La juez del caso Tomares, Reyes de Flores, imputa al concejal Juan Carlos Campos la creación de los informes ficticios para justificar su propia labor como asesor de obras del Ayuntamiento. Esta supuesta manipulación demuestra que el contrato firmado por Campos y el alcalde y senador del PP, José Luis Sanz, no tenía justificación alguna y ésta se fabricó a posteriori.
“Los informes aportados por Campos ponen claramente de manifiesto que han sido elaborados en 2013 [pese a que correspondían a trabajos de 2007 y 2008] con el fin de intentar justificar el cobro de las facturas”, zanja la juez. Sanz contrató a Campos, antes de convertirse en edil de Medio Ambiente, como asesor de obras, pero para unos trabajos sin respaldo documental por los que percibió 52.454 euros.
Esta conclusión ha sido ratificada durante la instrucción por la Policía Científica, que acreditó el supuesto montaje elaborado en 2013 tras analizar dos ordenadores, pero también por el testigo clave del caso, el técnico municipal Juan David Bretones: “Campos me dijo que tenía que hacer los informes que justificasen las facturas (...) no llegué a entregarlos y me dijo que así lo dejaba con el culo al aire (...) iban a derivar despidos masivos”, le amenazó supuestamente el concejal al técnico municipal.
El testimonio que desbarata la creación de los informes a posteriori está rubricado por otros tres trabajadores y un edil. El exconcejal Faustino Rodríguez (PP) y el técnico auxiliar que trabajó para Campos, Hueso González, así como una funcionaria auxiliar y la secretaria del alcalde. Todos ellos confirmaron la inexistencia de los informes de Campos. Sin embargo, el único que ha denunciado ante la juez sufrir “un auténtico acoso laboral” ha sido Bretones. Ayer se limitó a añadir: “Mi verdad es la verdad”. Y la magistrada destaca en su auto cómo las diligencias policiales apoyan sus tesis sobre lo sucedido.
El principal escollo que debe salvar la defensa de José Luis Sanz, si el Supremo avala su imputación, es “el contrato menor” que firmó con Campos en octubre de 2007 para el periodo de un año. De manera paradójica, la aprobación del gasto se firmó siete meses después del contrato. Es decir, Sanz y el entonces asesor de obras firmaron el contrato sin el visto bueno y amparo legal del interventor y el secretario, y medio año más tarde se propuso su contratación y la aprobación del gasto, con un límite de 18.000 euros.
La juez subraya esta frontera de gasto público, ignorado por amplio margen, ya que durante el periodo del contrato, Campos percibió 24.525 euros y la suma ascendió a 52.454 euros como el total abonado por el Ayuntamiento al concejal. “No se ofrece explicación alguna al respecto por los firmantes de dicho documento”, subraya la juez. Estos firmantes fueron el alcalde [que no ha declarado al ser aforado], el concejal de Presidencia, Eloy Carmona, y el interventor Alfonso Barrios. Tanto Sanz como Carmona han rehusado ofrecer explicaciones sobre el escándalo.
Tras analizar todas las declaraciones de testigos e imputados, la magistrada concluye que solo consta que el concejal fuera al Ayuntamiento, pero no que trabajara pese a que percibía 2.000 euros al mes. “Sin poder verificarse que realizase trabajo efectivo alguno ni emitiese informes, el examen de las sucesivas facturas aportadas contradice lo que el propio Campos declara y sostiene”. La resolución de la juez implica la imputación por malversación y prevaricación de los ediles Campos, Carmona y Fuentes, además de señalar a Sanz, al que deja en manos del Supremo.
Sin embargo, las sombras y problemas judiciales del equipo de gobierno de Sanz no acaban ahí. La misma juez De Flores valoró en noviembre los gastos aportados por Carmona al Ayuntamiento en “restauración, centros comerciales, supermercados y conceptos cuya adecuación y cargo al presupuesto municipal pudiera aparecer como dudosa o discutible”. La instructora analizó los gastos con motivo de una querella, no para determinar su legalidad, de ahí que no entrara el fondo del asunto.
