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domingo, 10 de marzo de 2019

  • 10.3.19
La Iglesia tiene un cáncer en sus entrañas y no sabe o no se atreve a combatirlo con decisión quirúrgica: se limita a recomendar aspirinas para ver si se alivia. Es la conclusión que se extrae de la insólita cumbre celebrada en el Vaticano, del 21 al 24 de febrero pasados, por los jerarcas de la Iglesia Católica para reflexionar y buscar soluciones a la pederastia y abusos a menores que se cometen tras los muros de parroquias y centros religiosos en todo el orbe cristiano.



190 obispos, cardenales y arzobispos, cuyas diócesis estuvieron representadas por 114 presidentes de conferencias episcopales, fueron convocados a Roma por el Papa Francisco, desbordado por los escándalos que proliferan en el seno de la iglesia causados por sacerdotes que abusan sexualmente de fieles y acólitos, socavando la imagen y la credibilidad de una institución que basa su existencia en la fe y la moral cristianas.

Una cumbre que levantó mucha expectación entre las miles de víctimas abusadas por parte del clero, pero que, ante la constatación de la gravedad y envergadura de un problema, como es la pederastia que corroe la moralidad de la Iglesia Católica, los prelados optaron por culpar al diablo y recomendar un “cambio de mentalidad” para atajar el mal. Simples aspirinas.

La aparición de casos de escándalos sexuales perpetrados por sacerdotes, de los que han sido víctimas, según algunas investigaciones, alrededor de 100.000 menores de edad en centros católicos repartidos por el mundo, ha motivado la convocatoria de esta cumbre pontificia que ha decepcionado a las víctimas y a quienes esperaban un cambio radical de actitud de la Iglesia.

La jerarquía eclesiástica, santos varones enfaldados, muchos de los cuales son cómplices de los abusadores por encubrir y ocultar conductas no solo pecaminosas sino delictivas de algunos sacerdotes de sus diócesis, sólo fue capaz de pronunciar frases compungidas y difusas “mea culpa” con las que solventar el problema.

Y de editar un ambiguo vademécum de orientación a los obispos, que obligará comunicar a la justicia ordinaria (civil, por supuesto) futuros casos de abusos sexuales por parte del clero, como si la Iglesia acabara de conocer que los abusos a menores son crímenes perseguidos y castigados en cualquier país democrático que respete los Derechos Humanos de los más indefensos: los niños.

No profundizaron los clérigos católicos en las causas de un mal que se engendra en una organización arcaica de moral retrógrada, basada en un régimen teocrático de estructura machista, homófoba y patriarcal que, para colmo, obliga a sus integrantes a un hipócrita celibato y un voto de castidad que provoca no pocos trastornos psiquiátricos o traumas.

No son extrañas, por tanto, esas pulsiones sexuales reprimidas en el clero de una Iglesia para la que el sexo es una obsesión condenable, solo si la comete la feligresía, fruto del pecado y por culpa sobre todo de la mujer, un ser pecaminoso, que ya tentó a Adán, al que hay que someter como monja o esposa.

 Así surgen casos, como el clan de los Romanones de Granada, que veían en los acólitos sus objetos sexuales de placer, esos miles de escándalos de abusos a menores que se están conociendo ahora y hasta libros bochornosos, como el del arzobispo granadino, que recomienda a las mujeres Cásate y sé sumisa.

Incluso el número tres del Vaticano, el cardenal George Pell, miembro del círculo de confianza del Papa y encargado de las finanzas de la Iglesia, ha sido presa de esa doble moral que caracteriza a una parte del clero que abusa de menores mientras sermonea contra divorciados y homosexuales. El altísimo príncipe purpurado ha sido condenado por un tribunal de Australia, de donde es natural y ejerció el sacerdocio, a ingresar en prisión por sus delitos. Y es que el cáncer está tan extendido que tiene metástasis por todo el cuerpo de la Iglesia.

Los jerarcas católicos, reunidos en esa cumbre sobre la pederastia y abusos sexuales a menores en la Iglesia, han desperdiciado la oportunidad de corregir con contundencia y medidas concretas el problema que allí los congregaba.

Volvieron a olvidarse de las víctimas, a las que no escucharon de viva voz ni dejaron participar para que aportasen sus propuestas, en su ofuscación por minimizar el daño a la imagen y la credibilidad de la organización religiosa que lideran. Ni siquiera abordaron que esta crisis de abusos se inscribe en la tendencia homosexual, negada pero no completamente reprimida, existente en buena parte del clero católico.

Y de esa concepción de la sexualidad humana como acto condenable por constituir un pecado de la carne que únicamente debe estar orientado a la procreación, no para el disfrute, y que lleva a la Iglesia a mantener estereotipos machistas y patriarcales de la familia, la vida en pareja y las relaciones entre adultos. También a prohibir el uso del preservativo incluso para prevenir enfermedades de transmisión sexual.

Intentaron banalizar el grave problema que afecta a la reputación de la Iglesia aduciendo que el grueso de los casos de abusos a menores en la sociedad se producen fuera de los muros religiosos y son cometidos en el ámbito familiar, pero olvidaron reconocer que, aun siendo un porcentaje menor, los abusos del clero gozaron de la laxitud y el silencio de las autoridades eclesiásticas, la impunidad de los culpables, la falta de empatía hacia las víctimas cuando no su culpabilidad y del encubrimiento y ocultación sistémicos para evitar el escándalo público por parte de quienes tenían la obligación, al menos desde esa moral que predican, de zanjarlo con determinación y sin hipocresías.

Por eso, en una actitud defensiva, no se acordó en la cumbre de la pederastia medidas de tolerancia cero, de expulsión del sacerdocio de todo cura abusador, de mecanismos de rendición de cuentas, de abolir el secreto pontificio, de evitar juicios opacos eclesiásticos que se sustancian sólo con el traslado del delincuente a otra parroquia, y de derivar siempre a la justicia civil, desde el primer momento, los indicios de todo delito de abusos sexuales que se cometan en el seno de la Iglesia.

No cabía esperar otra cosa. Pero todo lo que no sea cortar de raíz este mal, actuando sobre las causas profundas y dogmáticas que lo generan, será inútil y perjudicial para una Iglesia como institución religiosa que pretende la tutela moral de la sociedad, y lo que es peor, no evitará que se sigan cometiendo “actos impuros” contra niños inocentes que se acercan a estos depredadores sexuales. Será como tratar con aspirinas un cáncer, el que corroe a la Iglesia católica. Y su pronóstico es gravísimo.

DANIEL GUERRERO

domingo, 3 de marzo de 2019

  • 3.3.19
Venezuela está presente, desde hace unos años, en la agenda mediática. El país es objeto de una sobreexposición que lo lleva a ocupar diariamente los titulares informativos, en los que las palabras "libertad", "democracia" y "crisis humanitaria" resumen una situación que dista mucho de abarcar toda la realidad del país sudamericano.



Sin embargo, la inmensa mayoría de los consumidores de esa información llega al convencimiento de que en Venezuela la democracia ha sido traicionada por el Gobierno de Nicolás Maduro y que el desabastecimiento y las carencias, en un país paradójicamente rico, empujan a la población a las garras de la pobreza, razones que sirven para justificar la intervención en socorro de los venezolanos y en defensa de la democracia por parte de la "comunidad internacional".

Se produce, así, una respuesta internacional que, en las últimas fechas, se ha visto reforzada con la intervención de EEUU, el todopoderoso vecino del norte que, por iniciativa de la Administración Trump, ha decido poner “fecha de caducidad” a la situación y exigir el abandono del poder por parte del actual presidente del Gobierno bolivariano.

Y lo hace, para meter presión, recurriendo al envío de una ayuda humanitaria que ni ha sido solicitada ni cuenta con permiso aduanero para entrar en el país, lo que ha desencadenado en los pasos fronterizos con Colombia, fundamentalmente, un enfrentamiento, entre civiles que pretendían introducir esa ayuda al país y agentes del orden y del ejército que trataban de impedirlo, que ha causado al menos cinco muertos y cientos de heridos. ¿Es esta toda la verdad?

La historia de los conflictos en América Latina es tan extensa como el propio relato histórico de unas naciones que, desde los tiempos del descubrimiento, de la conquista y de la colonización, han sido objeto de explotación y dependencia del imperio de turno para saquear sus riquezas naturales, abundantes en el continente americano.

España, Portugal, Inglaterra, Holanda, hasta llegar a los actuales Estados Unidos, han sido, entre otras, las potencias extranjeras que, a lo largo de la historia, han colonizado y subordinado la existencia de los países latinoamericanos al proceso de expansión de un capitalismo comercial que convertía a cada uno de ellos en una factoría que enriquecía al colonizador y empobrecía al colonizado.

Y no por maldad, sino porque así actúa el sistema capitalista, cuyo funcionamiento descansa necesariamente en la desigualdad, ya que para que haya unos pocos ricos han de haber muchos pobres. Y desde el saqueo inicial se ha evolucionado hacia el agiotismo económico que, mediante transacciones bursátiles, reglas comerciales y leyes internacionales, continúa exprimiendo aquellos países, sobre todo si disponen de riquezas y bienes naturales, como el petróleo, en beneficio de los imperios dominantes de cada época.

Nunca han dejado de estar presentes empresas multinacionales foráneas que acaparan minerales, frutos agrícolas, recursos marinos, productos manufacturados o vías estratégicas, bien como propietarios, bien a través de concesiones otorgadas por gobiernos auspiciados por ellas, comportándose, en la práctica, como auténticas latifundistas del continente y cuyos nombres acompañan las peripecias políticas de la región, como la United Fruit Co., la Standard Oil de Nueva Jersey, la US Steel o la Shell, entre otras.

Una historia de mercaderes, banqueros, embajadores, ingenieros o presidentes de empresas, cuando no marines, boinas verdes o dictadores telemanejados desde la metrópolis, que ha contribuido a la apropiación de los recursos, la vida y el destino de la mayoría de los pueblos de Sudamérica, merced a esa piratería capitalista basada en la doctrina liberal que tiene como expresión ideológica la articulación de los mercados a escala global.

En definitiva, formas de colonización que han sido descritas de forma admirable por Eduardo Galeano en su obra Las venas abiertas de América Latina, imprescindible para comprender el pasado de maltrato y dominación que alimenta y explica un presente todavía incierto y convulso. Como el que vive actualmente Venezuela.

Sobre ese bello país sudamericano de más de 30 millones de habitantes, que asoma al Mar Caribe y linda con Colombia, Brasil y Guyana, se abate una sorda lucha geoestratégica que utiliza la democracia y la crisis humanitaria como excusas para doblegar a un régimen herético, pero democrático, que cuestiona la dependencia colonial del poder a través de la economía.

Siguiendo el paradigma de las naciones del subcontinente, que transitaron desde el descubrimiento y la colonización hacia la independencia, pasando por dictaduras, caudillismos, golpes de Estado y, finalmente, la democracia, en Venezuela gobierna, desde que Hugo Chávez accedió al poder hace más de veinte años, un régimen socialista que lucha por desvincularse de las ataduras de ese imperialismo económico que asegura el éxito de la “norteamericanización” del mundo capitalista.

