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miércoles, 19 de febrero de 2014

  • 19.2.14
El Gobierno andaluz ha aprobado el proyecto de Ley de Transparencia Pública, que obliga a todas las instituciones y entidades, públicas o privadas, a rendir cuentas y que prevé sanciones de hasta 400.000 euros a las que no faciliten información y, en su caso, la destitución de cargos públicos.

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El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha subrayado en conferencia de prensa que esta norma, que ha tildado de "contundente", pretende que todo lo público sea transparente, ya que "como gobierno —ha dicho— no podemos ni debemos ignorar la gran desafección política que existe", al tiempo que ha asegurado que es más "avanzada" que la nacional.

La nueva norma prevé la creación de una Comisión Consultiva de Subvenciones para resolver "cualquier duda" sobre la concesión de ayudas y cuyas resoluciones serán públicas, así como del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, que tendrá un director "independiente" que designará el Parlamento por mayoría absoluta.

La ley, que está abierta a nuevas aportaciones y que no entrará en vigor hasta un año después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que se pueda adaptar a la estructura de la Administración, garantiza el acceso de los ciudadanos a la información en un plazo máximo de veinte días. Al proyecto se han incorporado algunas alegaciones planteadas por la ciudadanía y los agentes sociales, entre ellas la clarificación de la multa coercitiva a las empresas y entidades privadas que se nieguen a facilitar información, así como la obligatoriedad de publicar los órdenes del día y acuerdos de los Consejos de Gobierno, lo que ya se hace desde el pasado 27 de diciembre.

El texto se ha adaptado para cumplir con la Ley estatal de Transparencia, aunque la andaluza es más "exigente" en la regulación de los partidos políticos, pues, además de tener que informar de los contratos, convenios y subvenciones públicas, tienen que cumplir con normas de transparencia análogas a las de las administraciones si quieren financiarse con dinero público. El consejero ha destacado, además, que cuando los partidos sean beneficiarios de subvenciones en la comunidad estarán obligados a facilitar información sobre lo realizado con ese dinero si los ciudadanos lo piden.

La ley incluye un régimen sancionador que exigirá responsabilidad a las autoridades y al personal de la Junta; a las personas físicas y jurídicas que estén obligadas a suministrar información por la norma; a los partidos, sindicatos y patronal, y otras entidades que financien su actividad en parte con fondos públicos. Las autoridades podrán ser sancionadas con el cese en el cargo y, en el caso de las infracciones muy graves, con la imposibilidad de volver a ser nombrado en un período de hasta tres años. Respecto a otras personas y entidades, las sanciones previstas son amonestación y multa, que, dependiendo de la gravedad, pueden ir desde 200 euros hasta 400.000.

El proyecto de ley recoge, igualmente, la imposición de multas coercitivas a quienes presten servicios públicos o ejerzan funciones administrativas, de contratistas y beneficiarios de subvenciones que incumplan la obligación de suministrar en el plazo de quince días aquella información que sea necesaria para el cumplimiento de esta norma. En caso de no ser atendido este requerimiento, se les podrán imponer multas coercitivas que van desde 100 a 1.000 euros, de forma reiterada cada quince días, hasta su cumplimiento.

En cuanto a los ayuntamientos, tendrán que publicar las ordenanzas o reglamentos locales, incluidas las versiones iniciales, y retransmitir en directo los plenos locales por internet, siempre que sea posible, o, una vez celebrado, permitir el acceso al archivo audiovisual, mientras que los asistentes podrán realizar la grabación de las sesiones por sus propios medios.

La norma obliga a publicar datos relativos a la deuda pública y al gasto en campañas de publicidad institucional, así como información sobre sedes físicas, horarios de atención al público; delegaciones de competencia; relaciones de puestos de trabajo y retribuciones; acuerdos reguladores de condiciones laborales; oferta pública de empleo; procesos de selección del personal; miembros de órganos de representación y número de liberados.

MARÍA JOSÉ UFARTE / REDACCIÓN

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