La portavoz socialista del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), Cristina Pérez, ha alertado de la posibilidad de que el Consistorio no cumpla los plazos para sumarse al plan promovido por la Diputación, para financiar proyectos municipales a través de los 39,3 millones de euros procedentes de la liquidación del ejercicio presupuestario 2012.
Avisa de que la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez, ha dado por cerrada la comisión informativa celebrada a tal efecto "sin informar de los detalles, en un claro ejercicio de soberbia y prepotencia". La portavoz municipal de IU, Valme Sánchez, se ha sumado a esta crítica en el mismo sentido.
En el primer turno de palabra de esta comisión, según el PSOE, los partidos políticos manifestaron la duda de la legitimidad del proceso que desarrolla como presidenta de la comisión una concejal de Urbanismo imputada en la investigación del contrato gracias al cual el concejal del PP Juan Campos cobró retribuciones en el pasado mandato, cuando aún no era edil. La manifestación de este escenario en el primer tuno de palabra habría provocado que la presidenta "haya suspendido la comisión y la haya dado por finalizada".
Una situación que, en palabras de Cristina Pérez Gálvez, "puede poner en peligro la ejecución de estos fondos, pues el Ayuntamiento ha apurado los plazos y ahora es necesaria una nueva comisión informativa antes del pleno en el que hay que aprobar el destino propuesto". Una situación "en la que la prepotencia y la soberbia de una concejala imputada en un caso lamentable, abre un escenario en el que resulta posible, primero, la pérdida de este Plan Supera, y segundo, la impugnación de su distribución. Ésta es la consecuencia directa de un Gobierno que actúa de espaldas a los ciudadanos y de un alcalde que sostiene en su equipo a una serie de señores imputados en un caso de extrema gravedad quién sabe por qué motivo".
Valme Sánchez, de su lado, recuerda a la concejal su situación de imputada: "No se entiende como el alcalde deja que usted presida esta Comisión estando imputada por malversación de fondos públicos". La concejal de IU-CA lamenta que la sesión fuese levantada por "montar en cólera" la edil de Urbanismo, extremo que "pone en grave riesgo el destino de esas inversiones tan necesarias para Tomares, pues es preceptivo que se aprueben en la comisión informativa las propuestas para su ejecución".
Situación "insostenible"
Por su parte, el portavoz del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Tomares, Alberto Mercado califica de “insostenible” la situación del gobierno de Tomares al mantener a los imputados. Mercado entiende que “la remodelación llevada a cabo por José Luis Sanz en su equipo de Gobierno es muy cobarde" ya que "el alcalde debería haber cesado a los concejales imputados en las competencias atribuidas, pues si bien ha delegado competencias sin recursos económicos en el imputado Juan Campos, sí mantiene fondos económicos en las áreas de aquellos que ayudaron a defraudar dinero público en los años de los informes falsos".
Mercado ha destacado que “la situación se está volviendo insostenible en el Ayuntamiento de Tomares. Nadie confía en los imputados, los documentos se están quedando encima de la mesa, y los propios concejales pierden los papeles siempre que se les recuerda su condición procesal”.
Avisa de que la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez, ha dado por cerrada la comisión informativa celebrada a tal efecto "sin informar de los detalles, en un claro ejercicio de soberbia y prepotencia". La portavoz municipal de IU, Valme Sánchez, se ha sumado a esta crítica en el mismo sentido.
En el primer turno de palabra de esta comisión, según el PSOE, los partidos políticos manifestaron la duda de la legitimidad del proceso que desarrolla como presidenta de la comisión una concejal de Urbanismo imputada en la investigación del contrato gracias al cual el concejal del PP Juan Campos cobró retribuciones en el pasado mandato, cuando aún no era edil. La manifestación de este escenario en el primer tuno de palabra habría provocado que la presidenta "haya suspendido la comisión y la haya dado por finalizada".
Una situación que, en palabras de Cristina Pérez Gálvez, "puede poner en peligro la ejecución de estos fondos, pues el Ayuntamiento ha apurado los plazos y ahora es necesaria una nueva comisión informativa antes del pleno en el que hay que aprobar el destino propuesto". Una situación "en la que la prepotencia y la soberbia de una concejala imputada en un caso lamentable, abre un escenario en el que resulta posible, primero, la pérdida de este Plan Supera, y segundo, la impugnación de su distribución. Ésta es la consecuencia directa de un Gobierno que actúa de espaldas a los ciudadanos y de un alcalde que sostiene en su equipo a una serie de señores imputados en un caso de extrema gravedad quién sabe por qué motivo".
Valme Sánchez, de su lado, recuerda a la concejal su situación de imputada: "No se entiende como el alcalde deja que usted presida esta Comisión estando imputada por malversación de fondos públicos". La concejal de IU-CA lamenta que la sesión fuese levantada por "montar en cólera" la edil de Urbanismo, extremo que "pone en grave riesgo el destino de esas inversiones tan necesarias para Tomares, pues es preceptivo que se aprueben en la comisión informativa las propuestas para su ejecución".
Situación "insostenible"
Por su parte, el portavoz del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Tomares, Alberto Mercado califica de “insostenible” la situación del gobierno de Tomares al mantener a los imputados. Mercado entiende que “la remodelación llevada a cabo por José Luis Sanz en su equipo de Gobierno es muy cobarde" ya que "el alcalde debería haber cesado a los concejales imputados en las competencias atribuidas, pues si bien ha delegado competencias sin recursos económicos en el imputado Juan Campos, sí mantiene fondos económicos en las áreas de aquellos que ayudaron a defraudar dinero público en los años de los informes falsos".
Mercado ha destacado que “la situación se está volviendo insostenible en el Ayuntamiento de Tomares. Nadie confía en los imputados, los documentos se están quedando encima de la mesa, y los propios concejales pierden los papeles siempre que se les recuerda su condición procesal”.
MARÍA JOSÉ UFARTE / REDACCIÓN