Y mientras el petróleo con precios elevados lo permitía, la revolución bolivariana de Chávez y sus nacionalizaciones de sectores estratégicos de la economía, sus reformas sociales y sus ayudas a movimientos izquierdistas vecinales resistieron los intentos de aplastamiento de la todopoderosa bota de la superpotencia del norte, que considera a los países del sur como su patio trasero particular, el cual arregla según sus gustos e intereses.

Es cierto, no obstante, que Venezuela sufre una crisis política y económica, además de un grave problema de abastecimiento y escasez de alimentos y medicinas. Pero su democracia, alcanzada desde 1958 (mucho antes que España) y susceptible de mejoras como todas, es tan fiable como cualquiera de Occidente, en la que las elecciones libres, la separación de poderes y la libertad de expresión constituyen reglas indispensables de calidad democrática.

Las críticas a la misma se realizan sin ningún soporte jurídico internacional y obviando la ampliación de derechos que ha supuesto. También es verdad que existe un elevado grado de frustración social debido a la escasez de alimentos, la hiperinflación, la corrupción, la mala gestión, el paro y la agitación política, problemas arcaicos acrecentados conforme mermaban los ingresos procedentes del petróleo, la mayor fuente de riqueza del país, y arreciaban los efectos del bloqueo financiero y el asedio político/económico internacional generados a causa de la deuda externa y el sesgo ideológico del gobierno bolivariano.

Aún así, la revolución de Hugo Chávez ha tenido más suerte que la Fidel Castro en Cuba, gracias al petróleo, el principal combustible del mundo contemporáneo, del que Venezuela dispone de una de las mayores reservas del mundo. Suerte hasta hoy.

Porque, aunque en Venezuela no existe una dictadura, como no la hay en los EEUU de Trump, ni en la Hungría de Orbán o en la Rusia de Putin, cala el mensaje de quienes han decidido, dentro y fuera del país, que allí reina una dictadura, a pesar de que se han celebrado más de dos decenas de elecciones bajo los gobiernos de Chávez y Nicolás Maduro.

Con tendencia al populismo y a cierto autoritarismo, son gobiernos democráticos de una república federal, sujetos a reglas electorales y sufragio universal, que han posibilitado la redacción de una nueva Constitución y la implementación de profundas reformas sociales para reducir la pobreza, potenciar la educación y las tasas de alfabetización de la población, con gratuidad desde la guardería hasta la universidad, fomentar el acceso a la salud también de forma gratuita, con medias de médico por habitante más elevadas de la región, incrementar la inversión en infraestructuras públicas y facilitar el empleo y la cultura, entre otras iniciativas.

La derecha venezolana, que no logra la alternancia en el poder pero controla la Asamblea Nacional, despojada de sus competencias por el Tribunal Supremo tras disputas e injerencias mutuas con el Ejecutivo, reconoce a regañadientes la Constitución y minusvalora los logros gubernamentales en materia de derechos políticos, sociales, económicos y culturales.

Exige el adelanto de elecciones, incluidas las presidenciales, la liberalización de los presos políticos y autorizar la entrada de ayuda humanitaria al país. El objetivo último, aunque se define como moderada, es restablecer un proyecto neoliberal acorde con los intereses de las oligarquías y el capital transnacional.

E insiste en la existencia de una dictadura, que nos hace pensar en Arabia Saudí antes que en Venezuela, del mismo modo que Bush aseguraba la tenencia de armas de destrucción masiva por parte de Irak para justificar una guerra e invadir el país: tergiversando la realidad y fabricando mentiras por motivos que no se confiesan.

Tampoco existe una crisis humanitaria, como las que desgraciadamente padecen Haití, Sudán del Sur o Etiopía, en los que la comunidad internacional no interviene con envío de ayuda en magnitud y celeridad con que lo hace en el “caso” de Venezuela.

Ello no obvia la existencia problemas de escasez, desabastecimiento y zozobra social que en modo alguno pueden equipararse a una crisis humanitaria por hambruna o guerra, como reconoce en un informe Alfred de Zayas, experto de Naciones Unidas para la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo.

Existen graves problemas derivados de las sanciones económicas y del bloqueo financiero internacional que no solo dificultan su solución, sino que empeoran el contrabando de medicinas y alimentos subvencionados en la frontera con Colombia.

Es sintomático que haya sido EEUU el primer país en auspiciar y reconocer a Juan Guaidó –electo presidente de la Asamblea Nacional por el mismo órgano electoral que eligió a Maduro y miembro del partido opositor Voluntad Popular–, como autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela por considerar ilegítimo a Nicolás Maduro.

Maduro, sucesor de Chávez, había resultado ganador de las últimas elecciones presidenciales, celebradas hace menos de dos años, que fueron boicoteadas por la mayor parte de la oposición y castigadas con un alto porcentaje de abstención. Es sintomático ese apoyo inmediato de EEUU porque Washington intenta recuperar la primacía perdida, no solo en Venezuela, sino en el resto del continente, por la competencia que hacen China y Rusia en la región y en la geopolítica internacional.

Tras una década de gobiernos izquierdistas de carácter antiimperialista y emancipadores en América Latina, que siguieron el ejemplo del chavismo para abordar un cambio radical del estatus económico y político imperante históricamente, parece llegada la hora de “arreglar” este patio trasero de USA.

Hora de frenar las aspiraciones soberanistas de Venezuela, sus desafíos a la hegemonía del dólar y su apuesta por un mundo multipolar mediante el control indirecto del país, la liquidación de la revolución bolivariana y el desalojo del actual equipo gubernamental izquierdista que Maduro preside.

Y para ello basta con una formidable campaña mediática que haga hincapié en supuestos desafíos a la democracia y una crisis humanitaria existentes en Venezuela. Y como si fuera un llamamiento urgente de Cruz Roja, todo el mundo, que tiene algo que ganar y mucho que perder si desobedece la estrategia hegemónica norteamericana, responde con seguidismo a la “voz de su amo”. Esta parte de la verdad se guardan mucho de contárnosla.

DANIEL GUERRERO

domingo, 24 de febrero de 2019

  • 24.2.19
El Gobierno socialista, formado por Pedro Sánchez en junio de 2018 tras ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy, no ha podido agotar la Legislatura, acuciado por su debilidad parlamentaria de solo 84 diputados en un Congreso de 350 escaños y la falta de apoyos por parte de los independentistas catalanes a su ley de Presupuestos, y ha convocado elecciones generales para el próximo 28 de abril.



Un mes después, el 26 de mayo, se celebrarán comicios municipales, autonómicos (en la mayoría de las comunidades) y europeos, lo que nos aboca, hasta entonces, a más de tres meses de inmisericorde tabarra electoral, sumamente perniciosa para la salud mental de los ciudadanos.

No hay que ser ningún nigromante para predecir una campaña abrupta y encarnizada de unos partidos que se dedicarán, como ya han comenzado, a bombardearnos la cabeza con proclamas propagandísticas en las que el Apocalipsis sería un mal menor comparado con lo que sucedería en España si ganaran los adversarios.

Y tal batalla de todos contra todos para atraer el voto no sólo será intensa sino extensa y plagada de advertencias, promesas, acusaciones, mentiras, conminaciones, exageraciones, descalificaciones, objetivos irrealizables, insidias, manipulaciones interesadas, adulaciones y toda clase de artimañas, falsedades y medias verdades de las que se vale cualquier charlatán para engatusar a sus clientes y convencerlos de que les ofrece lo mejor del mercado.

Una técnica de “marketing” que, en el ámbito de la política, se multiplica a la enésima potencia y, en esta ocasión en particular, se alarga más de tres meses, convirtiendo este período electoral en una tortura insoportable que saturará la capacidad de asimilación de información del electorado y la comprensión crítica de lo que, en verdad, nos estamos jugamos.

Para empezar, el dilema de enfrentamiento que plantean algunas formaciones políticas descansa entre constitucionalistas y no constitucionalistas, para enseguida arrogarse la defensa de la Constitución (antiguamente, salvadores de la patria) frente a las supuestas “traiciones” y deslealtades del contrincante a abatir, el PSOE que gobierna "ilegítimamente, por intentar dialogar con quienes persiguen la independencia de Cataluña.

Es curioso que en el bando “constitucionalista”, famoso por aquella fotografía que los reunió en la concentración de la plaza de Colón de Madrid, figure en pie de igualdad Vox, el partido de extrema derecha sin presencia institucional, hasta la fecha, que aspira a derogar parte de la arquitectura legal y de derechos que se consagró gracias a esa misma Constitución que los fotografiados se apropian.

Que otro partido, el Partido Popular dirigido por Pablo Casado, tenga como tutor y referente ideológico al expresidente José María Aznar, que estuvo en contra y no votó la Constitución. Y que el tercero en discordia, Ciudadanos, sea una formación nacida en Cataluña que unas veces es centrista, anteriormente socialdemócrata y ahora conservadora radical, dispuesta siempre a coaligarse, según convenga, con los socialistas o con la derecha, pero que para estas elecciones asegura y promete no gobernar con los socialistas, pero sí con Vox, como hace en Andalucía de la mano del PP.

Los socialistas, por su parte, afirman representar la España que queremos, sin especificar cuál es ese país que ansiamos y no hemos conseguido después de décadas de democracia, libertad, Estado de derecho, formar de parte de la Unión Europea y disfrutar de un Estado de bienestar que hemos impedido demoler.

Ignoran sus trifulcas internas y las diferencias de opinión de sus baronías respecto a la estructura territorial y competencias autonómicas, pero aseguran conocer la España que nos conviene y que en verdad queremos.

El pecado del PSOE, según el frente “trifálico” de las derechas, es acceder al Gobierno y haber desalojado al PP, condenado judicialmente por corrupción, mediante una moción de censura, siendo una minoría parlamentaria que se apoyó en los votos de las formaciones nacionalistas, comunistas e independentistas con presencia en el Congreso de los Diputados.

Y desde esa posición de debilidad, intentar encauzar el conflicto catalán por vía del diálogo para atraer a los independentistas hacia un pragmatismo respetuoso con la legalidad, aunque para ello tuviera que tensar unas negociaciones hasta que finalmente se rompieron, dando lugar a la convocatoria de elecciones anticipadas.

Tampoco se le perdona ese afán por revertir algunas leyes del anterior Ejecutivo para conseguir una redistribución más equitativa de la riqueza y de la recuperación económica, impulsando una subida espectacular del salario mínimo interprofesional, la “descongelación” de las pensiones y del salario de los funcionarios, la recuperación de la sanidad universal y la derogación parcial de la Ley Laboral de Rajoy para recuperar los convenios sectoriales en la negociación colectiva, entre otras medidas.

En contra, tras unos escasos ocho meses de mandato, no han tenido tiempo para implementar con éxito otras iniciativas que se han quedado pendientes, como la reforma de la Ley de Educación, la modificación de la del voto rogado, la derogación de la Reforma Laboral y la ley Mordaza, despenalizar en determinados supuestos la eutanasia y exhumar los restos del dictador Franco del monumento del Valle de los Caídos.

