El caso Tomares se amplía. El Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla ha remitido varias notificaciones al Ayuntamiento del municipio que dirige el popular José Luis Sanz citando a nuevos imputados y testigos para los próximos días por supuestas irregularidades en la gestión del gobierno local. Entre los acusados, estarían el actual concejal de Hacienda y su antecesor en el cargo.
La juez instructora, María de los Reyes Flores, ya investiga la contratación de un asesor -el hoy delegado de Medio Ambiente Juan Campos- que cobró 2.000 euros al mes durante dos años por unos informes falsos, pues contenían una sola frase. La instrucción se centra en dos periodos diferentes en los que Campos estuvo contratado como asesor en el Ayuntamiento de Tomares: el primero, entre noviembre de 2007 y octubre de 2008, cuando recibió directamente una retribución municipal; y el segundo, entre enero del 2010 y junio del 2011, cuando fue contratado por la empresa que trabajaba para el consistorio tomareño supervisando las obras del Plan E, Guerra 21.
En esta causa están imputados el propio Campos; el concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la concejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez (PP); el vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares y dos representantes de la sociedad limitada Guerra 21.
Las fuentes consultadas explicaron que este nuevo paso en la investigación estaría relacionado con la comisión de un presunto delito de «cohecho» y que sería una pieza derivada de la instrucción inicial.
A este respecto, el portavoz del PA en el Ayuntamiento de Tomares, Alberto Mercado, aseguró que tras su comparecencia en sede judicial como imputado -está acusado de supuestas irregularidades en la adjudicación de un gimnasio cuando fue concejal- que el Juzgado de Instrucción número 8 le ha citado en calidad de testigo el próximo 23 de febrero, además de a otros testigos e imputados. El alcalde, por su parte, está a la espera de que el Tribunal Supremo decida si investiga su presunta participación en el caso Tomares.
La juez instructora, María de los Reyes Flores, ya investiga la contratación de un asesor -el hoy delegado de Medio Ambiente Juan Campos- que cobró 2.000 euros al mes durante dos años por unos informes falsos, pues contenían una sola frase. La instrucción se centra en dos periodos diferentes en los que Campos estuvo contratado como asesor en el Ayuntamiento de Tomares: el primero, entre noviembre de 2007 y octubre de 2008, cuando recibió directamente una retribución municipal; y el segundo, entre enero del 2010 y junio del 2011, cuando fue contratado por la empresa que trabajaba para el consistorio tomareño supervisando las obras del Plan E, Guerra 21.
En esta causa están imputados el propio Campos; el concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la concejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez (PP); el vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares y dos representantes de la sociedad limitada Guerra 21.
Las fuentes consultadas explicaron que este nuevo paso en la investigación estaría relacionado con la comisión de un presunto delito de «cohecho» y que sería una pieza derivada de la instrucción inicial.
A este respecto, el portavoz del PA en el Ayuntamiento de Tomares, Alberto Mercado, aseguró que tras su comparecencia en sede judicial como imputado -está acusado de supuestas irregularidades en la adjudicación de un gimnasio cuando fue concejal- que el Juzgado de Instrucción número 8 le ha citado en calidad de testigo el próximo 23 de febrero, además de a otros testigos e imputados. El alcalde, por su parte, está a la espera de que el Tribunal Supremo decida si investiga su presunta participación en el caso Tomares.
TOMARES DIGITAL / REDACCIÓN
