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viernes, 21 de marzo de 2014

  • 21.3.14
El concejal de Presidencia en el Ayuntamiento de Tomares, Eloy Carmona, ha sido citado por segunda vez en el juzgado de instrucción número 8 de Sevilla para ampliar la declaración que ya prestó en diciembre por el caso de los informes de una frase, por los que el Consistorio pagó más de 2.000 euros al mes al ahora concejal de Medio Ambiente, Juan Campos, que en el mandato pasado fue en la lista del PP pero no salió elegido edil. Carmona, también número dos del PP en la provincia, tendrá que acudir de nuevo a los juzgados, el jueves, 27 de marzo.

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La juez le ha citado después de que en estos meses haya tomado declaración a varios trabajadores municipales como testigos. También al vicesecretario interventor del Consistorio, Alfonso Barrios, que avaló el contrato que el alcalde José Luis Sanz firmó con Campos en 2007, que lo hizo en calidad de imputado. Además, se ha tomado testimonio a varios empresarios vinculados con la empresa Guerra 21, por la que el edil Campos siguió supervisando después trabajos para el Consistorio.

La nueva declaración de Eloy Carmona coincide con la celebración, el jueves 27 de marzo, del Pleno ordinario en la Diputación Provincial de Sevilla, en la que es el portavoz del PP, con lo que puede que no pueda estar presente en la sesión si su comparecencia se prorroga.

Por el caso, además de Carmoma y el propio Campos, ha sido citada y ha declarado como imputados Mercedes Fuentes, la concejal de Cultura que durante parte del mandato pasado ostentó la delegación de Medio Ambiente. Más recientemente, la juez citó a Pilar Domínguez, la edil de Urbanismo, quien defendió que no tenía relación directa con Campos y que era un jefe de servicio fallecido el que trataba con él cuando se encargó también de supervisar las obras del Plan E en el municipio. Según la edil, había quejas vecinales por las obras, que se redujeron cuando Campos comenzó a hacerles un seguimiento.

Este caso se inició a raíz de la documentación que IU presentó en la Fiscalía. Luego, el edil del PA elevó otro escrito. El Ministerio Público apreció indicios de delito de prevaricación y malversación e interpuso una denuncia.

El gobierno local del PP ha venido defendiendo que no se produjo ninguna actuación irregular en este caso, que el contrato administrativo que se firmó con Juan Campos es legal y contó con el aval de los técnicos. También que los trabajos y los informes de "especial complejidad" por cada uno de los cuales Campos añadía 150 euros a su sueldo base de 975 euros al mes, se realizaron, a pesar de que la oposición lo duda y habla de que se pudieron elaborar a posteriori. El propio Carmona ha incidido en que es una "denuncia política", que terminará archivándose sin consecuencias.

TOMARES DIGITAL / REDACCIÓN

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