Para colmo, deja un reguero de anécdotas y “escándalos” que les serán recordados machaconamente durante toda esta campaña: el supuesto plagio en la tesis doctoral del presidente, las dimisiones de Máxim Huerta y Carmen Montón y hasta la autorización de desembarco en Valencia de los inmigrantes rescatados por el Aquarius en el Mediterráneo central.

En conjunto, demasiadas ofensas y “felonías” para quienes presumen de defender la unidad de España con la aplicación “indefinida y con toda la extensión precisa” del artículo 155 (suspender una autonomía), la identidad cultural de los españoles (volver a las viejas costumbres centralistas y antifeministas, expulsión de inmigrantes) y el “rigor” en materia económica (bajada de impuestos, exención del de sucesiones y donaciones, y volver a la austeridad y los recortes en el gasto público).

Sin embargo, lo que está en juego en este largo proceso electoral es el futuro del país, el modelo de convivencia de una nación plural, mestiza y diversa en la que caben todos los españoles sin importar donde vivan y sin necesidad de recurrir a una confrontación estéril de “patriotismos” histéricos entre nacionalismos periféricos y un nacionalismo español, como si fueran excluyentes y no se pudieran sentir conjuntamente.

Pero, fundamentalmente, más allá del independentismo catalán que presumiblemente centrará la campaña, y que no es el mayor problema que afecta a España pues se halla controlado, aunque no resuelto, por mecanismos políticos y judiciales, lo que se dirime en las próximas elecciones son los problemas concretos que preocupan a los ciudadanos y la forma en que serán abordados por quienes compiten a cara de perro en estas elecciones, dándonos la tabarra.

Aunque pretenderán distraernos con el “ruido” independentista, serán el trabajo y la falta de estabilidad y precariedad salarial que lo caracteriza; las pensiones sobre las que esos partidos son incapaces de ponerse de acuerdo para garantizar su sostenibilidad en el futuro; la calidad del sistema educativo y su capacidad para promover la igualdad de oportunidades y la mejora del porvenir de nuestros hijos; una sanidad que nos atienda sin merma cuando enfermamos; una justicia y una seguridad que no solo esté al alcance de quienes puedan costeárselas; un derecho a la vivienda que no esté hipotecado a las leyes del mercado; unas ayudas a la dependencia, al desempleo, a las guarderías, a la maternidad, a las becas, a la investigación, a la cultura y a los desfavorecidos que no dependan del color del Gobierno de turno ni de la coyuntura económica; una política fiscal, económica y financiera al servicio de las necesidades de los ciudadanos, no de los especuladores y acaudalados; la solidaridad, la cooperación, la paz, la justicia, la equidad y la libertad como guías que orienten la actuación entre nosotros y ante el mundo; esas son las auténticas cuestiones que deberían afrontarse en estas elecciones y sobre las que deberían ofrecernos alternativas de solución todos los partidos contendientes.

Pero si sólo se limitan a confrontar, discutir, descalificar, insultar y provocar mediante el conflicto independentista catalán, nos estarán dando la tabarra para engañarnos, tomarnos el pelo y usar nuestro voto como componenda partidaria e interés partidista.

Por eso, me temo que nos aguardan unos meses insufribles para el ciudadano elector que confía en ser tratado como mayor de edad y recibir propuestas electorales que no ofendan su inteligencia ni amarguen su existencia. ¿Será mucho pedir?

DANIEL GUERRERO

domingo, 17 de febrero de 2019

  • 17.2.19
Hace poco se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, extraña etiqueta para demandar una mayor visibilidad de las científicas e investigadoras en un ámbito, el de la Ciencia, dominado por hombres. Como todo Día de los que abundan en el calendario de las conmemoraciones, la instauración de éste por la ONU en 2015 sirve para denunciar una carencia injustificada que se perpetúa por los estereotipos y prejuicios sexistas que también en la esfera de los conocimientos más elevados, no sólo en la cotidianeidad vulgar de la calle, se mantienen.



Menos del 28 por ciento de los investigadores científicos del mundo son mujeres. Y no es porque ellas sean menos listas e inteligentes, sino porque la mujer sigue hallando barreras que le obstaculizan el paso a las pizarras donde se dibujan las fórmulas que nos describen la física, las matemáticas o la química del Universo, a los laboratorios en los que se experimentan o descubren los fenómenos y los elementos de la Naturaleza o a los instrumentos que permiten observar lo macro y lo micro de la Materia de la que formamos parte.

Y si acceden a tales espacios y tribunas, son relegadas y hasta olvidadas por la bibliografía y los divulgadores que sólo aluden a la labor, meritoria por supuesto, de los genios masculinos. Como si la genialidad dependiera del sexo y brotara exclusivamente en seres dotados genéticamente con cromosomas XY.

La plena participación de la mujer, en condiciones de igualdad y equidad todavía es un reto por conquistar en la Ciencia, en general, y en determinadas ramas de la misma, en particular, que parecen reservadas a mentes masculinas y no admiten ni la capacidad ni la creatividad ni la sensibilidad de una mentalidad femenina.

Y aunque se ha avanzado muchísimo en la incorporación de la mujer en el mundo de la Ciencia, la brecha existente en campos como las ingenierías, las matemáticas o las tecnologías, por ejemplo, es todavía enorme, debido fundamentalmente a las dificultades que encuentra la mujer para acceder a un coto dominado por hombres, un sistema de cooptación que favorece a los candidatos masculinos y a los hándicaps que ellas encuentran para compatibilizar la vida familiar y la dedicación profesional.

Según la UNESCO, en la actualidad hay más mujeres que se matriculan en la Universidad, pero son pocas las que eligen una carrera científica o técnica, expectativas que se ven influenciadas por los prejuicios que aun determinan los destinos profesionales en función de la condición sexual de los aspirantes.

Sigue predominando la creencia de que la ciencia y tecnología es cosa de hombres y las letras o las humanidades, de mujeres. Que la Arquitectura, la Ingeniería, la Astronomía o la Robótica se adaptan mejor a mentes masculinas, y que la Biología, las Ciencias Sociales o de la Salud están indicadas a mentalidades y enfoques femeninos.

Estos estereotipos, que se inculcan desde la niñez, delimitan la formación de los alumnos por derroteros predeterminados en función del sexo. Incluso desvirtúan la percepción del trabajo de la mujer en tales ámbitos, como podría ser el de la Lingüística, considerándolo no propiamente Ciencia ni que la investigación que posibilita constituya un objetivo científico, tal como destaca Lola Pons, profesora de Historia de la Lengua en la Universidad de Sevilla, en un artículo reciente.

Techo de cristal

La presencia de la mujer en la Universidad es mayoritaria, como se ha dicho, pero persisten situaciones que limitan el desarrollo de la carrera científica y el acceso a puestos de responsabilidad a los que, en teoría, tendría derecho.

El número de catedráticos y profesores titulares de universidad es apabullantemente masculino en un 80 por ciento. Además, solo un 25 por ciento de féminas logra alcanzar puestos de máxima responsabilidad y ser profesoras de investigación en España, según un informe sobre mujeres científicas elaborado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo que ha evaluado al personal directivo de sus centros e institutos adscritos, detectando que de 104 directores, solo 22 son mujeres.

No es de extrañar, por tanto, que con estas “facilidades” a la presencia y la participación de la mujer en la Ciencia, el 97 por ciento de los premios Nobel hayan sido recibidos por hombres. Ello explica también que, como recoge la investigadora Flora de Pablo en Las científicas y el techo de cristal, en la Real Academia de Ciencias esté sentada una única mujer científica entre 42 miembros de número. O que en la de Medicina exista una sola médica de 50 médicos varones. Y en la de Farmacia, por último, sean cinco mujeres entre 50 farmacéuticos.

Es evidente que existe un techo de cristal que, aunque se ha desplazado ligeramente, sigue obstaculizando el camino hacia la equiparación en condiciones de igualdad de la mujer en el mundo de la Ciencia, al verse condicionada por un sesgo de género, en la evaluación de sus méritos y demás circunstancias, que limita sus expectativas. Como en muchos otros ámbitos, también en el de la Ciencia la mujer sufre discriminación, no por su capacidad intelectual, sino por ser mujer. Queda, pues, mucho camino por recorrer.

DANIEL GUERRERO

domingo, 10 de febrero de 2019

  • 10.2.19
En los conciliábulos de la derecha y sus pregoneros agradecidos, en nómina o tontamente útiles, andan sobreexcitados por los avances que el populismo ultraconservador está experimentando en el mundo occidental tras la crisis financiera que ha ablandado el pulpo poblacional con los golpes del paro y la pobreza y con la llegada de Donald Trump, el fantoche millonario, a la Casa Blanca, desde donde dispara a todo el que se mueva en su contra con tuits y amenazas apocalípticas.



Disfrutan como monos viendo cómo la gente, por miedo más que por convencimiento, se arrima a cualquier energúmeno que prometa devolverles los empleos y las seguridades que la globalización, la competencia y la complejidad creciente del mundo les han arrebatado.

No importa que el falso profeta ejerza desde la más bochornosa ignorancia y con la más descarada de las malevolencias si asegura tener las claves milagrosas con las que solucionar todos los problemas que nos quitan el sueño, sean económicos, laborales, religiosos, migratorios o culturales. Ningún asunto nacional o internacional se resiste, para estos líderes ultraconservadores, a ser tratado con fáciles pero contundentes recetas que sólo ellos pueden elaborar y aplicar. Además, de un plumazo.

¿Que los chinos venden más barato y en algunos aspectos su tecnología es superior? Pues se impide la expansión de su negocio y se obliga a los “aliados” a que no adquieran sus productos, aduciendo, si es necesario, supuestos peligros sobre seguridad y soberanía a que estarían expuestos con la introducción de esa manufactura asiática.

¿Que países del entorno, donde se han trasladado empresas por disponer mano de obra barata y menos impuestos, acaban haciendo competencia a la matriz? Pues se incumplen los tratados y se recupera parte de la fabricación externalizada, aunque ello no favorezca el intercambio comercial ni la creación de empleo, pero sí la demagogia populista con los descontentos.

¿Que los inmigrantes, sobre todo si son pobres, parece que “invaden”, “roban” y “desnaturalizan” la identidad de nuestros países con sus costumbres, su color de piel y sus incomprensibles idiomas? Pues se les expulsa sin contemplaciones y se impide su entrada a cal y canto, cerrando fronteras y prohibiendo rescates. Basta con criminalizarlos para que el mar y las calamidades de sus países de origen se encarguen de su suerte, sin coste para las arcas públicas.

¿Que algunos paisanos aspiran a la independencia o a relaciones territoriales privilegiadas? Pues nada de dialogar ni de ceder un ápice: ley estricta, catecismo constitucional y cárcel, bajo amenaza de suspender autonomías y considerar delito cualquier idea o tentativa política herética, aunque tenga un alto respaldo popular entre los que se sienten vilipendiados e ignorados. Frente al nacionalismo periférico, ultranacionalismo español vindicativo del imperio, del retorno al centralismo y la reconquista católica alcanforada.

