El Tribunal Supremo ha archivado las diligencias contra el alcalde de Tomares, el popular José Luis Sanz que estaba siendo investigado por las supuestas irregularidades en unos contratos municipales.
Sin embargo la Sala II, donde había sido remitido el caso por tratarse de un senador, no aprecia indicios relevantes de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la conducta de José Luis Sanz Ruiz, por lo que archiva su caso y devuelve las diligencias al Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, que le elevó una exposición razonada sobre este.
El Supremo sostiene en el auto que acaba de conocerse que no se han concretado las imputaciones y que no es el alcalde el que firmaba las facturas de los contratos, sino que fueron firmadas por dos concejales y visadas por el interventor. «La conducta de José luis Sanz no es susceptible de subsumirse en el delito de prevaricación ni tampoco en el de malversación de caudales públicos», dice el alto tribunal.
Además insiste en que para que fuera prevaricación se exigiría primero una conducta dictada por funcionario público y segundo que esta fuera contraria a derechos, es decir ilegal.
Además el Supremo recalca que no hay indicios de que los contratos que se estaban investigando en el juzgado de instrucción número 8 de Sevilla fueran ilegales. Igualmente al Supremo tampoco le consta que Sanz firmará las facturas ni tuviera constancia de que se estuviera pagando por trabajos no realizados.
«No existen indicios de que estemos ante una resolución arbitraria», dice el Supremo que ahora remitirá su resolución al juzgado de Sevilla que deberá archivar las actuaciones con respecto al alcalde y decidir sobre las conductas del resto de investigados no aforados. Algo que parece probable después de que el Tribunal Supremo haya defendido la legalidad de los contratos del Ayuntamiento de Tomares. Esto supone un espaldarazo para Sanz, que es candidato a la reelección como alcalde.
Sin embargo la Sala II, donde había sido remitido el caso por tratarse de un senador, no aprecia indicios relevantes de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la conducta de José Luis Sanz Ruiz, por lo que archiva su caso y devuelve las diligencias al Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, que le elevó una exposición razonada sobre este.
El Supremo sostiene en el auto que acaba de conocerse que no se han concretado las imputaciones y que no es el alcalde el que firmaba las facturas de los contratos, sino que fueron firmadas por dos concejales y visadas por el interventor. «La conducta de José luis Sanz no es susceptible de subsumirse en el delito de prevaricación ni tampoco en el de malversación de caudales públicos», dice el alto tribunal.
Además insiste en que para que fuera prevaricación se exigiría primero una conducta dictada por funcionario público y segundo que esta fuera contraria a derechos, es decir ilegal.
Además el Supremo recalca que no hay indicios de que los contratos que se estaban investigando en el juzgado de instrucción número 8 de Sevilla fueran ilegales. Igualmente al Supremo tampoco le consta que Sanz firmará las facturas ni tuviera constancia de que se estuviera pagando por trabajos no realizados.
«No existen indicios de que estemos ante una resolución arbitraria», dice el Supremo que ahora remitirá su resolución al juzgado de Sevilla que deberá archivar las actuaciones con respecto al alcalde y decidir sobre las conductas del resto de investigados no aforados. Algo que parece probable después de que el Tribunal Supremo haya defendido la legalidad de los contratos del Ayuntamiento de Tomares. Esto supone un espaldarazo para Sanz, que es candidato a la reelección como alcalde.
TOMARES DIGITAL / REDACCIÓN