“Los informes aportados por Campos ponen claramente de manifiesto que han sido elaborados en 2013 [pese a que correspondían a trabajos de 2007 y 2008] con el fin de intentar justificar el cobro de las facturas”, zanja la juez. Sanz contrató a Campos, antes de convertirse en edil de Medio Ambiente, como asesor de obras, pero para unos trabajos sin respaldo documental por los que percibió 52.454 euros.
Esta conclusión ha sido ratificada durante la instrucción por la Policía Científica, que acreditó el supuesto montaje elaborado en 2013 tras analizar dos ordenadores, pero también por el testigo clave del caso, el técnico municipal Juan David Bretones: “Campos me dijo que tenía que hacer los informes que justificasen las facturas (...) no llegué a entregarlos y me dijo que así lo dejaba con el culo al aire (...) iban a derivar despidos masivos”, le amenazó supuestamente el concejal al técnico municipal.
El testimonio que desbarata la creación de los informes a posteriori está rubricado por otros tres trabajadores y un edil. El exconcejal Faustino Rodríguez (PP) y el técnico auxiliar que trabajó para Campos, Hueso González, así como una funcionaria auxiliar y la secretaria del alcalde. Todos ellos confirmaron la inexistencia de los informes de Campos. Sin embargo, el único que ha denunciado ante la juez sufrir “un auténtico acoso laboral” ha sido Bretones. Ayer se limitó a añadir: “Mi verdad es la verdad”. Y la magistrada destaca en su auto cómo las diligencias policiales apoyan sus tesis sobre lo sucedido.
El principal escollo que debe salvar la defensa de José Luis Sanz, si el Supremo avala su imputación, es “el contrato menor” que firmó con Campos en octubre de 2007 para el periodo de un año. De manera paradójica, la aprobación del gasto se firmó siete meses después del contrato. Es decir, Sanz y el entonces asesor de obras firmaron el contrato sin el visto bueno y amparo legal del interventor y el secretario, y medio año más tarde se propuso su contratación y la aprobación del gasto, con un límite de 18.000 euros.
La juez subraya esta frontera de gasto público, ignorado por amplio margen, ya que durante el periodo del contrato, Campos percibió 24.525 euros y la suma ascendió a 52.454 euros como el total abonado por el Ayuntamiento al concejal. “No se ofrece explicación alguna al respecto por los firmantes de dicho documento”, subraya la juez. Estos firmantes fueron el alcalde [que no ha declarado al ser aforado], el concejal de Presidencia, Eloy Carmona, y el interventor Alfonso Barrios. Tanto Sanz como Carmona han rehusado ofrecer explicaciones sobre el escándalo.
Tras analizar todas las declaraciones de testigos e imputados, la magistrada concluye que solo consta que el concejal fuera al Ayuntamiento, pero no que trabajara pese a que percibía 2.000 euros al mes. “Sin poder verificarse que realizase trabajo efectivo alguno ni emitiese informes, el examen de las sucesivas facturas aportadas contradice lo que el propio Campos declara y sostiene”. La resolución de la juez implica la imputación por malversación y prevaricación de los ediles Campos, Carmona y Fuentes, además de señalar a Sanz, al que deja en manos del Supremo.
Sin embargo, las sombras y problemas judiciales del equipo de gobierno de Sanz no acaban ahí. La misma juez De Flores valoró en noviembre los gastos aportados por Carmona al Ayuntamiento en “restauración, centros comerciales, supermercados y conceptos cuya adecuación y cargo al presupuesto municipal pudiera aparecer como dudosa o discutible”. La instructora analizó los gastos con motivo de una querella, no para determinar su legalidad, de ahí que no entrara el fondo del asunto.
TOMARES DIGITAL / REDACCIÓN