¿Que la virilidad patriarcal considera una afrenta la igualdad de género y la protección de las mujeres ante la violencia machista? Pues se tacha de ideología feminista y dictadura de género toda política contra la discriminación por razón de sexo y se derogan cuantas leyes promuevan la paridad, la igualdad, la libertad y la dignidad de la mujer, así como el matrimonio homosexual o cualquier otro derecho social que reconozca diversidad y no tenga la bendición de la iglesia y el respaldo de la tradición más acrisolada del inmovilismo patrio.

¿Que los ricos pagan mucho y los pobres reciben más de lo que merecen? Pues se bajan impuestos, se bonifican las sucesiones y donaciones que se transmiten de padres a hijos, se recortan prestaciones que solo fomentan la vagancia y se limitan servicios de titularidad pública para que cualquier necesidad (educación, salud, vivienda, seguridad...) sea satisfecha por quien pueda costeársela.

El ideario de la derecha está de moda y boga a toda vela. Sus voceros no se cansan de propagar sus excelencias y lo “natural” de sus propuestas, tan de sentido común. Y tan simples y necesarias para nuestra seguridad y bienestar, como la protección divina.

Con ellas se combate el “efecto llamada” que provoca el humanitarismo de los ingenuos con el fenómeno de la migración, se limpian nuestras ciudades de gente extraña dispuesta a robarnos, quitarnos el trabajo y arrebatarnos lo que nos pertenece, amén de evitar que los terroristas utilicen la inmigración para atentar en nuestro suelo contra el estilo de vida occidental y nuestras libertades, que tan vulnerables nos hacen.

Muros y expulsiones para los otros, para los extranjeros irregulares o refugiados. Y aislacionismo comercial para enfrentar la competencia en un mundo globalizado, con aranceles a la importación desde otros mercados que se aprovechan de nuestras demandas y ventajas económicas.

Hay que ser grandes otra vez, volviendo a la guerra fría, a la carrera armamentística, a las cañoneras y a las intervenciones “quirúrgicas” en las áreas de nuestra influencia, como Irak y Venezuela, o brindando apoyo a sátrapas como el de Arabia Saudí, ejemplos que casualmente disponen de petróleo.

Y respaldo incondicional a gobiernos que practican el apartheid, como Israel con los palestinos, no porque sean los capataces que controlan una región del planeta que nos tiene ojeriza civilizatoria al considerarnos infieles, sino porque con su don para la avaricia financian a los líderes que gobiernan el autodenominado "mundo libre".

Promoción, pues, del populismo más xenófobo y sectario incluso entre los “nuestros” para que no se crean con capacidad de contradecir al imperio y actuar contra sus intereses. Fomentar el supremacismo blanco y burgués en cada lugar para que ninguno tienda a unirse y pretenda aunar fuerzas, como esa Unión Europea a la que el Reino Unido le ha propinado una puñalada casi mortal, aunque salga malparado.

Así de excitados están estos agitadores populistas de la derecha más extrema, creyendo que todo el monte es orégano y fértil para que crezcan los Trump, Vox, Bolsonaro, Salvini y demás malas hierbas por doquier. Y con las primeras cosechas andan sobreexcitados y la mar de contentos, creyéndose filósofos sapientísimos que iluminan el mundo, como Bannon, cuando son simple maleza de la política.

DANIEL GUERRERO

domingo, 3 de febrero de 2019

  • 3.2.19
Echa a andar el nuevo Gobierno de Andalucía que inaugura la alternancia en una comunidad que ha estado 36 años bajo ejecutivos socialistas de manera ininterrumpida. El flamante Gobierno, formado por una coalición conservadora entre el Partido Popular y Ciudadanos, ha sido posible gracias al apoyo parlamentario de Vox, la formación de extrema derecha que por vez primera accede a las instituciones que representan la soberanía popular.



Solo la suma de estos tres partidos de la derecha pudo desalojar al PSOE del poder, por ser minoritarias las izquierdas en el Parlamento, aun siendo el socialista el partido más votado en las últimas elecciones autonómicas. Se estrena, por tanto, la alternancia en Andalucía como un bien en sí mismo y un gran triunfo de la democracia, según valoran los partidos agraciados con esa coalición.

Pero se estrena con mensajes gubernamentales de confrontación, a pesar de los discursos bienintencionados y tranquilizadores del nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), que persiguen no la derrota, que ya la han conseguido, sino el cuestionamiento y la sospecha, hasta de manera simbólica, de la anterior etapa socialista.

Sólo así se entiende que el primer Consejo de Gobierno del Ejecutivo conservador se haya celebrado en Antequera, la ciudad malagueña en la que se firmó el histórico pacto entre todos los partidos con representación en Andalucía que posibilitó una autonomía con el mismo nivel de competencias que las consideradas históricas, como si la alternancia conservadora fuese una conquista de la democracia en esta región.

La realidad es que el cambio de gobierno en Andalucía no supone ningún salto cualitativo de nuestra democracia como sí lo fue arrancar el reconocimiento político hacia una autonomía plena en una región históricamente subordinada a las directrices del poder centralista, tanto bajo la dictadura como en la recién restaurada democracia. Por eso, por mucho que se arrogue el nuevo Gobierno conservador un “plus” de calidad democrática, no alcanzará nunca la distinción histórica de aquel Pacto de Antequera que determinó el futuro de Andalucía.

De igual modo, no solo es desconfiar sino mostrar animadversión, adoptar como primera medida del Gobierno gemelar de las derechas la realización de una auditoría de las consejerías y agencias públicas de la Junta de Andalucía, incluido el Servicio Andaluz de Salud, con la excusa de eliminar órganos y entes innecesarios, pero con el claro propósito de culpabilizar a los anteriores responsables de la Administración autonómica de irregularidades o presuntos delitos, por acción u omisión, en la ejecución de sus cometidos, como si la propia Junta, en su conjunto, fuera un entramado delictivo con fines espurios, como suponía la jueza Alaya en la instrucción del caso de los ERE.

Resulta sorprendente que tal ánimo de “limpieza” provenga de un presidente perteneciente a un partido que ha sido el único condenado en España por corrupción y financiación ilegal, al participar a título lucrativo en la mayor trama de corrupción institucional y partidaria conocida hasta la fecha, la trama Gürtel.

Es evidente, pues, que se persigue la confrontación en la búsqueda de ese “y tú más” con el que tapar las propias faltas e, incluso, las probables insuficiencias e incumplimientos de una gestión que siempre podrá argüir, de este modo, la socorrida “herencia” recibida. Esto no es, a pesar de los mensajes de no mirar al pasado, empezar bienintencionadamente y con tranquilidad, sino hacerlo de manera ofensiva y afán denigrante.

Como también es confrontación eliminar, bonificándolo al 99 por ciento, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que ya estaba exento hasta el millón de euros. Se trata de confrontación ideológica porque bajar impuestos, y más en uno que beneficia mayoritariamente a los pudientes y afortunados que pueden heredar patrimonios superiores al millón de euros, es una medida ideológica de una derecha que siempre ha estado en contra de la fiscalidad progresiva (paga más quien más gana) y de todo gasto del Estado en servicios públicos.

Y, aunque aparentemente parezca que favorece a todos los contribuyentes, más adelante obligará a “cuadrar” unas cuentas mermadas de tales ingresos, rebajando prestaciones, recortando servicios públicos o elevando impuestos indirectos que afectan al conjunto de los consumidores, independientemente de lo que ganen. Y todo para que los ricos paguen menos por patrimonios millonarios que heredan, de padres a hijos, sin límite económico.

El nuevo gobierno gemelo de la derecha ha querido, de esta forma, demostrar su verdadera intención “regeneracionista” en la Junta de Andalucía, señalando con hechos, no con lo que dice, su ideario y rumbo. Y lo ha hecho nada más comenzar su andadura, adoptando, en la primera y simbólica reunión del Consejo de Gobierno, sus dos primeras medidas de abierta confrontación política, partidaria e ideológica.

Falta que emprenda, también, la institucional contra el Gobierno central, en manos socialistas. Todo se andará. Y eso que venían con buenas intenciones y de manera sosegada, tranquila, a levantar el nuevo porvenir de Andalucía y administrar sin sectarismo el gobierno de la mayor comunidad autónoma de España. Con su primera reunión, quedamos advertidos.

Que los trabajadores y los desfavorecidos se vayan preparando ante futuras iniciativas que, con pretexto de “aligerar” la Administración autonómica (sometida ya a auditoría), supongan reducción de servicios y limitación de prestaciones, todo ello público, naturalmente, por aquello de la “sostenibilidad” y evitar el “despilfarro”. Ya sabemos lo que, para la derecha, es despilfarro: el gasto público. Así que, nada más empezar, el nuevo gobierno ya ha asomado la patita… Diestra, por supuesto.

DANIEL GUERRERO

domingo, 27 de enero de 2019

  • 27.1.19
En nuestra sociedad, la sociedad occidental capitalista hecha para el consumo, cualquier iniciativa u obra ha de ser rentable, brindar beneficios. Todo producto, manufacturado o no, ya sea un bien o un servicio, ha de perseguir el lucro o, cuando menos, la “sostenibilidad” para que sea viable. Desde un bolígrafo, una patata, un antibiótico, un abrigo, una composición musical o un museo, todos están sometidos a esta ley de la rentabilidad, a la economía de mercado.



Y una de las estrategias publicitarias para que cualquier elaboración humana llegue a las masas de consumidores es el espectáculo, es decir, provocar la expectación y convertir en atrayente lo que se ofrece para hacer que el consumidor adquiera un producto mediante un impulso emocional más que por una estricta necesidad racionalizada.

Es por ello que Guy Debord definió nuestra era, en 1967, como la civilización del espectáculo, en la que lo que predomina es el entretenimiento, la diversión y el “aligeramiento” cultural. Toda acción o iniciativa que surja en una sociedad espectacularizada debe tender hacia ese objetivo de distracción, de representación que privilegia la imagen sobre la idea, lo frívolo sobre grave y la banalidad sobre lo serio, ya que sólo así, empobreciendo el pensamiento, puede la gente, creyendo divertirse, seguir comportándose como un consumidor obsesivo de mercancías innecesarias, un consumidor de ilusiones.

No es casual, por ejemplo, que los programas de más audiencia sean los de cocina o de moda, sin citar los dedicados a una actualidad de cotilleos e intrigas del corazón. Y que la prensa de mayor difusión sea la deportiva.

Nada escapa al mercado y sus dictados lucrativos. Hasta el dolor, el sufrimiento y las desgracias son susceptibles de la espectacularización en nuestra sociedad de consumo. Máxime si el hecho se convierte en noticia que, por definición, ha de interesar a la opinión pública y, mejor aún, ha de conmoverla para captar su interés durante todo el tiempo posible.

Pero una cosa es que cierto periodismo, desgraciadamente el más común, estire la notoriedad de cualquier noticia durante días –echando mano incluso del morbo en asuntos luctuosos y tratando como noticia detalles o cuestiones que nada añaden al hecho en sí, con tal de ganar lectores e incrementar las ventas– y otra que personas que se vieron envueltas en los acontecimientos los utilicen para mantener la estima social, obtener beneficios laborales o económicos y hasta para erigirse en guías anímicas, legales y mediáticas de otras víctimas de sucesos semejantes, ejerciendo de verdaderos “profesionales” de la aflicción. Esta es, exactamente, la impresión que causa el padre de Mariluz desde hace años.

