Decreto sea diferente dependiendo de la provincia en cuestión. En este sentido, “no caben soluciones únicas y es necesario que revisemos algunos extremos de nuestra normativa que, ante la disparidad de situaciones, crean tratamiento injustos”.
La declaración de AFO garantiza la habitabilidad sostenible de las edificaciones que se encuentran en esta situación, facilitando el acceso a suministros básicos como el agua potable y la luz eléctrica. La consejera ha destacado en su comparecencia, en relación a esta cuestión, que esta figura permite que la Administración pueda imponer a los propietarios medidas compensatorias, así como acceder al registro de la propiedad con la consiguiente seguridad jurídica que ellos comporta para sus propietarios y futuras trasmisiones. Para la responsable de estas competencias del Gobierno andaluz, “supone el reconocimiento y la garantía jurídica de un uso digno, sostenible y seguro de las edificaciones”.
Por último, Serrano ha manifestado que próximamente se entrará en la segunda fase de aplicación del Decreto, en el que se incorporarán los asentamientos diagnosticados a los planeamientos urbanísticos. Además, ha reconocido que “lo más difícil, será el momento de la ejecución de los mismos”. Para la consejera, “seguimos trabajando en el reglamento de planeamiento para incorporar soluciones que faciliten la ejecución de los mismos, dentro del marco legalmente establecido por la LOUA, así como el resto de la legislación vigente”.
TOMARES DIGITAL / REDACCIÓN