Juan José Cortés, padre de esa niña de cinco años que un pederasta secuestró y asesinó, tras intentar abusar de ella en 2008, no ha dejado de luchar para que se mantenga la prisión permanente para esta clase de delitos y de estar presente en todos los casos de la misma naturaleza que posteriormente han acontecido en nuestro país. Una actitud comprensible aun cuando la justicia apresó, juzgó y castigó al asesino de su hija.

Es comprensible, también, que esa lucha para que no se derogue la pena de prisión permanente revisable le acerque ideológicamente al Partido Popular, alineándose con él en esta materia y recibiendo de él el apoyo necesario para ampliar su mensaje a la opinión pública.

Pero lo que resulta menos comprensible es que este vendedor ambulante, a quien un asesino le arrebató a una hija, haga carrera política de su dolor y desgracia. No se cuestiona que comparta un ideario, sino que la politización de las víctimas le permita acceder a puestos de asesor y personal de confianza para problemas de exclusión social en instituciones públicas, como el que ocupó en el Ayuntamiento de Sevilla, contratado bajo el mandato de Juan Ignacio Zoido, alcalde del PP, demostrando, de esta manera, una simbiosis oportunista con un partido en la que ambos persiguen réditos a costa del repudio de la población a estos actos execrables.

O que le posibilite, finalmente, materializar su entrada oficial en la política de la mano de ese mismo partido, en cuya última convención participó activamente, con el encargo de trabajar en la no derogación de la Ley de Prisión Permanente Revisable y en la Ley del Menor, como si fuera un experto en Derecho Penal, según informa El Cierre Digital.

Tampoco se critica la obsesión mediática de Juan José Cortés por mantener la expectación popular sobre esta clase de crímenes, presentándose personalmente junto a familiares de Diana Quer, Gabriel Cruz o Laura Luelma –una joven, un niño y una profesora víctimas de asesinos machistas y de una madrastra también asesina– como si fuera un psicólogo más de los que prestan socorro psíquico a las familias que sufren este tipo de desgracia.

Pero que no deje pasar la ocasión para aparecer públicamente al lado de los padres de un niño que accidentalmente cayó por el agujero de una perforación de agua mal tapada en Málaga, pone en evidencia, no su solidaridad ante la tragedia, sino su interés por la espectacularización de un hecho luctuoso, fortuito y del que presuntamente nadie tiene culpa directa.

Demuestra un afán desmedido por acaparar una atención que no respeta el dolor ni la conmoción de quienes padecen un golpe tan duro, sea el que sea, con el inconfesable propósito de “vender” su estatus social de “profesional” de la aflicción y, de paso, su interés en ganar la confianza ciudadana hacia una determinada opción política que le apoya.

Sólo así puede entenderse que, una persona que soportó el asesinato de su hija, se valga del espectáculo mediático de la pena, propia o ajena, para ascender en la escala social y el reconocimiento público.

Aparte de verse envuelto en un caso de tiroteo en el barrio donde vive y estar acusado de tenencia ilícita de armas y amenazas, del que salió absuelto por la oportuna confesión de un familiar que asumió la autoría de los hechos, este pastor evangelista, por su popularidad, ha podido fundar su propia Iglesia Evangélica Ministerio Juan José Cortés, gracias al ahínco en convertirse en un profesional de la aflicción. Lo ha demostrado claramente con su rápida presencia en el desgraciado accidente del niño de Málaga, haciéndonos que muchos nos hiciéramos la misma pregunta: ¿Qué hace allí este hombre? Vende su producto.

DANIEL GUERRERO

domingo, 20 de enero de 2019

  • 20.1.19
Desde la restauración democrática en España, Andalucía había sido gobernada por el Partido Socialista Obrero Español, sin interrupción. Esa “anomalía” que, elección tras elección, ha mantenido al PSOE en la Junta de Andalucía durante 36 años, ha sido rota con la reciente investidura en el Parlamento andaluz de un Gobierno de coalición formado por el Partido Popular y Ciudadanos, junto al imprescindible apoyo parlamentario de Vox, una formación de ultraderecha. A partir de la pasada semana, por tanto, la alternancia quedaba inaugurada en Andalucía con la proclamación de un gobierno de las derechas en la Comunidad Autónoma más poblada de España.



Aquella “anomalía” que la oposición consideraba como propia de una democracia devaluada y el resultado electoral de unos votantes “clientelares” o “subsidiados” del “régimen” andaluz es ahora sustituida por un gobierno de partidos minoritarios que reclaman la legitimidad de todos los apoyos, incluidos los de la formación que está en contra de las autonomías, de la igualdad de las mujeres, de la memoria histórica y del tratamiento humanitario de la inmigración.

Los votos conseguidos por los socialistas eran una “anomalía” del sistema, pero los votos de un partido radical que persigue revocar derechos y libertades son perfectamente válidos para que la anomalía mute en normalidad.

Mientras en Alemania se vigilará si la ultraderecha, primera fuerza opositora del Parlamento, persigue políticas contrarias al ordenamiento democrático constitucional, en España se aplaude la existencia de una fuerza ultraderechista que posibilita la alternancia en Andalucía, aunque en su ideario contemple medidas que van en contra de la Constitución y del ordenamiento democrático.

Son diferentes puntos de vista, según las conveniencias. Lo importante, al parecer, es que históricamente, por fin, se produce la alternancia en Andalucía, aunque se ignore si para bien o para mal. Cosas de la política.

DANIEL GUERRERO

domingo, 13 de enero de 2019

  • 13.1.19
La libertad y el progreso causan temor por lo desconocido que deparan y las pérdidas que podrían ocasionarnos. La incertidumbre de todo avance nos hace buscar refugio en las certezas de lo conocido, de lo establecido. El progreso, como la inteligencia, es fuente de vacilación porque remite a posibilidades ignotas y a replantear esquemas, establecer nuevas relaciones con nosotros mismos y con nuestro entorno, incluso a desprendernos de las creencias que considerábamos sólidas e inmutables.



Existe miedo a avanzar como da miedo saber más de cualquier cosa, una enfermedad por ejemplo, puesto que nos vuelve inseguros y vulnerables frente a todo lo que ignoramos y no comprendemos. Cuanto más progresamos y aprendemos, más evidente se hace la inmensidad de lo que desconocemos o la lejanía de lo que buscamos.

Llega un momento en que nos comportamos, haciendo alusión a Erich Fromm, exteriorizando un indisimulado miedo a la libertad y, por tal motivo, buscamos protección en el burladero de lo convenido aunque sea retrógrado, echamos anclas que inmovilizan el presente en lo manido, lo tradicional. Por eso dudamos y damos pasos atrás, tanto como comunidad como individuos.

La construcción de una Europa unida y la cesión de soberanía a un ente supranacional despiertan recelos en algunos Estados temerosos de perder identidad y autonomía, debido a que muchas decisiones se adoptarán en instancias continentales.

Y, a pesar de las bondades de formar parte de una unidad de mayor peso, desde cualquier punto de vista (político, comercial, económico, militar, industrial, agrícola, educativo, monetario, cultural, social, etcétera), emerge ese miedo que los hace desconfiar del proyecto común europeo y temer que la identidad nacional se disuelva, los intereses específicos se desatiendan y la soberanía nacional quede condicionada a directrices comunitarias.

Entonces surgen los nacionalismos radicales que intentan la vuelta atrás, el retorno al estado-nación en constante enfrentamiento con su entorno, donde busca extender su idiosincrasia y, también, imponer sus exclusivos intereses. Ultras que no quieren Europa si no es una réplica exacta de su país, que no aceptan deberes para obtener derechos compartidos y que prefieren la insolidaridad antes que estar sujetos a normas y procedimientos comunitarios.

Es el caso del Reino Unido y su Brexit (salida de la Unión Europea) insensato y desastroso, pero también de Italia, de Hungría, de Polonia y, tal vez, de España cuando la ultraderecha consiga condicionar el Gobierno.

Estos países muestran miedo de avanzar hacia una unión más firme y profunda que haga de Europa un interlocutor internacional con una sola voz y una fortaleza continental incuestionables. Y utilizan cualquier excusa para propalar sus mensajes de odio y supuestos agravios, como la presión migratoria, el control del déficit presupuestario, los acuerdos comerciales que perjudican a determinados sectores, la libre circulación de personas en toda la unión, etcétera.

Subrayan los inconvenientes y obvian las ventajas a la hora de elaborar discursos de rechazo a Europa y defensa maniquea de lo nacional, de un nacionalismo trasnochado y desintegrador, impropio de los tiempos que corren.

Frente al miedo al progreso colectivo en una Europa unida, proponen el retorno al viejo nacionalismo intransigente, excluyente, aislacionista y retrógrado del que Vox, Le Pen, Salvini, Urban y tantos otros obtienen réditos electorales y triunfos políticos. No es nada nuevo, sino caer en los mismos errores que, como recordara, en 1941, Stefan Sweig en su libro El mundo de ayer. Memorias de un europeo (Acantilado, 2017), desmembraron Europa entre dos guerras mundiales a causa de “la peor de las pestes: el nacionalismo, que envenena la flor de nuestra cultura europea” (p.13). Entonces, como hoy, “las fuerzas que empujaban hacia el odio eran, por su misma naturaleza vil, más vehementes y agresivas que las conciliadoras” (p. 262). De ahí su éxito y efectividad.

Pero también como individuos tenemos miedo a la libertad, a la igualdad, a la responsabilidad. Y escogemos una seguridad, supuestamente amenazada por multitud de peligros, en detrimento de libertades y derechos que tanto costaron conquistar. Por eso entregamos nuestra confianza a la derecha del capital y la iglesia cuando se tambalean el trabajo y la economía de los que depende nuestra subsistencia.

Cuando, como trabajadores oprimidos por la precariedad, fiamos nuestro porvenir en quienes representan el liberalismo económico que nos empobrece, limita derechos laborales y recorta prestaciones públicas. Cuando, en poblaciones que basan su economía en una industria agropecuaria que demanda inmigrantes, porque no halla mano de obra suficiente entre los nativos, votamos partidos racistas y xenófobos.

Cuando, comportándonos como hombres acomplejados y mujeres incoherentes, despreciamos las políticas de género y de protección contra la violencia machista por considerarlas una ideología que atenta contra el patriarcado y una concepción subordinada de la mujer en las relaciones de pareja.

O cuando, en tanto particulares bombardeados de información superficial, consideramos un ultraje a nuestro patriotismo de balcón que otros territorios anhelen un mayor reconocimiento a su singularidad o particularidad identitaria. Incluso cuando, olvidando la ubicación periférica de nuestro país, deploramos la presión migratoria que sufre la frontera y exigimos su impermeabilización y la expulsión del migrante pobre o del refugiado que huye.

Manifestamos como individuos, en todos los casos, miedo a la diversidad, a la igualdad y a la fraternidad cada vez que exteriorizamos actitudes egoístas, intransigentes, supremacistas, excluyentes y acopiadora de privilegios. Tenemos miedo a avanzar en derechos y libertades que reconozcan, a todos, ser libres e iguales, sin importar lugar de nacimiento, color de piel, sexo, religión o lengua.

Es decir, cuando alcanzamos una libertad que nos exige responsabilidad y que cuestiona nuestro anquilosado sistema de valores, desconfiamos de ella y tomamos decisiones influenciadas por las convenciones o la presión social.

Y, aunque ninguna de las amenazas que nos hacen creer que penden sobre nuestra sociedad, sobre ese “nosotros” tan diferenciado de “los otros”, sean siquiera reales, las asumimos como percepciones propias para participar de lo que supone debemos desear: menos libertad a cambio de un simulacro de seguridad que nos hace retroceder en derechos.

De esa sensación de vulnerabilidad y las frustraciones que genera se valen los populismos para manipularnos y hacernos creer que somos dueños de una libertad amenaza por los “otros” y, por consiguiente, necesitada de defensa. Y ellos, claro está, están prestos a defenderla mediante el odio, el sectarismo y el egoísmo más irracionales que emanan, precisamente, de nuestro miedo a la libertad.

DANIEL GUERRERO

domingo, 6 de enero de 2019

  • 6.1.19
El año 2019 viene cargado de tantas expectativas, y tan profundas, que será difícil que se puedan realizar. Tendría que ser un año excepcional e histórico para que la mayor parte de esos “buenos” deseos acaben materializándose en hechos y alcancen a cada uno de sus destinatarios. Y no es que se pida la luna –que seamos ricos, guapos y eternos–, sino que la situación que deja en nuestro país el año que despedimos el pasado 31 de diciembre es lo más parecido a una catástrofe o una escombrera.



La que sigue es una lista breve de propósitos para este año que acabamos de estrenar, más deseables que realistas, que sería bueno, si no de culminar, sí al menos de perseguir en la medida de nuestras posibilidades, con la mejor de las intenciones y dejando de lado las trincheras y el cainismo. Es decir, pensando en todos, en la sociedad de la que formamos parte, y no en nosotros, en el individuo exclusivamente.

Ya sé que es mucho pedir, porque si hay algo que caracteriza a los españoles es la imposibilidad de ponerse de acuerdo, pero sin deseos previos, sin ganas de intentarlo, no se consigue siquiera tender hacia ninguna mejora.

1) Un Gobierno para España. Ojalá 2019 traiga un Gobierno estable, transparente y transformador que consiga conducir al país hacia objetivos de crecimiento económico, progreso material y bienestar social, sin dogmatismos ni demagogias. Un Gobierno con apoyos parlamentarios suficientes, que no mayoría absoluta, para pactar un programa de modernización, eficacia y equidad de la sociedad española, que permita mayor justicia, igualdad de oportunidades y recursos para todos los ciudadanos, independientemente de su condición.

Un Gobierno que construya un país en el que cada cual pueda desarrollar sus habilidades e idear un proyecto de vida sin más dificultad que ponerse a ello mediante el estudio y el trabajo. Un Gobierno abierto y dialogante para un país de españoles con diversidad de pareceres, costumbres e idiosincrasias que enriquecen al conjunto.

Un Gobierno exento de sectarismos, sin tacha y dedicado por completo a cumplir con su deber y no a contentar a sus fieles ni actuar en función de las encuestas. Un Gobierno que se abra a todos los españoles y nos abra al mundo para participar de una globalización que no debe ser solo comercial o económica, sino también cultural y social, posibilitando un espacio sin fronteras para competir y compartir sueños y oportunidades.

Un Gobierno con un proyecto de futuro, no administrador de la coyuntura. En definitiva, un Gobierno para un país como el nuestro, rico en historia, cultura y recursos y que es la octava potencia económica del planeta. Nos merecemos un Gobierno a la altura del país.

2) Un Gobierno para Andalucía. Andalucía, la región más poblada del país, ha tenido una mala suerte histórica que ha lastrado su desarrollo. Ha tenido que partir del caciquismo feudal para acceder a una autonomía que le fue regateada en los inicios de la democracia.

Ese hándicap de tierra colonizada por unos, sumida en el subdesarrollo por otros, amarrada a la dependencia cuasi colonial por los detentadores del capital y la política, le hizo confiar en quienes interesadamente la defendieron cuando las libertades aflojaron sus ataduras y pudo aspirar a ser tratada en igualdad al resto de territorios del Estado.

Y aunque los socialistas han modernizado sus pueblos, han ampliado infraestructuras, han intentado una reforma laboral que la libere de latifundios y han potenciado su economía, no ha sido suficiente y, sobre todo, han caído en los abusos que cometen los señoritos: creer que Andalucía era suya y para los suyos.

Y tras 36 años gobernando la comunidad, acaban de perder la mayoría necesaria para seguir haciéndolo. La conjunción de las derechas, incluida la ultra de extrema derecha, le ha arrebatado la posibilidad al PSOE de continuar en el Gobierno. Pero si es bueno la alternancia, para evitar la patrimonialización de las instituciones, es malo cambiar a peor.

Un nuevo Gobierno para Andalucía condicionado por un partido radical, misógino, antiautonómico, racista y ultranacionalista no puede ser solución para el recambio del socialismo, máxime cuando exige a cambio de su apoyo la eliminación de las ayudas contra la violencia machista que sufre la mujer, está en contra de la memoria histórica, quiere expulsar sin miramientos a los inmigrantes, pretende vaciar de contenido al Gobierno autónomo renunciando a algunas de sus competencias y, si lo dejan, impondría volver a cantar el Cara al sol (himno fascista) en las escuelas.

Andalucía necesita un Gobierno sin mácula ni sospecha. Un Gobierno que mejore lo que se deba mejorar, sin revanchismos ni purgas. Un Gobierno que dé un empujón a la Comunidad hasta auparla al nivel en educación, sanidad e industria de las más desarrolladas del país. Un Gobierno fuerte que la saque del marasmo de la burocracia y del clientelismo político, cultural y económico para situarla entre las regiones con mayor dinamismo y potencialidad de Europa.

Un Gobierno fiel a su compromiso por Andalucía y responsable ante los andaluces, sin tutelas ni con Madrid ni con nadie, pero solidario con todos, en especial con los más desfavorecidos. Un Gobierno que crea en Andalucía y no la utilice como palanca para alcanzar otros objetivos. Un Gobierno de, por y para una región vasta, diversa y plural, pero con una riqueza inconmensurable en su patrimonio histórico, cultural, agrícola, turístico, pesquero, mineral, emprendedor, innovador y en sus gentes.

Andalucía merece un buen gobierno para crecer con más rapidez y lograr un desarrollo que erradique el paro, la pobreza y los prejuicios con que es identificada desde los estereotipos y la ignorancia. La mayor región de España ha de tener un Gobierno que la convierta en la locomotora del país, por su peso demográfico, su voluntad transformadora, su riqueza natural y su ejemplo de cohesión de la diversidad en la unidad estatal.

3) Un Gobierno para Cataluña. Los conflictos que dividen dramáticamente a la sociedad catalana han de poder ser tratados desde el respeto a la legalidad, la voluntad de diálogo y de manera pacífica, sin animadversión y violencia. También con amplitud de miras y mutua comprensión, teniendo siempre presente hasta dónde es posible llegar sin romper las reglas democráticas de juego, sin violar las leyes e ignorar la Constitución. Sin tremendismos ni irredentismo, con lealtad institucional y capacidad intelectual para conocer la historia y reconocer la evolución histórica que posibilite una lectura fidedigna del presente.

Y para ello hace falta un buen Gobierno en Cataluña, que gobierne para el bien común y no que administre la estrategia rupturista de una minoría, por amplia que sea. Que respete los deseos y ambiciones de todos, no solo de los independentistas. Que defienda los derechos y libertades de la totalidad de catalanes y que no se limite a propiciar, propagar y proteger a los que hacen de la estelada un motivo de división y enfrentamiento, una bandera para el sectarismo y la exclusión, una enseña de odio y no de convivencia.

Cataluña necesita sosiego y paz y un Gobierno que trabaje para ello, que persiga armonizar la pacífica convivencia con las legítimas aspiraciones de mayor autogobierno y hasta de una configuración distinta del Estado de las Autonomías que sea más parecida a uno federal.

Un Gobierno que evite la confrontación estéril en beneficio del progreso y desarrollo de la comunidad, para que no huyan más empresas de la región y la modernidad, no sólo arquitectónica, siga siendo una de sus señas de identidad.

Un territorio donde el catalán, el vasco, el gallego y el castellano sean sinónimos del español, de la riqueza también lingüística que poseemos, y no distingos infranqueables de división y dogmatismo, más altos que los Pirineos. Un Gobierno que haga una Cataluña fuerte dentro de una España vigorosa en una Europa unida.

4) Un tren para Extremadura. Es incomprensible que Extremadura no disponga, tras 40 años de una democracia que ha descentralizado el Estado, de vías ferroviarias electrificadas y de alta velocidad como el resto del país. Que sus trenes sufran de unos ramales estrechos y antiguos que los hacen ir más despacio que un coche y, con demasiada frecuencia, tener accidentes de diversa consideración que convierten cada viaje en una odisea.

Viajar en tren por Extremadura es lo más parecido a viajar en locomotoras de vapor, cuando su velocidad era superada por un caballo al galope, las averías eran cotidianas y el bienestar de los viajeros se limitaba a bancas de madera. Casi, casi, es la actual red ferroviaria de Extremadura, región castigada por la desidia gubernamental de la nación y por una concepción radial de las infraestructuras, que convierte a muchas de ellas en insostenibles.

Lo que no se entiende es que se construyan vías de Ave hasta Lérida, por ejemplo, y no se puedan construir hasta Badajoz si no llegan hasta Lisboa. O que, al menos, no se electrifiquen y renueven las viejas vías, muchas de ellas con traviesas aún de madera, para que circulen trenes modernos y de media velocidad.

Aparte de otras necesidades que se cubren para permitir que las regiones accedan al desarrollo, Extremadura precisa de un tren como el que disfrutan las demás autonomías del país. Si, además, fuera diseñado atendiendo a las particularidades de un territorio con más tráfico y desplazamientos de norte a sur que de este a oeste, sería actuar con la lógica, atendiendo a la demanda real de los ciudadanos y a los flujos económicos y comerciales de la región. No sé si eso será pedir demasiado. Pero lo cierto y perentorio es que Extremadura necesita el tren. Y lo necesita ya.

5) Fin de la violencia de género. Asesinatos de mujeres por sus parejas o exparejas y asesinatos de mujeres por desconocidos que abusan de ellas para después matarlas. Existe en nuestro país una intolerable tendencia hacia el feminicidio, a asesinar a la mujer por el mero hecho de ser mujer, que es necesario frenar y erradicar.

Una violencia que arrastra un número de víctimas mayor que la del terrorismo de ETA, pero que no percibimos de la misma gravedad y casi acostumbrados a que medio centenar de mujeres mueran cada año a manos del machismo asesino como si fueran accidentes inevitables de carretera.

Ni la educación, ni el nivel económico ni la libertad, conquistas extendidas a toda la sociedad, han proporcionado a las mujeres el respeto escrupuloso a su igualdad y dignidad. Siguen siendo consideradas ciudadanas de segunda clase, hasta en los salarios, o simples objetos de satisfacción para los hombres-macho.

Ya es hora de atajar esta lacra y poner medidas contundentes que castiguen con dureza cualquier atentado contra la mujer, ya sea abuso, maltrato, violación o asesinato, para que ningún hombre, que confunde igualdad con debilidad y virilidad con animalidad, se crea con derecho a imponer su santa voluntad o desfogar sus más bajos instintos sobre ninguna mujer. Hay que poner fin a la violencia de género.

6) Un trabajo digno. Si la recuperación económica registra datos de franco beneficio para las empresas y el sistema financiero, también debería favorecer el empleo y los salarios. La austeridad, tal vez inevitable en momentos de crisis, ha de ser sustituida por la restitución de derechos y condiciones laborales existentes antes de su estallido.

Se ha de recuperar el trabajo estable y la remuneración acorde con la productividad y los beneficios empresariales. Las medidas excepcionales adoptadas durante la última crisis financiera deberán ser anuladas cuando esta finaliza y comienza un ciclo de expansión y crecimiento.

Una economía es sólida cuando el trabajo que genera es igualmente sólido y estable, sin descansar en una volatilidad laboral que castiga al trabajador innecesariamente para reducir costes. Si el mercado laboral no corrige sus desequilibrios, será necesario regularlo para evitar abusos y atropellos de los derechos de los trabajadores. Ya es hora de recuperar un trabajo y un salario dignos para que la recuperación alcance a todos.

7) Un futuro para los jóvenes. Que exista un porvenir de esperanza para quienes ahora se preparan para tomar el relevo a la generación que les precede. Un horizonte para los que se afanan en sus estudios, para los que luchan por un puesto de trabajo, para los que aspiran a emprender un proyecto de vida y ven imposible adquirir una vivienda, convertida en mercancía de especulación antes que en derecho reconocido. Sin renovación generacional no hay sociedad que perdure cohesionada.

Por eso hay que asegurar el día de mañana de los jóvenes, de confiar en sus capacidades y de facilitarles la consecución de sus sueños e ilusiones. Que todos nuestros esfuerzos se concentren en dejarles un mundo mejor, una España que les motive a formarse y aportar su contribución imprescindible cuando les corresponda. Hay que ofrecer un futuro prometedor y sin nubarrones a nuestra juventud.

8) Una sanidad y una educación públicas. Que no solo sirvan para redistribuir la riqueza nacional, sino para extender la igualdad de oportunidades a toda la población y como palancas de mejora social y equidad. Una sanidad accesible a todos los ciudadanos que los ayude a recuperar la salud en tiempo y forma, y una educación que alimente el afán de conocimientos y los estudios académicos de quien tiene disposición de formarse, aunque no disponga de medios o recursos. Que ni la salud ni la educación sean obstáculos para el desarrollo integral de las personas, independientemente de donde vivan o de cualquier otra condición, sino simplemente por ser españoles.

9) Una vejez confortable. Es lo menos que se le puede desear a nuestros mayores cuando ya dejan de ser “activos” para la sociedad. Que dispongan de unas pensiones que garanticen su sustento y necesidades, sin que estén continuamente cuestionadas por la coyuntura económica.

Establecer un sistema público de pensiones que sea estable, equitativo y sostenible para que ningún anciano, independientemente de sus cotizaciones, se sienta desamparado y sin un lugar donde caerse muerto. Pero más allá de lo material, hay que procurar que la senectud esté reconocida como estadio de la experiencia, de la autoridad, de la madurez.

Que la vejez no sea equivalente de inutilidad o decrepitud, sino referencia útil y serena para los “activos” de la comunidad, empezando por la familia, libres ya de la fogosidad impaciente de la juventud. Que nuestros viejos disfruten de una tercera edad confortable, sin exclusión social y con aprecio de lo que dieron y de lo que todavía pueden aportar con sus consejos, colaboración, conocimientos y larga experiencia. Tengámoslos en cuenta y no los arrinconemos en asilos que asemejan trasteros humanos.

10) Barrer la corrupción de la actividad política y económica. Que las prácticas corruptas sean lacras de tiempos pretéritos y de políticos expulsados de todos los partidos e instituciones. Que la transparencia y los controles impidan cualquier tentación de engaño y fraude, y que la mera sospecha de ilegalidad, irregularidad o corrupción acarree el descrédito y la condena de cualquier tramposo en cualesquiera actividad que desenvuelva. Que ningún enriquecimiento ilícito vuelva a ser tolerado ni percibido como virtud por la sociedad. Y que el nuevo año sea el tiempo de los honrados y decentes en todos los aspectos de la vida.

11) Que los ultras caigan en la insignificancia. Sean de derechas o izquierdas, por ser residuales y patéticos con sus idearios sectarios, racistas, misóginos, supremacistas, antidemocráticos y reaccionarios. Que su misma radicalidad los condene a no alcanzar nunca gobiernos e instituciones desde donde propagar sus mensajes de odio y de retroceso en derechos y libertades.

Y que carezcan de influencia sobre el miedo e inseguridades de la gente, que no tengan capacidad de manipularlas para conseguir sus fines retrógrados. Que existan como rémoras de un peligro que acecha nuestra democracia y convivencia y que nos obliga a mantener una alerta constante para defenderlas cada vez que votamos.

12) Una cultura de emancipación. No de sumisión y pensamiento único; una cultura que contribuya a ampliar miras, expandir horizontes, abrir cerebros, crear criterio propio, romper ligaduras que atan a lo establecido, a lo tradicional, a los convencionalismos, y que dé alas a la creación artística y a la libertad de pensamiento.

Una cultura de emancipación del ser humano que lo aleje del consumismo y de la sociedad del espectáculo que imperan en la actualidad en cualquier manifestación, ya sea política, religiosa, cultural, deportiva o social. Una cultura no sometida a las leyes del mercado, pero sí estrechamente ligada a las necesidades espirituales de las personas y a su afán por descubrir lo ignoto, lo prohibido, lo inimaginado de la realidad.

Estas son las propuestas utópicas para un 2019 que nos impele a soñar.

DANIEL GUERRERO

domingo, 15 de abril de 2018

  • 15.4.18
En España aún no hemos superado la fiebre de la “titulitis”, ese afán por cursar estudios universitarios que enriquezcan la formación y permitan mayores posibilidades de hallar un empleo que nos libere de las condiciones de origen. Durante décadas, familias humildes no dudaron en hacer grandes sacrificios para que algún hijo, uno al menos, tuviera estudios con los que escapar del destino de privaciones y estrecheces al que, como las generaciones precedentes, estaría predestinado.



Con la llegada del desarrollo –económico, porque el político tardaría más– los padres hicieron lo imposible para que los hijos vivieran mejor que ellos y aspiraran a un futuro halagüeño que, gracias a una carrera universitaria, era factible.

Aquella situación, no obstante, ha evolucionado mucho, y no siempre para mejor. La obligatoriedad de la enseñanza y la posibilidad de becas han abarrotado las universidades. Hasta tal punto se multiplicó el número de graduados que disponer de un título universitario no garantiza, hoy por hoy, la obtención de un empleo, por saturación de la oferta.

En la actualidad, muchos titulados soportan una situación de desempleo durante años o desempeñan un trabajo que no requiere los conocimientos adquiridos en una universidad. O, peor aún, hay universitarios que consiguen ejercer su profesión, poniendo en práctica sus conocimientos y formación, pero bajo contratos como becarios o remunerados en categorías inferiores a las que les correspondería por el trabajo que realmente desarrollan.

La verdad es que no existe una fórmula mágica que señale el camino más seguro para conseguir un empleo. Un título no es un cheque al portador para trabajar, ni la falta de esa cartulina certificada por una universidad impide trabajar si la formación, la capacidad intelectual y la experiencia de la persona se adecuan al trabajo buscado.

Claro que, también, todo depende de lo qué queremos ser en la vida. Para ser médico, arquitecto o químico, por ejemplo, es obligatorio cursar los correspondientes estudios y obtener el título que faculta al titular como tal. Ese título, empero, no será suficiente para garantizar el trabajo en lo que se ha estudiado, pero es imprescindible para acceder al mercado laboral y profesional con posibilidades de desarrollar la carrera elegida.

Estudiar es, en cualquier caso, la vía idónea para materializar unas legítimas aspiraciones, desarrollar al máximo las capacidades y habilidades que se tienen y, en función de las convicciones y valores que nos orientan, enfrentarse a un mundo en el cual, en caso contrario, nos hallaríamos a merced de una ignorancia que nos hace vulnerables a la manipulación y la instrumentalización de cualquier poder social, económico, político, religioso o cultural, y que seríamos incapaces de cuestionar o tan siquiera detectar. Este tipo de titulitis es, simplemente, afán de superación, y es aconsejable.

Cosa distinta son los que se empeñan en obtener títulos académicos con la pretensión de elevarse sobre los demás y vanagloriarse de un supuesto estatus social que los distingue de los que no tienen tales titulaciones. Se trata de una “titulitis” que afecta a aquellos que se creen superiores y supuestamente mejor preparados por poseer una titulación de la que carecen los de su entorno laboral o familiar, aunque ocupen puestos o ejerzan funciones de mayor responsabilidad que ellos con sus diplomas.

Se les distingue porque suelen dictar sentencias del estilo: “no sé cómo ha llegado hasta ahí si sólo es…” (completar con la formación del criticado). Y son los mismos que piensan que un máster, por ejemplo, certifica que eres más listo o capacitado que el que no lo posee.

Posiblemente, una actitud semejante es lo que ha empujado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a protagonizar un escándalo que pone en entredicho su credibilidad a cuenta de un máster. Nadie entiende cómo una persona con su trayectoria y responsabilidad pone en riesgo su carrera política por un asunto motivado más por la vanidad que le proporciona la “titulitis” que por el supuesto enriquecimiento que puede aportarle a su currículo académico.

Una actitud favorecida, además, por esa sensación de impunidad que sobrevuela a las altas esferas para desafiar las normas, los procedimientos y hasta las leyes, gracias a una maraña de relaciones, favores y clientelismo en la que están inmersas las élites de este país.

La señora Cifuentes ha cometido, por lo que parece, irregularidades muy graves por añadir a su formación de licenciada en Derecho la realización de un máster que no ha cursado en realidad. La investigación periodística de dos medios de comunicación ha revelado múltiples irregularidades y falsificaciones en los datos aportados por la presidenta de Madrid para avalar que realmente cursó unos estudios de posgrado, que exigen 600 horas presenciales.

Según revelan los medios y se confirma después, se formalizó la matrícula fuera de plazo (tres meses después de iniciado el curso); el acta de notas de dos asignaturas fue alterada para reemplazar sendos “no presentado” por la calificación de “notable”; dos profesoras afirman que sus firmas han sido falsificadas en un acta que ellas no han firmado; el director del máster reconoce públicamente haber “reconstruido” el acta a instancias del rector; y, finalmente, que no aparece, ni en la Universidad ni en la casa de tan destacada alumna, el trabajo fin de máster (TFM) que debía realizarse para poder aprobarlo.

Como colofón, ninguno de quienes fueron compañeros de clase de Cristina Cifuentes recuerda haberla visto por las aulas ni asistir a los exámenes. En resumidas cuentas, un asunto, más que feo, sintomático de esa patología de la “titulitis” que todavía afecta a personas que no precisan adornar con un título adicional su competencia profesional. O eso creíamos.

Porque la presidenta Cifuentes, empeñada en defenderse a costa de socavar el prestigio de la universidad y la dignidad de las instituciones, supuestamente cursó ese máster de Derecho Público del Estado Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, entre 2011 y 2012. Entre tanto, era nombrada delegada del Gobierno en la Comunidad madrileña y, tres años más tarde, en 2015, presidenta del Gobierno de esa Comunidad Autónoma.

Para ninguno de esos cargos públicos necesitaba el máster en cuestión, a menos que estuviera preparando con antelación visionaria su currículo para cuando accediera al Gobierno de la Comunidad. No era requisito para su ascenso.

Y menos aún cuando, tras los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto el Gobierno madrileño y los que afectan a otros dirigentes de su partido, Cristina Cifuentes ha pretendido representar la regeneración, la transparencia y la honestidad en una Comunidad que ha visto a una expresidenta dimitir por rodearse de corruptos, y a un expresidente, varios exconsejeros y diversos alcaldes ir a la cárcel por delitos de corrupción. Y que por todo ello, los ciudadanos retiran progresivamente su apoyo al PP, el partido al que pertenece la señora Cifuentes.

De ahí que negar la mayor, pillada en falta, haya sido su primera y errónea reacción. No la han cogido robando, malversando fondos o traficando con contrataciones públicas a cambio de financiación ilegal o sobornos, pero ha sido sorprendida participado de ese hábito corrupto de obtener acreditaciones académicas con amaños y chanchullos.

Dejada llevar por la titulitis, no se ha comportado con la honradez y la honestidad que exigía a los demás y de las que pretendía ser ejemplo en política. Ha sido pillada en sus propias contradicciones e hipocresías. Algo muy feo y que le pesará, por culpa de la titulitis patológica que padece.

DANIEL GUERRERO

domingo, 8 de abril de 2018

  • 8.4.18
Al contrario que Cristina Cifuentes, yo me tuve que matricular en el plazo convenido, ir a clases, tomar apuntes, realizar trabajos, asistir a tutorías y presentarme a los exámenes de las asignaturas para poder obtener la licenciatura de Periodismo por la Universidad de Sevilla. Y, al igual que la señora Cifuentes, entonces delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, yo también tenía otras obligaciones, trabajaba en la Sanidad pública y tenía una familia a mi cargo.



Pero ninguna de esas circunstancias personales, al contrario que a ella, me eximieron de acudir a clases ni de los exámenes. ¿Por qué a ella le dieron tantas facilidades, ocupando un cargo político, para obtener un título y a cualquier estudiante sin renombre, mi caso por ejemplo, le exigen seguir todos los procedimientos establecidos, sin excepción?

Ahora, ante las irregularidades del máster que dice haber cursado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Cristina Cifuentes admite que se matriculó tres meses más tarde de que empezara el curso, que no asistió a las clases y no hizo los exámenes porque se acogió a un tratamiento que le conceden, con “cierta frecuencia” a los alumnos de posgrado que trabajan o tienen especiales circunstancias o responsabilidades.

Sin embargo, a mí no me ofrecieron ningún trato especial o distinto, reuniendo, como ella, circunstancias personales un tanto excepcionales a las del resto de alumnos, salvo unas relaciones con los profesores menos estereotipadas, con algunos hasta amistosas, por aquello de las canas. Por lo que parece, a ella le regalaron el título. A mí no, a mí me lo hicieron sudar y me siento orgulloso de ello. Es la diferencia entre los amaños y el mérito.

DANIEL GUERRERO

domingo, 1 de abril de 2018

  • 1.4.18
Los autores protagonistas de la rebelión independentista catalana han vivido estos días una auténtica Semana de Pasión al soportar en sus carnes todo el peso de la ley. Una semana que comenzó el pasado Viernes de Dolores, cuando el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, acordó prisión incondicional para Jordi Turull, candidato, en plan C, a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña (el plan A era Puigdemont y el B, Jordi Sánchez), Carmen Forcadell, expresidenta del Parlament, y los exconsellers Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.



Sólo faltó Marta Rovira, que también estaba citada a esa “vistilla” de medidas cautelares ante el juez, pero prefirió huir a Suiza antes que correr la suerte de sus compañeros independentistas, a los que dejó en la estacada, perjudicando su situación, ya que demostró que el riesgo de fuga era patente.

Con éstos ya son nueve los independentistas encarcelados, todos ellos miembros de la cúpula de dirigentes que violentaron la legalidad, utilizaron las instituciones autonómicas de manera espuria, agitaron las calles y dividieron dramáticamente a la ciudadanía catalana con intención expresa de proclamar una república independiente en Cataluña, el romántico sueño nacionalista estrellado contra la realidad.

Aunque todos ellos eran conscientes de a lo que se enfrentaban al impulsar un pulso al Estado de Derecho y optar por la franca desobediencia a la Constitución y el Estatuto catalán, delitos calificados como muy graves en el Código Penal, la verdad es que, desde el punto de vista empático y político (tienen familia y son representantes de un porcentaje elevado, aunque no mayoritario, de la sociedad catalana que les votó), la contundencia de la respuesta judicial parece extremadamente dura.

Tal vez es lo que merezcan por la tozudez de su desafío a la legalidad de este país, su insistencia en violentar leyes y normas para alcanzar sus objetivos separatistas y por empeñar sus trayectorias políticas y el prestigio y la estabilidad de Cataluña a la obsesión independentista a cualquier precio.

Pero viéndolos despedirse de sus familiares antes de entrar en el Tribunal Supremo con caras de aflicción, mirándolos como dice Fernando Aramburu que le enseñó Albert Camus, amando al hombre por encima de la idea y amando la cara del hombre por encima del hombre, no deja uno de compadecerlos.

Además, esa sensación de obstrucción que innecesariamente se transmite hacia una aspiración política legítima que echa a las calles a cientos de miles de seguidores, unido al citado componente empático, quizá hubiera aconsejado medidas igualmente rigurosas pero menos drásticas de forma cautelar, como podrían ser fianzas elevadas y la inhabilitación política, mientras se rubrica la sentencia definitiva.

Claro que también se echan en falta en todo este asunto medidas políticas mucho más contundentes, con sus reuniones, diálogos, acuerdos y pactos, tendentes a buscar una salida a un conflicto político de enorme envergadura que viene de antiguo, y al que, me temo, solo con actuaciones judiciales no se solventará jamás.

En cualquier caso, y sea como fuere, ya está toda la cúpula del llamado procés viviendo su Semana de Pasión bien en la cárcel, bien en libertad bajo fianza o libres provisionalmente sin fianza, o, incluso, como prófugos de la justicia española en diversos países de Europa, donde creen estar a salvo.

Los últimos encarcelados por el juez Llarena comparten ya barrotes con sus compañeros Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, Joaquim Forn, exconsejero de Interior, y los líderes de las organizaciones ultranacionalistas ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, todos ellos a recaudo, desde noviembre pasado, entre rejas.

Otros disfrutan de libertad provisional con o sin fianza. Y todos conocen ya los motivos de su procesamiento, los delitos de los que se les acusa y las pruebas periciales en las que se basa el juez para considerar sus delitos como muy graves, tanto como para que la mitad de los encausados esté en la cárcel.

Se confirma, así, que el peso de la Justicia, de aplicación lenta pero inexorable, acaba alcanzando a quienes optan por ignorar las leyes y creen gozar de impunidad para escapar de su influjo, amparados en su condición de electos y aprovechando, como dice el juez en su auto, las facultades políticas de gobierno de la Generalitat.

Por ello, acusa de rebelión a los cabecillas que dirigían la Generalitat al pretender, mediante un meticuloso plan secesionista, que el Estado de Derecho se rindiera a su determinación por conseguir la creación de una hipotética república catalana. Otros dirigentes, gracias al selectivo bisturí judicial, no están procesados, entre ellos Artur Mas, el predecesor de Puigdemont en la presidencia del Govern, y Marta Pascual y Neus Lloveras, exparlamentarias catalanas.

Pero a quien le ha llegado la hora de sufrir un particular calvario es, precisamente, al expresidente Puigdemont, el primer fugado a Bélgica, país que no concede extradiciones por este tipo de delitos y en el que, durante casi cinco meses, podía sentirse seguro para intentar “internacionalizar” el conflicto, dando ruedas de prensa e impartiendo charlas casi a diario.

En un supuesto exceso de confianza, cometió un fallo: se desplazó a Finlandia para participar en uno de sus habituales coloquios propagandísticos, circunstancia que aprovechó el juez para activar las órdenes de detención y entrega internacional.

De forma presurosa, fue apresado en Alemania tras cruzar la frontera de Dinamarca en su intento de llegar a Bélgica por carretera procedente de Finlandia. Cabe la posibilidad de que el hecho fuera provocado adrede por el propio Puigdemont (podía haber regresado en avión en vez de por carretera) para meter presión a las autoridades españolas en esta Semana de Pasión para el independentismo catalán, incapaz desde el elecciones de diciembre de ponerse de acuerdo para nombrar un candidato que resulte elegido, conforme a la ley, presidente de la Generalitat de Cataluña.

Por lo que sea, ha caído el máximo responsable de lo que es considerado un golpe de Estado, por su voluntad de subvertir la legalidad vigente por la fuerza de los hechos consumados y la violencia, aunque esta última sólo se haya ejercido de forma incipiente con manifestaciones callejeras, cortes de carreteras y cerco a las instituciones del Estado en Cataluña.

Es por ello que para Carles Puigdemont, quien ha intentado mantener viva la resistencia y asumir como símbolo la lucha por la independencia, será todo un calvario reconocer que ha sido derrotado, que el procés que lideró ha sido descabezado y que la necesidad de recuperar los resortes del poder en Cataluña para ponerlos a disposición de la “causa” soberanista será ahora mucho más difícil de conseguir.

Y lo que es más doloroso, que su destino, como el de los demás delincuentes de esta aventura, será aquel del que renegó cuando salió huyendo un 30 de octubre a Bélgica tras proclamar de manera unilateral la independencia de Cataluña para enseguida dejarla en suspenso, y desde donde no tuvo empacho en reconocer que, entre ser presidiario y presidente, prefería ser presidente. Ahora le toca el calvario de ser presidario.

La historia, es evidente, no ha acabado y surgirán nuevos y numerosos capítulos con los que se intentarán nuevos giros a la trama. Pero el final es previsible: solo desde el acatamiento a la legalidad y el respeto a la Constitución se podrá recuperar la normalidad en el Gobierno catalán. De lo contrario, queda artículo 155 para rato y convocatoria de nuevas elecciones. Y vuelta a empezar.

DANIEL GUERRERO

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